El espacio del cambio ha sido siempre coherente y no dejará pasar ninguna oportunidad para que la gente tenga una vida digna y con derechos. Y, al mismo tiempo, va a ser profundamente exigente para asegurar que es la agenda del cambio la que se abre paso definitivamente en nuestro país.
La voluntad política de un Gobierno se evidencia siempre en sus presupuestos. Los Presupuestos Generales del Estado constituyen el momento en que se concretan las promesas de un Gobierno y donde se evidencian las prioridades políticas. Por ello, si el Gobierno del PSOE quiere contar con nuestro apoyo, deberá asumir esta agenda del cambio que no nos pertenece a nosotras y nosotros, sino que representa los grandes consensos y demandas que la ciudadanía de nuestro país ha puesto encima de la mesa todos estos años. Esta es, hoy, nuestra hoja de ruta (página 8, Presupuestos con la gente dentro)
Podemos se siente fuerte y pondrá condiciones exigentes para mantener su apoyo a Pedro Sánchez. Si el presidente del Gobierno socialista quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019 ya sabe lo que tiene que hacer. Al menos en lo que respecta a la formación morada. Se lo dijo Pablo Iglesias el pasado lunes, en un acto en Madrid en el que presentó el documento "Presupuestos con la gente dentro. Democracia es Estado Social".
Y la factura no será sencilla de pagar. Puede que sea por la debilidad del Gobierno o por la necesidad de la formación morada de presentar algo a su parroquia, algo que justifique el voto en las próximas elecciones, en las que la polarización izquierda-derecha puede ser más aguda que nunca. Pero sea cual sea el motivo, lo cierto es que muchos de los puntos que Iglesias y los suyos exigen a Sánchez no serán nada fáciles de cumplir. Quizás el más complicado tiene que ver con el mercado laboral y la derogación de los cambios normativos aprobados en los últimos años.
Podemos quiere acabar con la reforma del PP de 2012 (eso ya se suponía), pero también exige derogar la que aprobó el propio PSOE en 2010-11: es decir, para que Sánchez saque adelante las cuentas del año que viene (algo que se da por hecho que marcará el éxito o fracaso del Gobierno en los próximos meses) España debe retroceder una década en lo que hace referencia al mercado laboral.
Las reformas y las cifras
Entre 2007 y 2012 España vivió el período de destrucción de empleo más acusado de nuestra historia reciente. En muchos indicadores fue incluso peor que el vivido a comienzos de la década de los noventa. Por ejemplo, el número de parados pasó de menos de 2 millones a casi 6 en cinco años (ahora está por debajo de 3,5 millones). Y algo parecido ocurrió con el número de ocupados: de rondar los 21 millones pasamos a apenas 17 millones en ese mismo período de tiempo. Muy pocas veces un país desarrollado ha visto un desplome de esa magnitud en el mercado de trabajo.
Mientras esto sucedía, las instituciones europeas presionaban para que el Gobierno hiciera algo. Prácticamente todos los informes en la materia repetían el mismo mantra: "España tiene uno de los mercados laborales más rígidos de Occidente". Y era verdad. Lo que en nuestro país se defendía como un modelo "garantista" fuera se percibía como una camisa de fuerza que ataba a empresas y trabajadores, y obligaba a hacer todos los ajustes vía destrucción de empleo (sobre todo temporal) porque no había mecanismos de flexibibilidad interna dentro de las empresas. Así que en 2010 el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó una tímida reforma laboral que introducía algo de flexibilidad en el mercado laboral (por ejemplo, reduciendo el coste del despido). Luego, en 2012, fue Fátima Báñez la que dio el siguiente paso, en este caso mucho más ambicioso que el de dos años antes, sobre todo en dos temas clave: la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial-provincial (unido al incremento de facilidades para realizar lo que se conoce como un descuelgue de determinadas cláusulas del convenio de ámbito superior) y clarificando las causas del despido objetivo.
