La reforma que aprobó el PP en 2013 incluía, entre otros aspectos, el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que ligaba la actualización de estas prestaciones a la situación financiera de la Seguridad Social, abandonando así la referencia tradicional de la inflación (IPC). Esto significa que, en una situación de déficit estructural como la que sufre el sistema desde 2012, al subida de las pensiones se limitaría al 0,25% anual, lo que, incluso con tasas modestas de inflación, habría supuesto una sustancial pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas en caso de prolongarse en el tiempo.
Sin embargo, dada la impopularidad de esta limitación, los principales partidos políticos, primero el PP y luego el PSOE, tardaron poco en suspender provisionalmente el IRP. Tanto es así que la mayoría de formaciones coinciden hoy en la necesidad de volver a ligar las pensiones al IPC. Pero, ¿cuánto costaría dicha decisión? Ésta es la pregunta que trata de responder la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un informe publicado este miércoles, y su conclusión no puede ser más clara: "Aunque el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es ciertamente un objetivo deseable, no puede ser la prioridad absoluta a cualquier precio. La indexación generalizada de las pensiones a la inflación es un compromiso potencialmente muy caro, especialmente en las complicadas circunstancias demográficas a las que nos enfrentaremos en las próximas décadas".
Fedea cuantifica dos posibles impactos. Por un lado, la supresión del IRP durante un único ejercicio, tal y como ha sucedido, por ejemplo, en 2018 y 2019, para, posteriormente, volver a aplicar una revalorización del 0,25%. En este caso, partiendo de la base de que en 2017 el gasto público en pensiones contributivas ascendió a unos 135.000 millones de euros, actualizar esta cantidad al 2% en vez de al 0,25% supondría un gasto extra del 1,75%, equivalente a 2.363 millones de euros. Sin embargo, y dado que este incremento adicional se tendría que seguir pagando durante toda la vida de los beneficiarios afectados, el coste acumulado de esta subida puntual de las pensiones con el IPC rondaría los 30.000 millones de euros a largo plazo, 13 veces la cuantía inicial.
Por otro lado, si la supresión del IRP fuese permanente, de modo que la revalorización de las pensiones se volviese a ligar al IPC, y considerando sólo sus efectos sobre la población ya jubilada en 2017, esta cifra se elevaría hasta los 327.000 millones de euros en 20 años a precios constantes de 2018, a lo que habría que añadir el incremento de las prestaciones percibidas por cohortes posteriores de nuevos jubilados para calcular el coste total de la indexación al IPC.
"Dada la naturaleza del sistema de pensiones, que implica compromisos recurrentes de pago durante muchos años, cualquier cambio, incluso transitorio, en las reglas de cálculo o actualización de las prestaciones tiene importantes repercusiones a largo plazo que han de tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones. Además, dado que el sistema afecta a un número muy elevado de personas y moviliza una cantidad ingente de recursos, conviene extremar la precaución a la hora de diseñar posibles cambios de política en este campo", concluye el informe.