Ya resulta formalmente escandaloso que el acuerdo alcanzado entre los partidos que lideran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en torno a los Presupuestos Generales del Estado para 2019 se haya plasmado en un documento encabezado con el membrete del Gobierno, y no del PSOE, junto al logotipo de Podemos. Pero es que, para colmo, esa inicua apropiación institucional se ha utilizado para tratar de dar lustra a un colosal y peligrosísimo disparate.
Con la excepción del brutal incremento de la presión fiscal perpetrado en los peores tiempos del voraz Montoro, no se recuerda un sablazo como el planteado por el Gobierno socialista con sus socios de extrema izquierda, que afecta al IRPF, al Impuesto de Sociedades, al de Patrimonio y además asume la mal llamada Tasa Tobin a las transacciones financieras.
Por si no bastara, el acuerdo tumba la única reforma positiva llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, la tímida pero bien orientada reforma laboral que tan decisiva resultó para contrarrestar los negativos efectos de la descomunal presión fiscal y el endeudamiento público y así poder crear empleo. Con todo, es tal el aumento del gasto planteado por la alianza PSOE-Podemos que, aun cuando el sablazo propuesto no resultara contraproducente en términos estrictamente recaudatorios, sería insuficiente para cumplir con los compromisos de reducción del déficit y la deuda adquiridos con la UE.
No ha podido estar más acertado Pablo Casado al advertir: "O Bruselas tumba estos Presupuestos, o estos presupuestos tumban a España". A este respecto, recuérdese que no hace ni dos días que representantes de la Comisión y el BCE advertían al Gobierno de la necesidad de que acelerara la reducción del déficit, por el enorme peso de la deuda y el paro en España, al tiempo que reclamaban una reforma laboral que incidiera en la liberalización del mercado de trabajo. Se trata de unas advertencias y reclamaciones muy similares a las que semanas antes planteaba el FMI, que también pedía no vincular la subida de las pensiones al IPC.
El acuerdo entre PSOE y la extrema izquierda comandada por Pablo Iglesias no sólo ignora la insostenibilidad financiera de esa estafa piramidal que constituye el vigente sistema público de reparto, sino que plantea una no menos demagógica elevación del salario mínimo que va a condenar al paro a los trabajadores menos cualificados que no alcancen la productividad necesaria para justificarlo.
Esta irresponsable barra libre al gasto y el endeudamiento públicos viene a reforzar el incremento de la desconfianza empresarial en el doctor Sánchez y pone en riesgo la permanencia de España en la Zona Euro, dado que los socios comunitarios no parecen decididos a sufragar semejante despilfarro populista.
Si a esto se suma el hecho de que este acuerdo con Podemos aún tiene que abrirse a quienes sólo podrían hacerlo aún más lesivo para España, como los golpistas catalanes y los proetarras de Bildu, ciertamente sólo Bruselas o la celebración de unas elecciones generales podrían evitarnos el descomunal desastre.