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El Banco de España lanza diez recados contra la política económica de Sánchez

Su informe anual de 2018 contiene numerosas advertencias sobre la senda económica que ha desarrollado Sánchez durante el último año.

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Su informe anual de 2018 contiene numerosas advertencias sobre la senda económica que ha desarrollado Sánchez durante el último año.

El Banco de España (BdE) ha publicado este martes su Informe anual correspondiente a 2018, donde, entre otras materias, lanza numerosas advertencias y críticas a la política económica que ha desarrollado el Gobierno de Pedro Sánchez durante el último año. Aunque, en líneas generales, el organismo regulador destaca las fortalezas que todavía presenta la economía nacional de cara a mantener el crecimiento en los próximos años, también enfatiza la existencia de importantes debilidades estructurales que deberían corregirse de forma urgente.

El incierto contexto internacional, con el estancamiento de la zona euro, la debilidad de China, el Brexit y el proteccionismo comercial como telón de fondo, junto a los problemas estructurales que todavía padece la economía nacional, configuran un panorama de "notables riesgos a la baja" que no deberían ser ignorados por el Gobierno. En concreto, las críticas del Banco de España a la senda económica de Sánchez son, ya sea por acción u omisión, las siguientes:

1. Salario Mínimo Interprofesional

El BdE ve "prematuro" afirmar que la subida del salario mínimo del 22,3%, hasta 900 euros, no está impactando en el empleo, ya que por ahora sólo se dispone de "muy pocos datos agregados", e insiste en la conveniencia de ligar las subidas salariales al aumento de la productividad.

En un informe previo, dicho organismo avanzó que la subida del salario mínimo se traduciría en una significativa destrucción de empleo, afectando sobre todo a determinados segmentos de la población como mujeres, jóvenes, trabajadores con menor nivel de formación y empleados con contrato temporal.

Por ello, ve preciso realizar un "seguimiento estrecho" del impacto de la subida del SMI, al objeto de aplicar, en caso necesario, las medidas oportunas para aumentar la empleabilidad de los trabajadores que se vean afectados. "A las empresas normalmente les puede llevar un cierto tiempo ajustarse a esta situación del SMI", han apostillado desde la Dirección General de Economía y Estadística del organismo.

2. Fijación de alquileres

Frente a la fijación de precios para tratar de contener el precio del alquiler, se debe "dar prioridad a aquellas políticas públicas dirigidas a favorecer la oferta de vivienda de alquiler". En este sentido, "no parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas, ya que, según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles. Del mismo modo, es conveniente mejorar la seguridad jurídica para que los propietarios de inmuebles encuentren los incentivos adecuados para ofertar sus propiedades en el mercado de alquiler".

3. Déficit estructural

En los últimos años, el déficit presupuestario se ha reducido por el efecto del ciclo económico y la disminución del gasto por intereses de la deuda, pero no por la adopción de medidas estructurales de reducción del déficit. Por ello, dados los elevados niveles de la deuda pública y del déficit estructural, el BdE señala que es "urgente acometer un proceso de consolidación presupuestaria para dotar a la política fiscal de un mayor margen de actuación ante eventuales perturbaciones futuras".

4. Elevada deuda pública

Algo similar sucede con la deuda. Aunque la leve reducción registrada en 2018 situó el nivel de endeudamiento en el 97,1% del PIB, todavía cerca de máximos históricos, esta disminución se debió principalmente a la favorable evolución del crecimiento nominal del PIB. Una deuda elevada puede impactar negativamente sobre el crecimiento económico, además de incrementar la "vulnerabilidad de las finanzas públicas". Por ello, el informe advierte de que España debe establecer un programa de medio plazo de corrección de los desequilibrios fiscales, algo que, hoy por hoy, no existe.

5. Reforma del sistema de pensiones

"El envejecimiento poblacional tendrá consecuencias muy profundas sobre las finanzas públicas, en particular para el sistema de pensiones, lo que requerirá la adopción de medidas de calado", alerta. En ese sentido, recuerda que, aunque las reformas de 2011 y de 2013 incluían algunos elementos de ajuste que permitían contrarrestar de manera significativa el efecto del incremento esperado de la tasa de dependencia a largo plazo, "las últimas medidas en esta materia han suspendido parcialmente la aplicación de estos mecanismos, con el retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023 y con la vuelta a un sistema de revalorización anual de las pensiones en línea con el IPC".

