Frente común contra el Real Decreto del Gobierno que regula las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). El Ministerio de Fomento aprobó el pasado 28 de septiembre un decretazo que pretendía blindar al sector del taxi. Con la nueva normativa, el departamento que dirige José Luis Ábalos se lava las manos en esta guerra dejando la regulación de las VTC, que usan Uber y Cabify para circular, en poder de las CCAA y los ayuntamientos. Eso sí, será en un plazo de 4 años, cuando la Administración autonómica o local podrá suprimir las VTC que considere oportunas. Mientras tanto, habrá convivencia entre ambas opciones de transporte. Para los taxistas, esos 4 años es demasiado tiempo, y para las VTC, lo que hace Fomento es poner una fecha a la expropiación de sus licencias.
La semana pasada, expertos y protagonistas del sector se dieron cita en el foro "El futuro de la movilidad" para tratar este tema de plena actualidad. A la primera mesa de debate, acudió la secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento, María José Rallo, que como era de esperar, fue la única que defendió el Real Decreto. Para Rallo, el conflicto taxi-VTC es un tema de "movilidad urbana que pertenece a CCAA y los ayuntamientos. Las VTC seguirán siendo válidas para el transporte interurbano". Por eso, Fomento les ha cedido "todas las herramientas, y las VTC son una herramienta importante. A lo mejor en algunas ciudades hay espacio para todas y en otras no", justificó.
"Es una expropiación"
La secretaria general de Transportes cree que 4 años son suficientes para compensar a los propietarios de las VTC por las restricciones que puedan imponerles los políticos en el futuro, una idea que negó tajantemente el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado. El catedrático de Derecho Administrativo tiene claro que el Gobierno tendrá que "indemnizar" a las VTC porque se va a producir "una expropiación, que es privar a alguien de sus bienes o derechos". Muñoz recordó que "el que tiene una licencia tiene concedido un derecho de disfrute que, si se expropia, debe ser justamente indemnizado con el equivalente exacto del valor del bien que se le priva. Y eso no son 4 años". Unauto, la patronal de las VTC, ha calculado que la compensación que les tendrían que pagar será de 3.785 millones de euros.
El Decreto Ley de Fomento "presenta muchas dudas sobre su constitucionalidad", para el experto. La norma "calcula que con 4 años ya están amortizadas las licencias, pero después de que se amorticen las inversiones, queda un activo limpio con el que se puede jugar, vender, etc", explicó Muñoz. Una vez transcurridos los 4 años, el texto contempla una prórroga de otros 2 si los propietarios de las VTC pueden demostrar que no han recuperado la inversión. "Todos van a solicitar la prórroga. Las CCAA tendrán en su mano la posibilidad de pacificar a un sector o enredarlo más", añadió.
En la misma ponencia estaba el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), José María Ezquiaga, que recomendó al Gobierno no poner coto a las aplicaciones como Uber y Cabify. Defendió la convivencia entre el taxi y las VTC porque "el uso dominante del automóvil privado en las ciudades debe desaparecer". Ezquiaga recordó que "cuando se creó el urbanismo, había que hacer calles y parques amplios para evitar las enfermedades infecciosas, ahora, la preocupación es el medio ambiente".
Iñaki Arrola, fundador de Coches.com e inversor de Cabify, cargó duramente contra las dificultades para montar una empresa en nuestro país. "Si a Amancio Ortega le hubieran regulado las batas de boatiné, igual no era el más rico". También, criticó al Gobierno socialista "por cambiar las reglas de juego" a mitad de partido y por legislar "para el corto plazo y pensando en quién me vota".
"Los taxistas somos el Bar Manolo"
Ya en el segundo debate se produjo una situación poco habitual, que es que un representante de la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) y otro de Cabify se sentaran en la misma mesa a hablar. Emilio Domínguez, abogado de Fedetaxi, aseguró que "los taxistas son las víctimas, y no se contempla que el taxi tenga que recibir una compensación. Se plantea indemnizar al que entra (por las VTC)". Como ya viene siendo habitual en el discurso de los taxistas, Domínguez defendió que el sector lo componen "65.000 autónomos, que no tienen el poder de lobby de estas multinacionales". A los clientes les dice que "esto es como dejar el Bar Manolo, que es el taxi, y pasarse a la franquicia donde está todo estandarizado y precarizado".
El responsable de Cabify en Europa, Mariano Silveyra, negó que "exista precariedad laboral" entre los trabajadores de su compañía, aunque "ya nos gustaría que la gente ganase más". En este sentido, Silveyra defendió que "somos asesinos en serie del tráfico y generadores de empleo en masa". También desde su compañía suelen recurrir con frecuencia a los datos de empleo para defender su actividad. Según sus cifras, para Cabify trabajan 10.000 personas en España, donde "casi la mitad viene del paro de larga duración. Es gente que está excluida del mercado laboral". El directivo también se lamentó por el Decreto Ley del Gobierno porque "nadie va a confiar en tu negocio si tiene 4 años de caducidad".
Otro participante que también se mostró en contra de la norma del Ejecutivo fue el secretario general de la Federación Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Ángel Cilleros. Este sindicato se ha aliado recientemente con Cabify y su representante cree que el Decreto Ley "traslada la patata caliente a las CCAA por imposición".
Por último, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, José María O’Kean, avisó al Gobierno de que su decisión "tendrá unos costes económicos importantes" por las indemnizaciones que exigirán las VTC. El economista cree que "el Estado tiene que luchar en contra del oligopolio del taxi" y criticó que "estemos dando una imagen de un país que no quiere aceptar las tecnologías".