Desde el comienzo esta reforma fue objeto de duros ataques por parte de la izquierda. Tanto el PSOE como Podemos han prometido una y otra vez derogar la reforma de 2012 (a pesar del casi medio millón de puestos de trabajo que cada año crea la economía española desde 2013). Y es cierto que la extrema izquierda agrupada alrededor de Podemos también pedía acabar con la reforma socialista. Incluso, el propio Pedro Sánchez jugueteó con la idea de retocar algunos de los preceptos que su partido aprobó (al menos, aquellos más molestos para las grandes centrales sindicales). Pero no es menos cierto que después de unas primeras semanas en el Gobierno en las que se habló mucho de esa posible doble derogación, aquello parecía haber terminado en un segundo plano. Hasta esta semana. Porque el documento de Podemos es muy claro al respecto. Como hemos visto, comienza avisando al Gobierno de que si quiere su apoyo, "deberá asumir esta agenda". Luego, en los apartados correspondientes al mercado laboral, detalla cuál es esa agenda, que se resume en cuatro puntos.
El primero es "subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros en 2019". Una subida del SMI que, asegura la formación morada "no solo es una cuestión de dignidad y de justicia social. Además, empujará hacia arriba el resto de salarios y, en último término, meterá más dinero en los bolsillos de la gente, impulsando así el consumo, uno de los verdaderos motores de la economía de los Estados avanzados". Dejando a un lado la obsesión de los que se declaran "anti-capitalistas" y "anti-consumismo" por el consumo interno como principal palanca de crecimiento, esta es una medida que no debería ser muy complicado de pactar. Al fin y al cabo, sindicatos y patronal ya han acordado una senda para llevar el SMI a 1.000 euros entre 2018 y 2020. Vamos, que Podemos trata de apuntarse el tanto de una propuesta que en gran medida ya está en marcha.
Además, Podemos pide "acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres" (aunque no propone ninguna medida concreta para lograrlo más allá de "mejorar la transparencia del sistema salarial") y "recuperar el subsidio por desempleo a los 52 años" (ahora está en los 55 años). Son dos temas que probablemente serían más fáciles de negociar: uno porque es poco preciso y el otro porque supone poco gasto. Por eso, lo relevante en este capítulo está en el apartado restante, el de las reformas laborales. Aquí, los de Iglesias son muy claros:
"Las reformas laborales que se han sucedido desde 2010 han hecho de la austeridad ley y deben derogarse. En particular, la reforma laboral del PP, que el PSOE ya se ha comprometido públicamente a derogar. Pero también la de la última etapa de Zapatero, con un Gobierno ya entregado a las políticas de la troika".
Pero, como apuntamos anteriormente, esto no es tan fácil. Para empezar, porque el Gobierno ha hecho bandera del diálogo social, también en esto. Y derogar sin más los cambios de 2010 y 2012 no gustaría nada a la patronal. Para seguir porque una cosa es que Sánchez consiguiera los 176 votos que necesitaba para descabalgar a Rajoy y otra que esos mismos diputados vayan a apoyarle para aprobar una norma que sustituya a ésta: tocar una ley como ésta implica tener una alternativa, la propia Magdalena Valerio reconocía en una entrevista unas semanas después de ser nombrada ministra del ramo que no se puede "derogar alegremente" lo aprobado en 2012.
Y para terminar, porque en Bruselas están encantados con la reforma y con el vuelco que ha dado el mercado laboral español desde su aprobación. En cuanto a cumplimiento de las recomendaciones que llegan desde la capital europea, nuestro país no tiene un récord especialmente positivo (al menos desde la perspectiva de nuestros socios): ni en lo que respecta al déficit ni tampoco en cuanto a reformas estructurales o liberalizaciones hemos hecho demasiado. Pues bien, ¿tocar precisamente una de las pocas cosas que han gustado en Bruselas? ¿Ahora que el crecimiento se ralentiza, lo que amenaza también el cumplimiento del objetivo de déficit? Si Sánchez quiere contentar a su socio prioritario, tendrá otros muchos interlocutores que le exigirán una explicación. La debilidad parlamentaria del presidente no le deja mucho margen de maniobra ni en un sentido ni en otro. También puede ser una apuesta de sus supuestos aliados, para marcar distancia: pedir algo que se sabe imposible para luego poder echar en cara que no se apruebe (en un tema, además, muy sensible para el público de izquierdas). Que se sepa, todavía no hay reacción del Gobierno. Ha sido una semana complicada. Desde luego, éste es otro charco en el que seguramente no querrán meterse, salvo que les obliguen. Claro que también habrá que ver cómo de en serio habla Podemos cuando dice que las propuestas planteadas son un requisito para su respaldo a los PGE. Unas cuentas que no está nada claro que puedan aprobarse con o sin su voto. Pero ése ya es otro tema.