Si hay una cuestión económica de largo plazo que preocupa a la mayoría de los analistas es la evolución del sistema de pensiones. El borrador de Presupuestos Generales que presentó el Gobierno socialista a comienzos de 2019 y que no logró el apoyo de las Cortes recogía un gasto anual de 150.000 millones por este concepto.
Este nivel de gasto choca con unos ingresos que se sitúan por debajo del umbral necesario para financiar debidamente las pensiones. Para ser exactos, el descuadre registrado en 2016, 2017 y 2018 se movió en torno a los 16.000-17.000 millones de euros, lo que significa que alrededor de 150 euros de cada pensión se pagan con cargo al Fondo de Reserva (ya prácticamente agotado) o al Tesoro Público (que emite deuda para cubrir la diferencia).
Ante esta evolución, la deuda de la Seguridad Social roza ya los 50.000 millones de euros. Esta situación es tan grave que su evolución interanual arroja un crecimiento del 70% entre los años 2018 y 2019.
Dos soluciones drásticas pero, hoy por hoy, imposibles
Al ritmo actual, las únicas soluciones drásticas para equilibrar las cuentas serían dos: por un lado, si se mantiene la creación de empleo y la mejora salarial, dos años de congelación o de leve aumento de las pensiones permitirían que el aumento de los ingresos dejase las cuentas empatadas; por otro lado, si se suben las cotizaciones por un valor cercano a 1.000 euros anuales más por trabajador, la brecha quedaría reducida a cero.
Ninguno de estos escenarios está encima de la mesa. El Gobierno del PP intentó la primera fórmula, limitando al 0,25% la revalorización de las pensiones, pero terminó tirando la toalla entre 2016 y 2017, conforme las quejas por la contención del gasto de la Seguridad Social empezaron a calar en el debate público. Por otro lado, una subida de las cotizaciones tendría un duro impacto en el empleo, que ya acumula varios meses a la baja, y reduciría notablemente el poder adquisitivo de los trabajadores, puesto que su retribución neta se vería recortada.
Clarificar el sistema no es ninguna panacea
También hay quienes apuestan por "clarificar" el sistema de la Seguridad Social a base de pagar las pensiones no contributivas con los Presupuestos Generales. El gasto anual por estos conceptos es abultado: 19.400 millones en pensiones de viudedad, 1.600 millones en pensiones de orfandad, 290 millones en pensiones de favor familiar, 2.600 millones en prestaciones de maternidad o paternidad…
En la medida en que estas partidas no son contributivas, tendría sentido desplazarlas a los Presupuestos Generales del Estado. Hecha esa "clarificación", cerca de 24.000 millones de euros "desaparecerían" de las cuentas de la Seguridad Social y el sistema dejaría de presentar un escenario deficitario.
Sin embargo, esto supondría un fuerte problema para el déficit público, puesto que las cuentas públicas registran un déficit cercano a los 25.000 millones de euros. Por lo tanto, desplazar el gasto total de las pensiones no contributivas a los PGE haría que el déficit se duplicase de la noche a la mañana, hasta el entorno del 4-5% del PIB. Semejante deterioro devolvería a nuestro país a aquellos días en que la prima de riesgo copaba todos los titulares, puesto que nuestro país se situaba en un escenario cercano a la quiebra soberana.