Tanto el Gobierno del PSOE como sus socios de Podemos y el resto de formaciones anticapitalistas ya tienen vía libre para atropellar uno de los derechos más importantes y básicos de todo individuo, la propiedad privada. El Tribunal Constitucional acaba de avalar la expropiación de viviendas vacías por parte de la Administración en caso de que no cumplan una "función social", lo que sirve para justificar todo tipo de abusos por parte del poder político.
En concreto, la sentencia ratifica la mayoría de los artículos de la Ley vasca de Vivienda, entre los que se encuentran los que otorgan capacidad a los poderes públicos de confiscar pisos que lleven más de dos años desocupados en aquellas zonas en las que exista una demanda "contrastada" de vivienda pública. Los únicos límites que fija el Constitucional es que el inmueble en cuestión no sea segunda residencia ni esté vacío por razones laborales, de salud o dependencia. Así pues, tras los numerosos y reiterados intentos por parte de la izquierda de dañar e incluso apropiarse del patrimonio inmobiliario de los españoles, que es donde concentran la mayor parte de su ahorro, ha sido el Constitucional el que ha otorgado luz verde a uno de los mayores ataques que ha sufrido la propiedad privada durante la democracia.
Los Ayuntamientos del cambio, gobernados por Podemos y sus filiales, han intentado penalizar la tenencia de pisos vacíos de múltiples formas en los últimos años con el falaz argumento de que pretenden aumentar la oferta de alquiler, ya sea mediante nuevas y lesivas subidas de impuestos o directamente apostando por la expropiación forzosa a sus legítimos propietarios, pero el éxito cosechado hasta ahora había sido relativo. Tras esta sentencia, sin embargo, tendrán vía libre para desarrollar su querencia por lo ajeno. Y no son los únicos, puesto que el Gobierno de Pedro Sánchez también está barajando incorporar este robo a su próximo plan estatal de vivienda.
Lo más triste de todo es que, posiblemente, la iniciativa en cuestión sea constitucional, dado que la Carta Magna no concibe la propiedad privada como un derecho fundamental del individuo, cuya defensa merece una protección especial y reforzada. Además, por si fuera poco, supedita su uso y disfrute al amplio y difuso concepto de interés general, donde cabe casi todo. Este es, sin duda, uno de los grandes defectos de la Constitución, a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos, donde la propiedad sí es inviolable.
La posibilidad de expropiar pisos vacíos constituye, en primer lugar, un atropello absolutamente ilegítimo desde todos los puntos de vista. Ningún político debería tener potestad para confiscar bienes ajenos, como es el caso de la vivienda, con independencia del uso que le asigne libremente su propietario, esté ocupada o vacía, disponible para el alquiler o simplemente cerrada. Se trata, por tanto, de una simple y mera confiscación, cuya puesta en marcha dispara la inseguridad jurídica, al tiempo que menoscaba el Estado de Derecho y perjudica al conjunto de la economía. Y, por si todo ello fuera poco, no servirá, en ningún caso, para elevar la oferta de alquiler, más bien al contrario. La única forma realmente eficaz de abaratar el alquiler consiste en liberar la construcción de las decenas de miles de viviendas que permanecen bloqueadas a la espera de un permiso urbanístico que nunca llega, al tiempo que se garantiza la seguridad jurídica de los propietarios frente a okupas y morosos. La expropiación, por el contrario, es ilegítima, injusta e ineficaz.