Cataluña busca nuevas formas de sumar pisos de alquiler social a su cartera, pero en lugar de facilitar la concesión de licencias urbanísticas o fomentar la construcción de obra pública, opta por la expropiación de inmuebles ajenos. La Generalidad ha aprobado un decreto ley que incluye la posibilidad de expropiar pisos de bancos o empresas que lleven más de dos años vacíos. Estos activos se destinarán a alquiler social.
El decreto materializa otros aspectos que ya habían sido anunciados, como la permanencia de las calificaciones de los futuros pisos sociales, la exclusiva realización de vivienda protegida de alquiler por parte de la Administración Pública y la citación de los precios del índice oficial de alquileres en los contratos.
La nueva normativa, que podría ver la luz dentro de un mes, prevé que "pisos de personas jurídicas que lleven más de dos años vacíos y los que formen parte de edificios en construcción pendientes de terminar desde hace más de dos años, con el 80% de las obras ejecutadas", deberán inscribirse en el Registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante.
El consejero de territorio, Damià Calvet, ha indicado que con la recuperación de la ley sobre pobreza energética y desahucios y la que intentaba salvar los aspectos de mayor emergencia social, "se permiten las multas coercitivas, la expropiación del uso temporal para destinar las viviendas al alquiler social y también la expropiación definitiva de las viviendas vacías que no cumplan con su función social".
Calvet ha defendido que con la aprobación del decreto, el Gobierno catalán podrá intervenir directamente o indirectamente en el mercado de la vivienda para tratar de contener los precios. El decreto no incluye la posibilidad de albergar el periodo de protección de los actuales pisos sociales para que tarden más en poderse vender y amortizar más la inversión pública.