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Es imposible echar a un funcionario en España: tan sólo 500 inhabilitaciones desde 1996

El delito de inhabilitación más frecuente es la malversación, cometido por 109 de los funcionarios.

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Es imposible echar a un funcionario en España: tan sólo 500 inhabilitaciones desde 1996
Apenas 500 funcionarios han sido inhabilitados desde 1996 | Pixabay/CC/Daniel_B_photos

Conseguir una plaza de funcionario en España implica tener trabajo garantizado de por vida, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países, donde los empleados públicos pueden ser despedidos por multitud de razones, de forma similar a lo que sucede en el sector privado. En Suecia, por ejemplo, tan sólo el 1% de los trabajadores de la Administración ostentan la condición de funcionario.

En España, sin embargo, no sucede lo mismo. Una vez obtenida la plaza, es casi imposible despedir a un funcionario. Y la prueba esta en el escasísimo número de ceses registrado en los últimos años. La Fundación Civio acaba de publica un detallado informe al respecto, y las cifras hablan por sí solas.

Tan sólo 524 funcionarios perdieron su plaza desde 1996. En concreto, 19 lo hicieron tras una sanción administrativa -la mayoría por dejar de ir a trabajar- y los otros 505, el grupo más numeroso, perdieron la condición de funcionario tras haber sido condenados por sentencia firme. Esto supone una media de apenas 20 funcionarios inhabilitados al año, equivalente al 0,0007% de la plantilla pública, que en la actualidad ronda los 3 millones de trabajadores. Entre los condenados solo hay 45 mujeres (frente a 460 hombres), pese a que estas representan más de la mitad del funcionariado.

¿Cómo se pierde una plaza?

Hay cinco formas de perder una plaza en España, tal y como señala el estudio: por renuncia, por pérdida de la nacionalidad, por jubilación, por sanciones administrativas o por condena. En este último caso, la sentencia debe marcar la inhabilitación, ya sea absoluta (para cualquier puesto) o especial (para un sector o profesión concreta). Esta última es habitual, por ejemplo, cuando se veta que alguien vuelva a trabajar con menores tras ser condenado por abusos.

El delito de inhabilitación más frecuente es la malversación, cometido por 109 de los funcionarios cesados. "Un ejemplo: el concejal de Palma de Mallorca que gastó 50.000 euros de dinero público en prostíbulos, o la pareja formada por el decano de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y la directora de Estomatología, que falsificaron decenas de facturas para llevarse fondos de la facultad". Le siguen los delitos de falsedad documental (94) y cohecho (61).

El cuerpo donde más funcionarios han perdido su plaza por condenas es la Policía Nacional, con 201 casos. Sus delitos más comunes son aquellos contra la salud pública, vinculados al trapicheo de drogas, y los de detenciones ilegales y secuestro, con 28 casos para cada uno de ellos. Otros de los cuerpos con más presencia en la lista son los administrativos, con 97 pérdidas de plaza, o las 87 de los cuerpos de servicios postales. En este último caso, además de malversación y falsedad, se suman a los delitos más comunes dos relacionados con su empleo: infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

Le siguen los 41 funcionarios de Justicia, solo uno de ellos juez. Igualmente, 31 profesores de todos los niveles perdieron su plaza por condena desde 1996, 23 de ellos maestros. Su delito más común fue el de abusos sexuales (9). Le siguen los 16 de la administración local, en su mayoría interventores, y, a la cola, un meteorólogo condenado por el delito más común, la malversación.

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