Y añade: "La reintroducción permanente de este sistema de indexación generaría, de acuerdo con los cálculos del Banco de España, un incremento adicional del gasto superior a 3 puntos porcentuales del PIB en 2050. En este contexto, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones requerirá medidas adicionales por el lado tanto de los ingresos como de los gastos, así como la introducción de nuevos incentivos que favorezcan un mayor alineamiento entre la edad de jubilación efectiva y la referencia legal".

En concreto, el BdE aboga por tomar una serie de medidas, entre las que destacan alargar la edad final de jubilación, favoreciendo la permanencia en el empleo de trabajadores de mayor edad, así como "explorar políticas" que refuercen el vínculo entre la cuantía de la pensión contributiva recibida y las contribuciones realizadas durante toda la vida laboral y la esperanza de vida prevista en el momento de la jubilación, tal y como se contempló en el factor de sostenibilidad introducido en la reforma de 2013, cuya aplicación se ha suspendido.

Además, el organismo considera que la incorporación de algunos de los elementos de transparencia que inspiran los modelos de cuentas nocionales contribuiría a aumentar la disponibilidad de información sobre los derechos de pensión acumulados para que los trabajadores puedan adoptar, con la anticipación necesaria, las decisiones de ahorro para la jubilación que estimen convenientes. Al mismo tiempo, defiende que el aumento del ahorro para la jubilación puede complementar las prestaciones del actual sistema público de pensiones.

"Retrasar las necesarias reformas del sistema público de pensiones contribuye a que dicha distribución tenga que hacerse de manera menos equitativa y con el coste de una mayor incertidumbre, lo que perjudica las decisiones de ahorro y de oferta de trabajo de las generaciones actuales", avisa.

6. Creación de empleo

El BdE también afirma que "resultaría conveniente mantener aquellos elementos del actual marco jurídico del mercado laboral que se han mostrado más eficaces para facilitar que los ajustes ante perturbaciones adversas se concentren en mayor medida en los costes laborales y, por consiguiente, tengan una menor incidencia negativa sobre el empleo", en referencia a la reforma laboral de 2012.

7. Temporalidad

Además, resulta necesario "reducir el alto grado de disparidad en cuanto al nivel de protección contractual de los trabajadores con contratos fijos en relación con los empleados temporales, sin introducir elementos que desincentiven la contratación indefinida", para tratar de reducir la temporalidad.

8. Impulsar la productividad

Por otro lado, el regulador echa en falta nuevas reformas para impulsar la productividad. "En la etapa transcurrida de la recuperación, el aumento de la renta per cápita ha sido el resultado del incremento de la cifra de ocupados, mientras que la contribución de los avances de la productividad aparente del trabajo ha sido muy reducida. Ello obedece a una multiplicidad de factores institucionales, regulatorios y estructurales que las políticas públicas deben aspirar a corregir. Estos incluyen ciertas deficiencias del sistema educativo, un escaso grado de generación y difusión de los avances tecnológicos, la existencia de elementos regulatorios que frenan la competencia o la calidad mejorable de la gestión empresarial", señala.

Aumentar de manera persistente el bienestar general de los ciudadanos requiere elevar el ritmo de crecimiento de la productividad, ya que, según el BdE, "cuanto mayor sea este, mayores serán las posibilidades de incrementar los niveles salariales y la calidad de los empleos creados, y también los recursos disponibles para la financiación de políticas públicas". Asimismo, incide en que la reciente evolución salarial está "poco alineada" con el avance de la productividad en algunas empresas y sectores, algo que en el Banco de España "no gusta demasiado", ya que "las posibilidades de acabar destruyendo mucho empleo son importantes".

9. Alto endeudamiento externo

La posición neta deudora de inversión internacional también sigue siendo muy elevada. El empeoramiento de las exportaciones y el encarecimiento del crudo se tradujeron en 2018 en una disminución del superávit exterior. Para continuar reduciendo el endeudamiento frente al resto del mundo es necesaria la consecución de "superávits exteriores de manera sostenida, lo que a su vez demanda el mantenimiento de las ganancias de competitividad, que a lo largo de la recuperación se han basado en la moderación de los costes laborales y financieros y que, en adelante, deberían depender en mayor medida de los aumentos de la productividad", añade el BdE.

10. Financiación autonómica

Por último, recuerda que es prioritario revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, cuya reforma lleva pendiente desde hace años. En este sentido, según el informe, "existe un consenso amplio sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación de estas administraciones con el objetivo de adecuar los ingresos, sobre la base de una estimación objetiva previa de estas necesidades, de garantizar un reparto transparente y de incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal".

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