El déficit de las Administraciones Públicas rebasó los 30.000 millones de euros en 2018 y amenaza con desviarse significativamente de los objetivos previstos para 2019. Ante semejante situación, y con una deuda que ya llega al 100% del PIB, parecería lógico esperar un cierto enfriamiento de la contratación pública. Sin embargo, las plantillas de trabajadores de las Administraciones se han ensanchado notablemente durante la última legislatura.
Si repasamos las estadísticas que ofrece la Encuesta de Población Activa, encontramos que el empleo público ha subido en todos los territorios autonómicos durante la pasada legislatura, salvo en el caso de La Rioja, donde la caída entre 2014 y 2019 fue del 5,5%. Por el contrario, Baleares ha experimentado una subida muy pronunciada del 28,5% a lo largo del mismo periodo.
El aumento del número de empleados públicos durante el lustro pasado fue también muy significativo en Castilla-La Mancha (19,6%), Aragón (18,8%), País Vasco (16,9%), Comunidad Valenciana (13,9%) y Cataluña (13,8%). En Murcia se produjo una subida del 10,4%, una décima por encima del promedio nacional del 10,3%, idéntico porcentaje al observado en Andalucía. Por debajo de dichos niveles se situaron Madrid (7,5%), Castilla y León (6,7%), Navarra (4%), Cantabria (3%), Canarias (2,6%), Galicia (2,4%), Extremadura (1,9%) y Asturias (1%), además del citado caso riojano (-5,5%).
En tres territorios autonómicos, la creación de empleo privado durante este periodo fue inferior al aumento observado en el sector público. En Baleares, el empleo privado subió un 22,4% mientras que el público creció un 28,5%. En Aragón, las plantillas de la Administración subieron un 18,8%, frente al 14,4% del mundo empresarial. País Vasco completa la lista, con un repunte del 16,9% en los contratados públicos y una subida del 8,6% en la esfera privada.
Casi un tercio de los extremeños, a sueldo del Estado
El 30,2% de los extremeños ocupados trabaja para una Administración Pública. Es el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas, cuya media es del 19,6%. Por encima de dicho umbral aparece el 24,4% de Castilla y León, el 24% de Asturias, el 23,4% de Castilla-La Mancha, el 23% de Aragón, el 22,1% de Andalucía, el 22% de Cantabria, el 21,9% de Galicia y el 19,5% de País Vasco.
Las regiones con un menor porcentaje de trabajadores públicos respecto al total de empleados son Navarra (19,1%), Canarias (18,7%), Baleares (18,6%), Murcia (18,2%), Comunidad Valenciana (17,6%), Madrid (17,3%), La Rioja (16,5%) y Cataluña (16%). En el caso de Madrid, la implantación de la Administración central es mucho mayor, de modo que su resultado es artificialmente elevado, por el efecto capital.