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El Gobierno aprueba el decreto anti-Uber: las CCAA podrán prohibir las VTC dentro de cuatro años

El Consejo de Ministros aprueba el real decreto que dejan en manos de CCAA y ayuntamientos la regulación de las VTC.

LM/Agencias
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El Gobierno aprueba el decreto anti-Uber: las CCAA podrán prohibir las VTC dentro de cuatro años
Primera manifestación de conductores de VTC en Madrid

El Gobierno dará potestad a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para suprimir las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las de empresas como Uber y Cabify, que estimen convenientes en sus territorios en un plazo de cuatro años. Así se establece en el Real Decreto Ley aprobado este viernes en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Fomento, con el que pretenden contribuir a atajar la 'guerra' abierta entre este sector y el del taxi.

En virtud de la nueva legislación, una vez que concluya la moratoria de cuatro años que incluye, las licencias de VTC que existen en España, actualmente 11.200, la mitad de ellas en Madrid, perderán la capacidad de dar servicios en de ámbito urbano, en el que constituye su principal negocio y en el que compiten con el taxi. Una vez pasado ese plazo de cuatro años, la continuidad de la vigencia de las autorizaciones de VTC para dar servicio en las ciudades dependerá de lo que decidan las comunidades autónomas y, especialmente, los ayuntamientos.

Así, en las ciudades en las que los ayuntamientos quieran seguir teniendo servicio de VTC, los titulares de las actuales licencias deberán obtener una autorización específica. No obstante, los ayuntamientos podrán determinar el número de licencias que otorgan, lo que, en la práctica, puede llevar a que desaparezcan miles de las que ya existen.

Esto sucederá en el caso de que decidan aplicar la proporción de concesión de autorizaciones que establece la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT), que fija dar una VTC por cada treinta taxis, cuota que actualmente se sobrepasa, o incluso proporciones más restrictivas. En el lado más extremo, las regiones o ayuntamientos que no quieran entrar a regular este servicio, las licencias de VTC que existan en esos territorios perderán la habilitación para operar en esas ciudades y territorios.

Fomento traspasa así la gestión y regulación de las VTC a las comunidades y ayuntamientos para que, en el marco de sus ámbitos y territorios, decidan en función de sus políticas de movilidad. El Departamento Fomento asegura que la medida no tendrá una repercusión legales por parte de los propietarios de licencias de VTC, al considerar que la moratoria de cuatro años de la norma se concibe como una indemnización en tiempo para que los actuales titulares de las actuales titulares de VTC las amorticen en ese tiempo.

Según fuentes del Ministerio, pasado este tiempo, los propietarios de licencias de empresa como Uber y Cabify no pueden exigir responsabilidad patrimonial a la administración porque se les suprima la capacidad de dar servicio en las ciudades.

"El Gobierno cede al chantaje del taxi"

Tras el anuncio, la patronal de las VTC Unauto no ha dudado en cargar contra el Decreto-Ley del Ejecutivo. Unauto considera que "el Gobierno cede claramente al chantaje realizado por parte del sector del taxi" y lamenta "que no se hayan tenido en cuenta a las 15.000 familias que pueden quedarse sin empleo por esta medida".

La norma del PSOE, "más que un Decreto Ley, un decreto lío, que potenciará un problema y lo multiplicará por 17, el número de comunidades autónomas que hay en España, habilitando un periodo transitorio de cuatro años, que no hará sino sembrar de inseguridad jurídica a los autónomos y trabajadores de VTC en España", denuncian.

"Es inaceptable que en un Estado de Derecho se regule en contra del interés general, a espaldas de los sectores afectados y de las Comunidades Autónomas, sólo para favorecer a un sector que parece va a conseguir sus objetivos mediante el chantaje al Gobierno", añaden. Desde Unauto se lamentan de que "mientras casi toda Europa camina hacia el futuro, abriendo sus mercados y modernizándose, España va hacia atrás, poniendo leyes restrictivas de movilidad y coartando la libertad de elección de los ciudadanos".

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