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El fracaso del control de precios de los alquileres: caos en Berlín con colas de 12 horas para conseguir un piso

Los controles de precios reducen la oferta, aumentan la economía sumergida y minan la movilidad laboral.

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Los controles de precios reducen la oferta, aumentan la economía sumergida y minan la movilidad laboral.
Caos en Berlín | Podemos

Berlín ha sido una de las últimas capitales en aplicar el control de precios de los alquileres que propone Podemos como respuesta a la subida de las rentas. El resultado, como avanza Fedea, ha sido nefasto, puesto que los costes de arrendar un piso han seguido aumentando.

Prueba de ello está en el vídeo que ha publicado el medio berlinés Abendschau, donde un anuncio de una vivienda en alquiler a 550 euros han provocado colas de 12 horas en las oficinas poniendo de manifiesto el enorme desbarajuste entre oferta y demanda.

La publicación asegura que hubo más de 1.700 interesados en esta vivienda ubicada en el barrio de Schöneberg. Los candidatos tenían que ir entrando al piso en grupos de entre 20 y 30 personas, mientras les dirigían con un megáfono. El caos fue total.

Los perversos efectos de los controles de precios

En este sentido, esta misma semana Fedea ha publicado un extenso informe sobre vivienda y política pública. Firmado por Miguel Ángel López García, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, el documento de trabajo se refiere al encarecimiento del alquiler y recuerda que la apuesta de Podemos por controlar los precios terminará traduciéndose en una reducción de oferta que complicará más aún el encaje de oferta y demanda.

El informe de López García recuerda que la vivienda que hoy está en alquiler puede pasar mañana al segmento dedicado a la compra-venta. Al fin y al cabo, si los propietarios de los inmuebles sufren una congelación o una reducción de los precios que hoy definen en base a los precios del mercado, tomarán medidas defensivas, entre ellas la venta del inmueble como fórmula para rentabilizar dicho activo.

El documento de Fedea recorre las distintas regulaciones de control de precios aplicadas en distintas capitales y subraya que, en suma, esta variedad de opciones restrictivas acarrea una serie de incentivos perversos que, en la práctica, arrojan un resultado inesperado por quienes defienden estas propuestas.

Así, desde el think tank insiste en que el control de precios implica, por ejemplo, un trasvase de vivienda al segmento dedicado a la compra-venta, pero también ligan las restricciones a problemas como la menor movilidad laboral (al no haber vivienda disponible para alquiler, se hace más difícil el traslado y se enquistan soluciones de empleo menos óptimas) o el fomento de la economía sumergida (muchos propietarios no declararán el alquiler para seguir fijándolo de acuerdo con el precio que consideran adecuado).

Otro de los problemas asociado al control de precios es la menor inversión de los propietarios de vivienda en sus inmuebles. La reducción o eliminación de la rentabilidad les obligará a aminorar o congelar cualquier mejora. A largo plazo, un parque de viviendas sin reformas progresivas se traduce en pisos más viejos e incómodos, con menor eficiencia energética en su equipamiento y peores condiciones de habitabilidad. En parte, esta consecuencia se puede observar en los edificios del centro de grandes ciudades españolas donde predominaba la renta antigua, una política similar a la que ahora se defiende.

Por otro lado, el mercado promotor toma nota de las condiciones de mercado fijadas por el control de precios, de modo que sus desarrollos de obra nueva tenderán a dejar a un lado la posibilidad de construir nuevas viviendas dedicadas al arriendo y concentrando el grueso de sus actuaciones en el segmento de compra-venta.

Más oferta, pero privada

En opinión del autor, las políticas de oferta que ha gestionado de forma directa el sector público se han caracterizado por la insuficiencia de las promociones (el peso de la vivienda de protección oficial no es suficiente para generar un abaratamiento de los precios) y por el marco opaco en el que se dan muchos de estos procesos.

López García concluye que la política pública puede mejorar la oferta disponible si se concentra en revertir la situación actual a base de crear incentivos que favorezcan la inversión en vivienda. De modo que, lejos de aplicar los controles de precios que defiende Podemos, la solución pasaría por bajar impuestos y mejorar los incentivos que aplican al desarrollo de vivienda.

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