Son muchos los expertos que, en las últimas semanas, han alertado al Gobierno de las negativas consecuencias que tendrá para el empleo disparar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros al mes en 2019, tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos. Sin embargo, por el momento, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sigue adelante con su plan, haciendo caso omiso a los daños que podría ocasionar a decenas de miles de trabajadores y desempleados, especialmente a los más vulnerables -jóvenes, parados de larga duración y personas poco cualificadas-, cuya productividad es más baja-.
El último en lanzar su particular advertencia ha sido el nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que, aprovechando su primera intervención en el Congreso el pasado jueves, no ha dudado en señalar el "significativo" riesgo de pérdida de puestos de trabajo por la subida del SMI.
Tras años de subidas modestas y un SMI estabilizado en el entorno de los 650 euros, el anterior Gobierno del PP marcó un punto de inflexión en 2017, con una subida del 8% y otra adicional del 4% en 2018, hasta situar el umbral en los 736 euros actuales. Pero el Plan Presupuestario de 2019 que acaba de remitir Sánchez a Bruselas incluye un aumento histórico del 22,3%, hasta los 900 euros al mes el próximo año. En concreto, tal y como señala Fedea, se trata de la mayor subida desde 1977, alcanzando así un nuevo récord en términos reales (descontando la inflación).
En este sentido, De Cos recordó que la evidencia empírica señala que, en general, subir el SMI tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el conjunto del empleo, pero su impacto "resulta significativo en el caso de determinados colectivos, como los más jóvenes y los de mayor edad con menor formación, cuya tasa de paro es aún muy elevada, y que muestran un nivel de productividad menor que el promedio".
En concreto, según el gobernador, si se extrapolara el efecto de las últimas subidas a la prevista para el próximo año, ello se traduciría en una pérdida del 0,8% del empleo total, equivalente, en la actualidad, a unos 150.000 puestos de trabaja, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), donde el número total de ocupados ronda los 19,5 millones.
Pero el Banco de España no es el único organismo que llama la atención a Sánchez. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también avanza un impacto del 0,2%, lo cual se traduciría en una destrucción mínima de 40.000 empleos y una máxima de 120.000 a medio plazo, en base a la evidencia que muestran más de 70 estudios sobre la materia realizados en los últimos 30 años.
Los principales afectados serían los trabajadores cuyos sueldos, hoy por hoy, se sitúan por debajo del nuevo SMI de 900 euros al mes, y cuyo volumen rondaría los 1,2 millones, según la AIReF. Es aquí donde el empleador tendrá que decidir si le compensa subir el salario hasta el nuevo mínimo legal o, por el contrario, opta por rescindir el contrato. A este respecto, el economista jefe de BBVA Research, Rafael Domenech, indica que la subida pactada por PSOE y Podemos podría llevarse por delante entre el 3,3% y el 5,3% de estos empleos, es decir, entre 40.000 y 64.000 puestos.
Sin embargo, también es importante señalar que el aumento del SMI corre el riesgo de trasladarse a la negociación colectiva, donde los sindicatos toman como referencia este indicador para presionar al alza el resto de retribuciones con el fin de mantener la distancia relativa entre unos y otros grupos de asalariados, en cuyo caso el impacto sobre el empleo sería muy superior. BBVA Research, por ejemplo, estimó en su día que si el aumento del 8% aplicado el pasado año se transmitiese a parte de los salarios que superan hasta dos veces el SMI de 2016, el empleo podría caer hasta un 2% a largo plazo (-390.000 empleos, en base a la última EPA).
¿Quiénes saldrían perjudicados?
Además, los colectivos que saldrían más perjudicados son, precisamente, los más vulnerables y peor remunerados: las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los menos cualificados, los contratados a tiempo parcial, los temporales y quienes cuentan con una menor antigüedad en la empresa, según alerta esta misma entidad. Con un paro juvenil del 33%, una de las tasas más altas de Europa, y casi 1,4 millones de parados de larga duración (más de un año en el paro), la subida del SMI contribuirá a agravar este particular drama.
Igualmente, afectaría con más intensidad a las empresas del sector servicios, a las de menor tamaño (pymes), a las no exportadoras y aquellas donde las relaciones laborales no se regulan por convenio colectivo. Y, por último, pero no menos importante, el impacto negativo se concentraría en las regiones más pobres y con tasas de paro más altas, que son aquellas en las que el SMI se aproxima más al salario mediano -divide a los trabajadores en dos partes iguales, los que se sitúan por encima y por debajo-. En este caso, las CCAA más perjudicadas serían Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia.
Lo que no se ve
Por último, el aumento del SMI no solo destruirá empleo, sino que dificultará en igual o mayor cuantía la creación de nuevos puestos de trabajo. A este respecto, el Banco de España señalaba en un trabajo del pasado año que sus efectos sobre la creación de empleo son "mayores que sobre la destrucción", ya que se establece una elevada barrera de entrada al mercado laboral, especialmente lesiva para los trabajadores de baja productividad, como es el caso de los jóvenes debido a su escasa o inexistente experiencia. Así pues, a esos 150.000 empleos que, como máximo, desaparecerían por culpa de esta medida, se podrían sumar, al menos, otros 150.000 que se dejarían de crear, condenando al paro a esos potenciales trabajadores.
La repercusión negativa del SMI sobre la contratación "se acentúa porque al coste salarial que implica per se hay que añadir las cotizaciones sociales pagadas por los empresarios, lo que encarece aún más la contratación juvenil, femenina y la de trabajadores con escasa cualificación", tal y como destaca la consultora Freemarket en su último informe de coyuntura. Elevar el salario mínimo un 22,3% "equivale a establecer un impuesto de esa misma cuantía sobre la contratación de sus teóricos beneficiarios, lo que frenaría de manera clara su incorporación al mercado de trabajo y, por tanto, les condenaría a permanecer en el paro".
"La conclusión es que la decisión de subir, y más en esta cuantía, el SMI es poco responsable y tendrá consecuencias negativas sobre los niveles de paro y de empleo de los colectivos a los que se pretende proteger". Y concluye: "Subir el SMI es un error descomunal con graves implicaciones sociales y económicas".