"Hago un llamamiento a los empresarios: no despidan a los trabajadores, es una crisis temporal". Con estas palabras, Pedro Sánchez anunciaba este martes la norma estrella, al menos en el ámbito laboral, con la que su Gobierno se enfrentará a la crisis desatada por el Covid-19.
El "Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19" incluye en su capítulo II un puñado de "medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos". La opción que han elegido Sánchez, Nadia Calviño, vicepresidenta económica, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, consiste en agilizar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y facilitar que los trabajadores afectados puedan cobrar la prestación por desempleo incluso aunque no cumplan los períodos mínimos de cotización exigidos normalmente.
El planteamiento, según explicó el propio Sánchez en su comparecencia ante la prensa es que, en una crisis, hay que evitar como sea los despidos. Es decir, se asume que cuando los empresarios pasan por dificultades, el despido es un arma muy peligrosa: porque luego, si las cosas mejoran, es una medida que es complicada de revertir. Vamos, que no hay marcha atrás. Por eso, se escoge el mal menor: facilitar los ERE temporales (ya sea con la suspensión del contrato o la reducción temporal de la jornada de trabajo). ¿Y cómo se hará? Pues acortando los plazos para la tramitación del ERTE y aceptando que los expedientes motivados por la crisis del Coronavirus se puedan acoger al supuesto de "fuerza mayor" (normalmente, se reserva para accidentes o casos similares como, por ejemplo, una fábrica que se quema). Además, se exonera a la empresa al pago de la cuota empresarial a la Seguridad Social mientras dure el ERTE: es decir, se le pone muy fácil al empresario que acuda a este mecanismo de flexibilidad, con el objetivo de que opte por el mismo y no recurra al despido.
Hasta aquí, todo más o menos lógico. Es una medida sobre la que ya habían hablado patronal y sindicatos, y que numerosos expertos habían propuesto en los últimos días. Lo extraño es que supone un refrendo, no explícito, por supuesto, de una de las normas más criticadas por los dos partidos que forman el actual Gobierno. Tanto PSOE como Podemos han atacado de forma reiterada la reforma laboral que el PP aprobó en 2012, con Fátima Báñez como ministra de Empleo. Pues bien, la medida más importante de aquella reforma fue precisamente ésta, la que permitía que las empresas acudieran a mecanismos de flexibilidad interna como estos en los momentos de crisis. En los años transcurridos desde la aprobación de aquella reforma, PSOE y Podemos (también los sindicatos) han sido muy críticos por lo que entendían que era una forma de abaratar el despido o de entregar al empresario el poder para empeorar, de forma unilateral, las condiciones de trabajo de sus empleados. La precarización del empleo ha sido, con razón o sin ella, uno de los grandes lemas de los partidos que forman el Gobierno. Ahora, sin embargo, cuando llega una crisis, los críticos del 2012 se convierten en los adalides de la flexibilidad y dan un paso más en lo que aquella norma proponía.
En este sentido, hay que recordar que diversos organismos, desde el FMI a BBVA Research, han estimado que la reforma laboral de 2012 contribuyó a evitar hasta un millón de despidos en nuestro país gracias a estas medidas de flexibilidad, que permitían a los empresarios recurrir a otras herramientas que no fueran la habitual de echar a sus trabajadores a la calle. Además, con los mecanismos de ajuste previstos en aquella norma, la relación laboral se mantenía (con menos horas a la semana o con suspensiones temporales del empleo), por lo que, una vez que la situación económica mejoraba, lo habitual era que también el empleo lo hiciera. Algunos de esos estudios apuntados anteriormente aseguran que, de haber estado en vigor la reforma desde 2008, se hubieran evitado más de 2 millones de despidos en los peores momentos de la crisis. Y también podríamos preguntarnos, ¿cómo reaccionarían ahora las empresas si no estuviera en vigor esa reforma? Es decir, ¿cuántos despidos habría en estos meses si se mantuviera la regulación vigente en 2008?
Por eso, lo que llama la atención no es tanto que en un momento de crisis como éste se recurra al mismo instrumento que en la crisis de 2012, sino quién lo hace. Porque "derogar la reforma laboral" ha sido probablemente la promesa más reiterada por PSOE y Podemos en los últimos cinco años. Cada partido por separado y en los documentos que han firmado conjuntamente. No importaba lo que dijeran el Banco de España, los socios de la UE, el Banco Central Europeo o los servicios de estudios. Ni siquiera las voces que, dentro del propio Ejecutivo (como Nadia Calviño) defendían los efectos de la reforma. La línea oficial era que los términos "reforma laboral, PP, Fátima Báñez o precarización del empleo" eran sinónimos y había que acabar de un plumazo con todos ellos. Y el discurso de la izquierda incidía en que se había aprovechado la crisis como excusa para implantar un nuevo modelo de relaciones laborales. Pues bien, enfrentada a una crisis todavía más importante que la de 2012, esa misma izquierda recurre a los mismos mecanismos que tanto criticó cuando los aprobó el PP. El coronavirus está obligando a cambiar muchos relatos… y no sólo en lo que hace referencia a si esto era "como una gripe" o España "apenas tendría unos cuantos casos diagnosticados".