Los datos de afiliación y empleo de enero, más que a confirmar, vienen a hacer más acusada la preocupante tendencia del último año. Y es el que el mes pasado el paro subió en más de 90.000 personas, el mayor incremento desde 2014, y la afiliación a la Seguridad Social registró sus peores cifras de enero desde 2013, con casi un cuarto de millón de cotizantes menos de media. Especialmente inquietante ha sido el hundimiento en el sector agrario, donde el número medio de afiliados bajó en 15.217 personas, lo que multiplica por 15 la media de los últimos años.
Ni que decir tiene que el Gobierno socialcomunista no se da por aludido por este desastre, del que culpa a la situación económica internacional, al clima y a los supermercados, a los que responsabiliza de los bajos precios que perciben los agricultores.
Lo cierto es que, tal y como el presidente de Asaja Extremadura, Angel García, advirtió ya en abril de 2019 al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la subida del 22% del salario mínimo interprofesional ha sido letal para la agricultura. Es más: el propio Vara vinculó la semana pasada el incremento del paro en su comunidad a la irresponsable y miope subida del SMI, que el Gobierno de su correligionario Pedro Sánchez ha decidido elevar hasta los 950 euros.
A eso habría que sumar los perniciosos efectos que ya han causado sobre el empleo la proyectada derogación de la reforma laboral y la anunciada política de mayor gasto público, mayor presión fiscal y mayor endeudamiento del tándem Sánchez-Iglesias.
El Gobierno socialcomunista, en la misma senda que el régimen bolivariano de Chávez y Maduro, no vincula el incremento del paro con ninguna de sus nefastas políticas económicas sino que carga contra las cadenas de supermercados, a las que, en esta escalada de demagogia, pretende amedrentar como si esto fuera la Venezuela del "¡Exprópiese!".
Por lo pronto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado una reunión con las empresas de gran distribución para abordar la disparidad entre el precio del producto agrario en origen y el precio de venta al público, disparidad que el sector podemita del Gobierno pretende atajar imponiendo a los supermercados precios mínimos en la adquisición de esos productos a los agricultores. Esa lógica disparidad, sin embargo, se debe a los costes de tratamiento, embalaje, almacenaje y, sobre todo, transporte, que nuestros demagogos gobernantes parecen ignorar. Por otra parte, si esa disparidad obedeciera a una posición semejante al monopolio de los supermercados, tal y como socialistas y comunistas tratan de vender, la solución radicaría en liberalizar y hacer más competitivo el sector de la distribución, en ningún caso en imponerle unos precios mínimos que o bien dinamitarían la comercialización o bien encarecerían la cesta de la compra.
No es encareciendo coactivamente la contratación mediante salarios mínimos, y la cesta de la compra mediante el pago de precios mínimos a los agricultores, como el Gobierno va a atajar el problema del paro. Ni en el campo ni en ningún otro ámbito productivo.