La polémica sobre los incendios en la Amazonía brasileña sigue enredándose. Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente del país sudamericano, ha explicado que su departamento de gobierno ha detectado numerosos incumplimientos e irregularidades en los proyectos que desarrollan decenas de ONG en los bosques del país.
Salles tiene en el punto de mira al menos 103 contratos enmarcados en el Fondo Amazonía, una iniciativa que pretende agrupar distintas actuaciones de conservación medioambiental. Según la auditoría realizada por el gobierno de Jair Bolsonaro, el trabajo desarrollado por las ONG en dicho fondo estaría plagado de inconsistencias.
El Fondo Amazonía nació en 2008, bajo gobierno del socialista Lula da Silva. Jerárquicamente, depende del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Su presupuesto ronda los 650 millones de euros y está financiado en un 90% por las aportaciones realizadas por los gobiernos de Noruega y Alemania. El resto del presupuesto corresponde principalmente a transferencias abonadas por la petrolera estatal, Petrobras.
Los primeros 30 proyectos estudiados por el equipo jurídico de Salles han puesto en la picota el modo en que las ONG estarían actuando en Brasil. Según la auditoría del ministerio de Medio Ambiente, el 100% de los contratos analizados presentan numerosos problemas, además de una escandalosa falta de eficiencia en el gasto.
"El gasto de los proyectos no se concentra en conservar el medio ambiente amazónico, sino que se va en recursos humanos, gastos administrativos, dietas de viaje… De media, el 50% de los desembolsos terminan pagando los sueldos de los trabajadores de las ONG, aunque hay casos que llegan al 70%", explicó el titular de la cartera de Medio Ambiente.
Salles criticó "la amplia desconexión a la hora de verificar la eficacia de los proyectos" y apuntó que "numerosas ONG han seguido recibiendo fondos a pesar de que no han presentado las cuentas de proyectos concluidos". Se estima que al menos sesenta entidades de este tipo reciben contratos del Fondo Amazonía.
El estudio de las cuentas de las ONG no termina en la auditoría del ministerio, sino que pasa ahora a manos de la Controlaría y el Tribunal de Cuentas, responsables de revisar los contratos y de tomar medidas en caso de que se verifiquen las irregularidades denunciadas por el gobierno que preside Jair Bolsonaro.