Posiblemente sí. No lo discuto en este momento. Pero si efectivamente es una oportunidad, la pregunta que requiere respuesta inmediata es: ¿para quién? Quizá para España, para la Sareb, para un grupo de holgazanes que esperan un empleo público o para unos oportunistas de los que compran duros a peseta, y si fracasan en el intento el Estado acabará cubriendo lo que ellos considerarán pérdidas.
Hace años, quizá para los jóvenes muchos años, se empezó a aplicar en España la racionalidad universal –excluidos los países marxistas (comunistas)– de dividir los sectores público y privado en función de su objetivo, con la nitidez suficiente como para no plantear confusión alguna.
Resultado de aquella gran iniciativa –Gobiernos del PSOE y de UCD–, se inició un proceso de privatización que supuso el desmantelamiento casi absoluto del gran conglomerado empresarial que en su día fue el Instituto Nacional de Industria (INI); aún quedan algunos flecos en lo que hoy llamamos Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La voluntad en todo caso era que nunca hubiera excusa alguna para que los ámbitos de la actividad privada y la pública pudieran entremezclarse, generando confusión y, no sé por qué, perjuicios para el Estado, lo que significa perjuicio para los españoles.
Ya ha habido algunas acciones públicas que, por vía de avalar la actividad privada –nunca he sabido por qué el Estado tiene que avalar un negocio privado, por ejemplo las autopistas de peaje– cuando fracasa, acaba el Estado asumiendo el negocio ruinoso en el que nunca quiso entrar. Ya lo criticamos y nos quedamos con la crítica.
Lo de ahora es mucho más alarmante. Recordarán todos que para limpiar los balances de los bancos, afectados por créditos masivos, en cantidad y baja calidad, a la especulación inmobiliaria –cariñosamente, burbuja inmobiliaria–, se creó un coloquialmente llamado banco malo, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria).
Todos esperábamos la liquidación de sus activos inmobiliarios y la consiguiente liquidación de la sociedad, con entrega de sus resultados a los socios, como está previsto para cualquier entidad, por su propia naturaleza, temporal.
Pues no. La Sareb nos sorprende ahora con la voluntad de convertirse en promotor inmobiliario. Así, se habla de construir y vender –es curioso lo de vender, cuando de su cartera de inmuebles queda sin vender una cantidad muy apreciable– 17.000 viviendas, lo que implica una inversión en construcción –ya veremos en cuánto acaba– de 2.238 millones de euros, más la inversión histórica en los terrenos procedentes del fracaso del crédito bancario.
Si de lo que se trata es de aprovechar el suelo en propiedad, ¿por qué no organizar subastas, para asignar al mejor postor los solares, y que construyan los promotores inmobiliarios, que ese es su oficio?
¿Qué pasará si tampoco se venden? Prefiero no conocer la respuesta, porque quizá sea: "Que los compre el Estado".