El expresidente de BBVA Francisco González ha pedido, tras conocer la imputación al banco por cohecho y corrupción en el 'caso Villarejo', deslindar posibles irregularidades individuales de la actuación de BBVA, que califica de "intachable" y "por encima de lo exigible" en materia de gobierno corporativo.
"Considero muy importante afrontar la investigación abierta con total transparencia, y ayudar a deslindar posibles actuaciones individuales de carácter irregular, si las hubiera, de la actuación del banco en su conjunto que, no me cabe duda, ha sido intachable y con un cumplimiento por encima de lo exigible en materia de gobierno corporativo y cumplimiento normativo", señala en una declaración institucional pública.
Tras calificar a BBVA como "una gran institución", con más de 125.000 "excelentes" profesionales en España y a nivel internacional, millones de clientes, numerosos accionistas y un impacto social "muy relevante", González asegura que desde que se abrió la pieza BBVA, ha estado "máximamente interesado" en colaborar con la Justicia, "con la mayor transparencia y objetividad, al objeto de identificar y esclarecer lo más rápidamente las posibles irregularidades que se hayan podido producir".
"Tengo la mayor confianza en el Grupo BBVA, en sus órganos de gobierno y sus profesionales, y por supuesto, todos confiamos plenamente en que los órganos judiciales esclarecerán cualquier actuación contraria a la legalidad", incide.
González deja claro que durante su mandato en el banco, que abarcó desde enero de 2000 a diciembre de 2018, se ha trabajado siempre con el máximo cumplimiento de la legalidad.
"Durante mi presidencia en BBVA, hemos trabajado bajo unos estrictos estándares de conducta y hemos actuado dentro de la más estricta legalidad para defender los intereses del banco, esto es, de sus profesionales, sus accionistas, sus clientes y los intereses generales de la sociedad", explica.
A este respecto, detalla que en mayo de 2018, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al ex comisario José Manuel Villarejo, por parte del banco, impulsó una investigación interna en BBVA para identificar cualquier actuación irregular que se hubiera producido.
Posteriormente esa investigación interna fue ampliada, en enero de 2019, por la actual presidencia, encargándose un informe forensic, realizado por terceros independientes (Garrigues, Uría Menéndez y PwC).
Así, González subraya que el banco ha venido colaborando "desde el primer momento" con la investigación judicial y ha aportado toda la documentación en su poder, incluidos los resultados del "profundo y exhaustivo" estudio Forensic, tal y como ha manifestado públicamente el propio banco.
González cedió la presidencia al banco el 31 de diciembre de 2018 a Carlos Torres Vila y renunció a cualquier posición ejecutiva y consejos de administración del grupo. Únicamente mantenía la presidencia de honor del banco y de la Fundación BBVA, ambos sin ningún tipo de retribución económica.
Más tarde, el 14 del pasado mes de marzo y un día antes de la celebración de la junta general de accionistas del grupo, el banquero decidió abandonar "temporalmente" los cargos en la Fundación y en el banco a la espera de que concluyeran las investigaciones en curso sobre el 'caso Villarejo' "para evitar que se utilice su persona para dañar a la entidad".
No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón añadió una novena pieza al conocido como 'caso Támden', relativa a los trabajos desempeñados por José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017.
Sindicatos de BBVA preocupados
Los sindicatos de BBVA reconocen estar preocupados por el impacto reputacional que tiene la imputación del banco por la presunta contratación del excomisario Villarejo para espiar a Sacyr y esperan que en ningún caso salpique al empleo, según han trasladado los portavoces sindicales consultados por Europa Press.
Tanto UGT como CC.OO. han confirmado que BBVA no ha contactado con la representación sindical para dar explicaciones por la reciente imputación o la evolución de la investigación interna que el banco encargó a Garrigues, Uría Menéndez y PwC, más allá del comunicado que publicó en su página web en la tarde de ayer.
En dicho documento, el presidente de la entidad, Carlos Torres, afirma que la "prioridad" es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la Justicia, a la que ha remitido de manera "proactiva" los hallazgos "relevantes" de la investigación 'forensic'.
En esta línea, ambos sindicatos han mostrado su confianza en que la actual dirección del banco está colaborando plenamente con la Justicia.
Torres presentará mañana los resultados de BBVA correspondientes al primer semestre de 2019, una cita 'online' en la que se someterá a las preguntas de los periodistas.
Desde CC.OO., que cuenta con una representación del 35% en el banco, esperan que el directivo aproveche este evento para dar explicaciones "honestas y contundentes" sobre la imputación, y le piden que rompa cualquier relación con el expresidente Francisco González, al que consideran el principal responsable de la pérdida de reputación del banco.
"Mañana tiene una bellísima oportunidad para hablar de este tema y dar un mensaje sincero de transparencia y contundencia. Es verdad que hay secreto de sumario, pero seamos contundentes y rompamos con el pasado. Hay que buscar la honestidad; se requiere un genio y una contundencia que tiene que verse", ha señalado la secretaria general de CC.OO.-BBVA, Isabel Gil.
De su lado, UGT, que tiene una representación del 17%, reclama al presidente y al consejo de administración de la entidad "que todo se aclare cuanto antes" y "que no vaya a más", según ha apuntado el secretario general de UGT para el sector financiero, Roberto Tornamira.
En cualquier caso, los representantes sindicales están preocupados por el impacto que puede tener el supuesto caso de espionaje en la imagen del banco. Así, CC.OO. teme que derive en una pérdida de confianza de la clientela que pueda afectar al negocio de la entidad y, consecuentemente, al empleo, mientras que UGT confía en que este escándalo, "ajeno a la actividad del banco", no motive un deterioro de las condiciones de los trabajadores.