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Calviño se niega al cierre total de la producción en España por el coronavirus

Cada vez son más los que suman a la idea de cerrar cualquier actividad industrial que no esté dirigida a un servicio esencial.

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Cada vez son más los que suman a la idea de cerrar cualquier actividad industrial que no esté dirigida a un servicio esencial.
Nadia Calviño, en la rueda de prensa de este lunes | EFE

España no seguirá la estela de Italia y no paralizará las actividades productivas que no sean esenciales. Al menos, de momento. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que "el impacto de las medidas de contención reforzada", que son medidas "muy restrictivas", está "ralentizando significativamente la actividad económica", como vemos en los datos de consumo de energía o de combustibles. Todavía, el Gobierno no ha publicado ningún dato oficial sobre cómo afectará la crisis del coronavirus a nuestra economía, aunque todo apunta a que la recesión es inminente.

Buena parte de las preguntas que los periodistas han dirigido a Calviño han ido en la línea de la decisión de Italia de cerrar las fábricas y tiendas de los negocios no esenciales hasta el 3 de abril. En el país transalpino ya sólo podrán operar farmacias, supermercados, parafarmacias, bancos, correos y aseguradoras, mientras que en España lo que el Gobierno ha prohibido es el comercio minorista físico, pero no la industria, siempre que trabajen a puerta cerrada. Por eso, los albañiles siguen trabajando en la obra y los españoles siguen comprando ropa por internet y todo tipo de productos desde las webs de las propias empresas o desde Amazon. Porque las fábricas están abiertas. De hecho, las empresas ofrecen descuentos y envíos a domicilio gratis para fomentarlo.

La socialista ha asegurado de que "la prioridad" del Ejecutivo es "la salud de los trabajadores", pero también "salvaguardar el empleo con el fin de recuperar el crecimiento", por lo que el Gobierno celebrará que las compañías permitidas sigan operando en nuestro país. Las arcas públicas serán las principales beneficiadas de esta decisión, ya que si las empresas siguen activas, siguen pagando impuestos y sus empleados no pasarán a formar parte de las cascadas de ERTE que se están dando en España y cuyos trabajadores pasarán automáticamente a cobrar el paro.

Que las empresas que pueden trabajar, lo hagan

Tanto es así, que la ministra Yolanda Díaz ha lanzado un aviso a empresas como Burger King, que han presentado un ERTE para 14.000 empleados en nuestro país, mientras han decidido suspender el servicio a domicilio, un servicio que sí era aceptado por el Gobierno. En el ministerio que dirige la gallega, tendrán muy en cuenta a las empresas que quieran acogerse a un ERTE cuando tienen permiso para trabajar en medio de la pandemia. Un caso similar es el de Alsea, la dueña de VIPS o Domino’s Pizza, que también ha decidido cerrar sus tiendas, suspender el delivery y lanzar un ERTE para 22.000 empleados. De mantenerse el servicio a domicilio, el número de empleados afectados sería menor y le costaría menos al Estado. Las empresas lo justifican por la seguridad de sus empleados, pero Trabajo lo pone en duda.

Calviño no se ha referido a la cantidad de empresas que siguen trabajando con normalidad en nuestro país y que no tienen una actividad "esencial". Eso sí, ha dicho que el Gobierno trabaja en el aprovisionamiento de equipos de seguridad y la reorganización de los turnos de trabajo para que puedan continuar activas. En este sentido, la vicepresidenta de Asuntos Económicos se ha limitado a decir que "la actividad económica se está orientando en los ámbitos que son necesarios". Es cierto que empresas como L'Oreal, Inditex o Nivea han empezado a fabricar productos sanitarios en España, pero no son todas. La socialista ha declarado que "para que un hospital funcione, tiene que seguir funcionando la industria química del país; o el textil, para los vestidos sanitarios; o el agroalimentario para la comida. Básicamente estamos garantizando las actividades esenciales".

Sobre endurecer todavía más la actividad de algunos negocios, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado que "las medidas tienen que ser ejecutables. Lo peor es generar medidas que no se cumplan. La medida de hoy es seguir cumpliendo estas medidas, que son las más drásticas de las UE", aunque se ha olvidado de la última decisión de Italia.

Voces en contra

Quien ha seguido el ejemplo de Italia ha sido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha firmado una orden que ha enviado al Gobierno para exigir que cesen en su región todas las actividades que no sean esenciales. Para el presidente murciano, entre esas actividades estaría el transporte de mercancías, la industria alimentaria, los establecimientos de alimentación, gasolineras, bancos, servicios de Correos, Medios de Comunicación o las empresas del sector primario. El resto, debería cerrar. "Prefiero el desgaste económico a la pérdida de vidas humanas", señaló. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha abogado por cesar a la italiana esas actividades industriales.

También están a favor de esa vía los Anticapitalistas, integrada en Podemos hasta el mes pasado, que han lanzado una campaña en internet para solicitar un plan de choque contra el coronavirus, que incluya la suspensión de la actividad productiva, salvo en sectores esenciales.

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