Volver a ligar las pensiones al IPC, más allá de las negativas consecuencias que tendrá para la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo, supondrá una factura extra para un gran número de trabajadores. Con un déficit próximo a los 19.000 millones de euros, el Gobierno no se puede permitir un mayor gasto en pensiones sin, como mínimo, tratar de elevar los ingresos vía cotizaciones a corto plazo.
Y eso es, precisamente, lo que pretende hacer. El plan que, hasta el momento, ha esbozado el Ejecutivo del PSOE supondrá elevar las cotizaciones a los trabajadores que menos ganan, a buena parte de los autónomos y a los asalariados con sueldos altos.
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 735,9 a 900 euros al mes –en 14 pagas– el próximo año, un 22,3% más, elevará en la misma proporción la base mínima de cotización, hasta un total de 12.600 euros al año o, lo que es lo mismo, 1.050 euros en doce pagas. Si la base se ensancha, el dinero a pagar es mayor, ya que el tipo de cotización a aplicar se mantiene intacto. La Seguridad Social se embolsa el 28,3% de la base del trabajador por contingencias comunes: la empresa aporta el 23,6% y el trabajador el 4,7% restante.
Tanto las bases mínimas como máximas se dividen a su vez en un total de once grupos de cotización donde las cantidades varían, pero, partiendo del umbral mínimo (1.050 euros), las empresas pasarán a abonar 297 euros al mes frente a los 243 actuales, un incremento de 54 euros al mes o 648 al año. Pero los trabajadores que coticen por la mínima, cerca de 1,5 millones de asalariados, también pagarán más, ya que su factura subirá de 40 a casi 50 euros al mes, unos 10 euros extra.
En cuanto a los autónomos, el Gobierno promete reducir la cuota a aquellos que ingresen menos del SMI, cuyo número ronda los 800.000, apenas el 25% del total, pero el resto (unos 2,5 millones) también tendrá que pagar más, de una u otra forma. En primer lugar, porque el PSOE también quiere subir la cuota a los autónomos que cotizan por la mínima entre 37 y 50 euros al mes, así como elevar la tarifa plana de 50 a 75 euros al mes. Y, en segundo término, porque pretende que coticen en función de sus ingresos reales y no según la base que escojan libremente, de modo que los autónomos cuyas retribuciones superen el SMI también verán elevada su factura.
Igualmente, el Gobierno baraja subir la base máxima de cotización entre un 10% y un 12%. En el primer escenario, subiría de 3.803,7 a 4.184,4 euros al mes, con un coste extra para al empresa de 1.467,5 euros al año (+122 al mes) de y 285,3 euros para el trabajador (+24 al mes), según las estimaciones de la CEOE. Dado que hay algo más de un millón de asalariados cotizando en la base máxima, el coste total sería de 1.467,5 millones de euros al año para la empresa y de algo más de 285 millones para los trabajadores afectados.
En el segundo escenario, el coste para la empresa sería de 1.761 euros al año (+147 al mes) y de 342 para el trabajador (+28,5 al mes). La factura total de las empresas subiría, por tanto, a 1.761 millones de euros y de 342 millones para los trabajadores afectados.
En resumen, 1,5 millones de asalariados que cotizan por la mínima, otros 2,5 millones de autónomos y 1 millón de trabajadores del Régimen General con sueldos altos verán recortadas sus retribuciones, en mayor o menor medida, por el alza de la cotizaciones. En total, unos 5 millones de personas, el equivalente al 25,6% de los ocupados, según la última Encuesta de Población Activa.
Entre las cotizaciones más altas de Europa
La patronal recuerda, además, que los empresarios españoles pagan más por cotizaciones a la Seguridad Social que la media de la UE y la zona euro, tanto en porcentaje del PIB como en de la recaudación impositiva. En concreto, la media de Europa y la Eurozona no supera el 8% en términos de PIB y el 20% en términos de recaudación, mientras que, en España, la primera ratio se sitúa en el 8,2% y la segunda en el 24,7%.
Si se comparan estos datos con los principales países europeos, en Alemania y Holanda las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de los empleadores suponen un 6,6% y un 5,2% del PIB, respectivamente, claramente inferiores a la cifra de España. En cambio, Francia supera a España, mientras que en Bélgica e Italia tienen niveles similares a España.
En términos de recaudación, España junto con Francia, son los países cuyas cotizaciones sociales que pagan los empresarios suponen un mayor peso, mientras que en el resto de las economías europeas grandes está claramente por debajo.