Desde 2013, el Ministerio de Hacienda realizó una investigación profunda en el territorio nacional para descubrir construcciones no registradas en el catastro, y que por tanto no pagan al fisco. Hasta ahora, los drones empleados para supervisar la superficie nacional han descubierto 1,7 millones de inmuebles no registrados. Entre ellos, 7.132 piscinas en Galicia que eran inexistentes en el catastro. Es decir, Hacienda ha ido descubriendo tres nuevas piscinas en la comunidad gallega cada día.
La fragmentación de la propiedad en Galicia y la dispersión poblacional de la zona son las principales causas de este fenómeno. De hecho, se esperaba finalizar los trabajos de inspección el 1 de julio de 2018, pero se amplió hasta el 31 de diciembre de 2018, incluyendo a 79 municipios más, debido al fuerte volumen de irregularidades descubiertas. Tal y como señalan en La voz de Galicia, el catastro se sirvió de inspecciones sobre el terreno usando drones, imágenes por satélite e incluso Google Maps para descubrir construcciones que hace años no existían.
El problema es la falta de comunicación entre los ayuntamientos y Hacienda. Cuando un propietario solicita un permiso de obra y es concedido, se pasa a la construcción del inmueble o de la piscina, como es el caso gallego. Sin embargo, el consistorio no informa a Hacienda y, por tanto, la nueva construcción no tributa en el IBI, una irregularidad que acarrea sanciones para el contribuyente.
Cuando Hacienda destapa un bien que no está registrado, la agencia regional del Catastro envía una notificación al contribuyente. A partir de aquí empieza a contar el plazo de 15 días en el que el afectado puede redactar sus alegaciones y documentarlas con imágenes actualizadas. El contribuyente sí tiene que pagar una tasa de 60 euros, que fija la ley del catastro inmobiliario. Y se enfrenta a los cargos que vengan del ayuntamiento, que puede exigirles los recibos no prescritos de los últimos cuatro años, además de los intereses de demora.
¿Son legales los drones de Hacienda?
En este mismo sentido ha surgido un debate sobre la legalidad de los drones de Hacienda. La ley vigente no permite el sobrevuelo de los drones en áreas pobladas, ni concentraciones de personas en esas zonas urbanas."El Ministerio de Hacienda no está registrado como Operador Habilitado y no puede realizar este tipo de actividades aéreas, y si hubiera contratado Operadores Habilitados tendría que haber licitado el contrato de forma pública y no se conoce tal licitación. El procedimiento administrativo sancionador que se produzca como consecuencia de detectar una construcción ilegal mediante una imagen tomada igualmente de forma ilegal será nulo de pleno derecho", señalan desde la web especializada Dronepedia.
Si se leen las indicaciones que da el propio Gobierno, los drones solo pueden volar "fuera de aglomeraciones de edificios, zonas urbanas o reuniones de personas. En un espacio aéreo no controlado y a 8 kilómetros de cualquier aeropuerto, aeródromo o helipuerto". En lo que respecta al coste, destacan en Dronepedia que "las imágenes obtenidas por satélite, con precisiones muy altas y a precio mucho más bajo, son enormemente más rentables que la opción de sobrevolar el cielo con drones".