El saber popular ha sido benevolente con respuestas ante los abusos cuando exceden lo tolerable. Recordemos refranes como "contra el vicio de pedir, la virtud de no dar". Sorprende, sin embargo, que esa creatividad popular, aplicada a las relaciones privadas abusivas, se vea cohibida cuando el abuso se ejerce sobre los ciudadanos por parte del sector público.
Hasta donde yo conozca, no existe refrán parejo al anteriormente citado para dar merecida respuesta a un abuso enunciado, algo tipo "contra el vicio de intervenir, la virtud de eludir".
Se dirá por algunos que si no hubiera un Código de Circulación que establezca unas normas de cómo circular, iríamos dándonos trompazos unos contra otros, sin solución. Es cierto, pero estamos hablando de una norma de aplicación general, que no distingue entre afectados. En cambio, ¿qué dirían si dicho código se aplicase a unos, mientras otros –los privilegiados– pudieran circular cómo y por dónde se les ocurriera? Pues eso ocurre en no pocas intervenciones.
De éstas, a mí me preocupan aquellas cuyo objetivo –no expreso– es manipular las tendencias del mercado natural en el que operan. ¿Cómo? Regulando precios, aplicando a unos sí y a otros no subvenciones; en definitiva, alterando ingresos y costes productivos.
¿Por qué esa ansia del sector público de intervenir en las actividades del sector privado? ¿Es que cree que la inteligencia de los servidores públicos está por encima de la de los agentes privados? Si ésta fuera la razón, la cuestión sería más grave de lo que suponía.
El Consejo de Ministros –en funciones– del pasado viernes, día 22, aprobó un decreto-ley por el que se establece la remuneración a las plantas de energías renovables hasta 2031; las ayudas de que disfrutaban terminaban el próximo diciembre.
Que el Estado garantice, como hace el decreto, un rendimiento de dichas plantas del 7,4% anual es algo a lo que se adscribirían muchas plantas de muchos sectores productivos, sin regatear un ápice.
Estuvieron muy a gusto mientras los tipos de interés de los Bonos del Estado estaban altos –pues la fórmula para determinar la ayuda se basaba en ellos–, pero se sienten perjudicados ante la disminución de los mismos.
Solución: la española. Que el Estado nos compense. Y a estos llamamos empresarios; siempre atentos a las prebendas, que no concede el mercado. El resultado, 7.000 millones del bolsillo de los españoles a las renovables, y además a ocultar cómo funciona el mercado; dónde están las eficiencias y dónde las ineficiencias.
La compensación atiende la propuesta de la ministra de Transición Ecológica. ¡Cuidado, en España lo transitorio es lo más duradero". Ejemplos: la Ley de Aguas (1879), la Ley sobre Policía de Ferrocarriles (1877) o el Código Penal de 1870 fueron textos provisionales que permanecieron vigentes sine die.
¿Cuánto durarán las subvenciones para fomento de energías limpias, al tiempo que se subvenciona, también, la más sucia, el carbón?