Las medidas anticoche golpean al sector de la automoción en España. Las restricciones a la circulación de vehículos en las principales ciudades, el cerco a las emisiones y la subida de impuestos al diésel que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez están pasando factura a un sector que está viendo cómo se desangra su actividad.
Es irónico que ante este tipo de políticas de izquierdas hayan tenido que reaccionar los sindicatos de la industria. Y es que los representantes de los trabajadores han advertido de que se avecina un tsunami sobre el empleo en nuestro país si no se plantean medidas correctoras ante el descenso continuado en las matriculaciones y los recortes productivos, como los anunciados para este verano por Ford (Almussafes) y Nissan (Ávila).
El sector del automóvil genera en nuestro país 2 millones de empleos (directos e indirectos) y representa el 10% del PIB, pero la comercialización de vehículos transita cuesta abajo desde septiembre de 2018. Solo en mayo, el último mes escrutado, las ventas de vehículos cayeron un 7,3%. Las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) creen que el declive seguirá, al menos, hasta final de año.
Entre tanto, el parque envejece. La edad media se situó el año pasado en 12,5 años por unidad. El 31,7% de los vehículos que circulan por las carreteras tiene más de 15 años y la antigüedad seguirá creciendo hasta situarse en 13,7 años en 2025, según Faconauto.
Las previsiones a medio plazo mantienen vigilantes a los responsables estatales de UGT-Fica y CCOO Industria consultados por EFE. A largo plazo, coinciden en que se está preparando "la tormenta perfecta". La caída de la demanda ya tiene su reflejo en alguna de las 17 plantas instaladas en España, el segundo país en volumen de fabricación de Europa y el octavo del mundo.
Ford ha anunciado esta semana un recorte en la producción para su planta de Almussafes (Valencia). La empresa estima que el descenso de la demanda de vehículos en el mercado europeo tendrá un impacto de entre 100 y 150 unidades diarias en la producción a partir del 1 de septiembre, que traerá la supresión del turno de noche o un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para el segundo semestre.
También la planta de Nissan en Ávila dejará de producir a partir del 9 de agosto. Sobre la plantilla planea un ERE que puede afectar a unos 100 trabajadores, quienes amenazan con huelgas para el 13 y 14 de junio.
Hablan los sindicatos
El responsable de automoción de UGT-Fica, Jordi Carmona, cree que no se debe estar "solo expectantes" ante la situación y añade que hay que "trabajar o llegará el tsunami con una repercusión muy grande en el empleo". Por el contrario, en un tono nada alarmista, el responsable del sector estatal de CCOO, Joaquín Ferreira, recalca que el hecho de que baje la producción "no significa que pueda afectar al empleo".
De hecho, desde CCOO ven "estabilidad a medio plazo" en el empleo gracias a las medidas de amortiguación social en los convenios, con flexibilidad horaria según los picos de demanda y, en su caso, ERTE que tampoco conllevan despidos. CCOO y UGT hacen hincapié en que la merma en la demanda no afecta por igual todas las empresas del sector.
"Martorell (Seat) va a tope con los modelos León, Arona e Ibiza, aunque peor con el Audi A1, y en Vigo (PSA) fabrican 500.000 coches al año, con el K-9 comercial como un tiro que provocará más turnos después del verano", dice Ferreira. En Volkswagen, el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales (UGT), señala que los pedidos y las ventas siguen aumentando en la planta de Landaben (Navarra). La volatilidad en el sector no les afecta, asegura, porque el 90 % en la planta está orientada a la exportación.
Carmona (UGT-Fica) opina que lo primordial para "consolidar" el sector es que "se apueste" por atraer plantas que vayan a fabricar las baterías de los coches eléctricos en España. En ese sentido, la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, ofreció esta semana en China a las empresas locales JAC Motors y Guaoxuan High Tech desarrollar en España proyectos de inversión en el ámbito de las baterías para vehículos eléctricos. Paralelamente, la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insiste en revisar la distinta fiscalidad que se aplica al diésel y a la gasolina, con un posible objetivo de igualarlas.
Los sindicatos reaccionan y mientras CCOO rechaza los mensajes que "crean incertidumbre" y tachan al diésel de "combustible malo", UGT solicita un acuerdo estratégico específico para el sector automovilístico y un mayor compromiso político. Mientras, el sector solicita con urgencia nuevos planes Renove para sustituir los coches antiguos por nuevos o seminuevos y que incluya a los térmicos (gasolina y diésel).