"La fiscalidad la tenemos bien planteada en torno a nuevas figuras fiscales y a una mayor aportación para intentar combatir la desigualdad que nos ha dejado la crisis". Así es cómo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó el pasado jueves las nuevas subidas de impuestos que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez sobre empresas y particulares. La desigualdad es empleada, una vez más, a modo de excusa para justificar políticas confiscatorias e intervencionistas.
El argumento que subyace de fondo en el izquierdismo patrio es simple, pero igualmente falaz. A saber, que los rentas altas se han enriquecido aún más durante los años de crisis, agrandando así la particular brecha que les separa de los colectivos más desfavorecidos y humildes de la sociedad. Partiendo de este diagnóstico, la solución socialista consiste en subir los impuestos a los "ricos" con el fin de redistribuir un mayor volumen de recursos entre los más necesitados, reduciendo con ello la distancia entre unos y otros. El problema, sin embargo, es que dicho diagnóstico es erróneo -para variar-.
Antes de nada, conviene señalar que España es uno de los países con menor desigualdad de riqueza del mundo desarrollado. En concreto, es el tercer país con menor desigualdad patrimonial de la OCDE, ya que el top 10 de la población acumula el 40% de la riqueza, frente al 20% de los tres quintiles inferiores, a diferencia de lo que sucede en otras economías, gracias al elevado porcentaje de propietarios de vivienda que existe España (más del 80%).
De ahí que PSOE y Podemos se refieran siempre a la desigualdad de renta, aunque se olvidan señalar que ésta no ha dejado de caer desde 2014, coincidiendo con el inicio de la recuperación económica. El coeficiente de Gini, que sirve para medir la desigualdad de renta (valor 0 significa un reparto equitativo entre todos los estratos de renta y 100 lo contrario), bajó a 34,1 puntos en 2017.
Dicho lo cual, ¿a qué se debe entonces el incremento de la desigualdad de renta durante la crisis? ¿Es culpa de los ricos, por ser cada vez más ricos, tal y como denuncia Montero?
La respuesta es un rotundo no. La clave fue el brutal aumento del paro. Y es que el 1% más rico apenas representa el 9% de la renta nacional, frente al 8% de 1980, a diferencia de lo que ha sucedido en otros muchos países, donde su porcentaje se ha más que duplicado.
De hecho, el peso de ese 1% sobre la renta total de España ha caído de forma sustancial tras el estallido de la burbuja. El aumento de la desigualdad durante la crisis, por tanto, "se debe a la caída de los ingresos del 40% de la población con menos renta", tal y como evidencia un estudio de BBVA Research.
Y la explicación de ese particular empobrecimiento del colectivo más humilde no es otro más que el paro. "El desempleo permite explicar hasta un 80% de la varianza del índice de Gini", aclara el informe. Parece mentira que todavía haya que recordar que la recesión se llevó por delante más de 3 millones de puestos de trabajo, con el consiguiente aumento del paro a niveles superiores al 25%, siendo los colectivos más vulnerables y peor formados los grandes damnificados.
Además, por si fuera poco, ese mismo estudio desmonta otro de los habituales mantras de la izquierda española, ya que, una vez aplicada la redistribución de rentas a través del Estado, la reducción de la desigualdad en España es similar a la registrada en los países del norte de Europa, donde el gasto y la presión fiscal son mayores. Es decir, no por tener un Estado más grande e impuestos más altos se consigue una mayor reducción de la desigualdad. Tanto es así que Irlanda, el país con más libertad económica y una de las menores presiones fiscales del continente, es el que el experimenta una mayor caída del índice Gini antes y después de impuestos y transferencias.
El discurso del PSOE se cae, pues, cual castillo de naipes. Si de verdad el Gobierno pretendiese reducir la desigualdad de rentas, la mejor receta no sería disparar los impuestos que sufragan familias y empresas, sino flexibilizar mucho más el mercado de trabajo para acabar de una vez por todas con la histórica lacra del paro, al tiempo que se liberalizan los mercados y se mejora la eficiencia de la Administración Pública, a imagen y semejanza del modelo irlandés. Es evidente que Sánchez no hará nada de esto. La cuestión, por tanto, es: ¿lo hará el PP de Pablo Casado?