El pasado treinta de mayo, el Tribunal de Cuentas del Reino, en el curso de la fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2017, aprobó un informe en el que certifica que el sistema de la Seguridad Social se encuentra en quiebra técnica, y ello tras acumular pérdidas de 100.000 millones de euros desde 2010. Me dirán que algo de eso ya lo habían oído. De acuerdo, pero estas cosas depende de quién las diga.
Cuando se habla del problema en términos semejantes, siempre hay una reacción, del Ministerio de Trabajo o de la propia Seguridad Social, que acusan a los informantes de agoreros y alarmistas. Y, buscando artimañas para distraer la atención, suelen anunciar un nuevo préstamo del Estado, considerando el problema resuelto.
Así mismo, al hablar de ello se centra la atención en que España es un país envejecido, y en que los avances científicos han prolongado notablemente nuestras vidas. Claro, lo suponía. La quiebra de la Seguridad Social la creamos los viejos, que nos gusta vivir demasiado, porque si, jubilados a los sesenta y cinco, muriésemos a los sesenta y ocho, probablemente tendría superávit.
Lo que no suele decirse –y el Pacto de Toledo permanece inane– es que la hucha de la Seguridad Social es un cesto que los Gobiernos usan a placer, para conseguir amigos, votos o etiquetas socialmente progresistas.
La Seguridad Social no es una institución social, sino una entidad de aseguramiento – además, obligatorio–. Su tesorería ingresa unas primas –cotizaciones– de los asegurados para dar cobertura a los riesgos de enfermedad, desempleo, accidentes o jubilación – según condiciones–.
El coste de todas estas prestaciones ya está pagado con las aportaciones de los asegurados. ¿Cuál sería el déficit si sólo se atendiera a los compromisos por aseguramiento?
No lo sé. Lo que sí puedo decir es que cada vez que un Gobierno decide dar cobertura a algo por lo que no se ha cotizado está defraudando a la caja de la Seguridad Social.
Queda muy bien que la sanidad se aplique universalmente, o que al parado, terminada la prestación, se le dé un subsidio, o que se trate a un colectivo privilegiado reduciendo el período de su cotización para tener derecho a la pensión máxima de jubilación, o que se dé una pensión no contributiva a quien la pueda necesitar. Eso puede hacer ganar unas elecciones, pero también hacer quebrar la Seguridad Social. No discuto que se alivie la carencia del necesitado, pero no con recursos de la Seguridad Social, que tienen fines específicos. Para eso están los Presupuestos Generales del Estado.
Si aun así hay déficit en la Seguridad Social, elimínense los derroches, por ejemplo en los diecisiete sistemas de atención sanitaria y farmacéutica, redúzcanse los costes de gestión y, si necesario, refórmese el sistema de pensiones.
Pero que quede claro: pensiones, sanidad, desempleo… no son gastos sociales, sino obligaciones contractuales del aseguramiento público.