Las encuestas son claras: Manuela Carmena pierde apoyos en relación con las elecciones municipales de 2015 y su periplo como alcaldesa podría llegar a su fin el próximo 26 de mayo. Consciente de esta situación, la regidora ha anunciado un plan para construir 3.000 viviendas públicas diseñadas para salir al mercado de alquiler con precios reducidos.
El plan se vertebrada en torno a una treintena de parcelas de titularidad municipal. La idea es que cada una de estas fincas acoja entre 30 y 300 pisos. El suelo lo desarrollarían cooperativas y empresas del ramo que se comprometan a fijar unos precios de alquiler reducidos. A cambio, los desarrolladores percibirían las rentas derivadas del arrendamiento durante un periodo de entre 50 y 75 años.
Sin embargo, el bagaje de la alcaldesa y de su equipo de gobierno ofrecen motivos de sobra para desconfiar de los planes anunciados por Carmena. No hay que olvidar que, entre 2016 y 2018, su gabinete fue incapaz de concretar las tres cuartas partes de su plan de desarrollo de vivienda pública. Así, aunque Carmena anunció 4.000 pisos para este programa, lo cierto es que el número de promociones iniciadas no llegaron a 1.000. Peor aún: los tiempos se han dilatado tanto que, al final del mandato, se estima que el total de pisos finalizados y entregados no llegará al centenar, tal y como ha denunciado el PSOE en el Pleno Municipal.
El desastre de Carmena en materia de vivienda
La alcaldesa prometió acabar con los desahucios, pero la Policía Municipal ha ejecutado 12.000 lanzamientos durante su mandato. También habló Carmena de acabar con los sin techo, pero el número de personas que vive en esta situación ha subido un 25%, pasando de 2.059 a 2.583 bajo gobierno de la ex jueza comunista.
El problema de la okupación no ha parado de crecer, hasta el punto de haberse multiplicado por siete. Desde el gobierno municipal todo han sido gestos favorables a este tipo de ilegalidad. No hay que olvidar que algunos miembros de la Junta han formado parte de este tipo de grupos, lo que explica, por ejemplo, que se haya legalizado la okupación de vivienda pública, invitado a los madrileños a no denunciar este tipo de irregularidades y cedido espacios públicos a colectivos vinculados con procesos de usurpación de la propiedad privada.
Por otro lado, los precios del alquiler han subido un 34%, principalmente debido al estrangulamiento de la oferta que ha perpetrado el Ayuntamiento. Solo en la Operación Chamartín, los desarrollos de Madrid Sur, los terrenos de Campamento o las promociones de Valdebebas, el Ayuntamiento ha frenado o tumbado la friolera de 135.000 viviendas.
Peor aún: Carmena ha encarecido un 8% las licencias urbanísticas, ha mantenido el IBI en tasas muy elevadas a pesar del superávit fiscal que heredó de Ana Botella, ha perseguido los "pisos turísticos" a pesar de que solo representan el 0,7% del parque residencial madrileño… En resumen, un conjunto de acciones que han disparado el coste de alquilar o comprar vivienda en la capital.