Las Administraciones Públicas gozan hoy del mayor volumen de recursos jamás gestionado por Hacienda. Sin embargo, el nivel de gasto sigue siendo superior a los ingresos en unos 30.000 millones de euros y, de hecho, dicho déficit se ha mantenido prácticamente constante entre los años 2018 y 2019.
Ante esa situación, no son pocos los partidos políticos que han asegurado que esta brecha podría cerrarse definitivamente si la economía sumergida saliese a flote. El problema, no obstante, es que muchas de las estimaciones que se han realizado al respecto incurren en cálculos excesivamente optimistas que arrojan cifras "mágicas" relativas a la recaudación potencial que generaría un paradigma de menor actividad en B.
Funcas, por ejemplo, ha llegado a afirmar que la pérdida recaudatoria es tan alta que ronda los 70.000 millones de euros, lo que equivaldría prácticamente al 6% del PIB. Por su parte, Gestha ha cifrado en 59.000 millones el impacto en las arcas públicas derivado de la actividad económica que tiene lugar en negro. Por su parte, Podemos ha asegurado que sus medidas recaudatorias orientadas a obtener ingresos de la economía sumergida podrían generar 38.500 millones para el fisco.
Sin embargo, la Agencia Tributaria ha hecho una aproximación a esta cuestión, incluida en su último Plan Estratégico, que sienta las bases de actuación del organismo para el periodo 2020-2023. Desde el ente encargado de gestionar la recaudación subrayan que, aunque "existe una alta percepción de la existencia de fraude, cabe plantearse si tal percepción concuerda con la realidad".
En este sentido, el documento destaca que los informes sobre el tamaño de la economía sumergida "son controvertidos y plantean importantes problemas metodológicos, hasta el punto de que los principales organismos internacionales aprobaron en 2006 un comunicado conjunto advirtiendo de sus limitaciones y de los riesgos que conlleva su uso con fines políticos o mediáticos".
El párrafo anterior alude a una declaración emitida en 2006 por el Grupo de Trabajo para la Contabilidad Nacional, un proyecto que agrupa a la OCDE, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Comisión Europea. Dicho pronunciamiento, que ya tiene catorce años de historia, carga las tintas contra el tipo de estudios que, precisamente, han recibido una amplia cobertura en los medios de comunicación.
Así, la Agencia Tributaria recuerda que "en ocasiones se presentan cifras muy llamativas sobre el tamaño de la economía sumergida que responden en buena medida a inconsistencias entre las magnitudes utilizadas para su determinación. De hecho, cuando algún organismo internacional decide publicar alguno de estos estudios y se introducen las debidas cautelas y ajustes metodológicos para evitar duplicidades y sobreestimaciones los resultados se moderan significativamente".
Un buen ejemplo lo tenemos en los cálculos de Friedrich Schneider, un economista ampliamente reconocido por sus investigaciones sobre estas cuestiones. Hace aproximadamente una década, Schneider apuntó que la economía sumergida española ronda el 25% del PIB. Sin embargo, tras depurar su metodología con los ajustes que recomendó el Fondo Monetario Internacional, Schneider reconoció que, en realidad, el tamaño de la economía sumergida de nuestro país está ligeramente por encima del 11% del PIB, muy por debajo de sus anteriores cálculos.
Por otro lado, la AEAT destaca en su Plan Estratégico que "constituye un claro error de concepto aplicar el porcentaje que representa la presión fiscal sobre el PIB a la cifra estimada de economía sumergida para de esta forma calcular la recaudación que se lograría si se consiguiera su conversión en economía formal", puesto que "en la economía sumergida se incluyen actividades ilegales de imposible transformación en economía oficial, así como actividades de subsistencia que difícilmente serían viables si se regularizaran o ingresos que nunca tributarían considerando la existencia de mínimos exentos e incentivos fiscales. Además, en ocasiones se pagan impuestos incluso desarrollándose actividades ocultas (por ejemplo, el IBI)".
En consecuencia, tal y como recordaba el Consejo General de Economistas en su informe de 2017 sobre el fraude fiscal y el problema de su estimación, "solo un 60% de la economía sumergida es susceptible de generar ingresos tributarios si se regularizase", de modo que la cifra sobre la que se podría centrar el tiro no asciende al 25% del PIB que comúnmente se maneja, sino que se sitúa por debajo del 7% del PIB.
"Aplicando a este último porcentaje el 35,2% que representa la presión fiscal sobre el PIB, se podría estimar que el coste recaudatorio que representa la economía sumergida se sitúa en el entorno del 2,36% del PIB. Cabe observar que la Agencia Tributaria gestiona aproximadamente el 50% de los ingresos tributarios totales del país, por lo que se puede estimar que el margen sobre el que la Agencia puede actuar por lo que se refiere a los incumplimientos fiscales derivados de la existencia de economía sumergida se sitúa en torno al 1,18% del PIB, es decir, en torno a 14.160 millones", concluye la AEAT.
Lejos quedan, pues, las estimaciones y los cálculos de Funcas, Gestha o Podemos. En realidad, incluso si estuviésemos ante una situación utópica en la que Hacienda logra materializar todos esos ingresos potenciales de un año para el otro, el aumento de los ingresos sería moderado y, de hecho, apenas reduciría en un tercio el déficit presupuestario.