El Gobierno ha aprobado el uso del bioetanol para fabricar geles desinfectantes. Por el momento, el etanol está en periodo de revisión dentro de la Comisión Europea y no ha sido aprobado de forma comunitaria. Sin embargo, las medidas aprobadas por la Unión Europea permiten a los gobiernos hacer uso de sustancias que todavía se encuentren en periodo de revisión y que no hayan sido aprobadas para lanzarse al mercado.
La aprobación para el uso de este alcohol de origen vegetal ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por orden del Ministerio de Sanidad. Según el documento, el bioetanol es un "el alcohol etílico o etanol obtenido a partir de la fermentación de los azúcares que se encuentran en diversos productos vegetales, tales como cereales, remolacha, caña de azúcar o biomasa".
El bioetanol, además, puede ser usado como combustible. De hecho, la mezcla de este producto con gasolina da lugar a un biocombustible de alto poder energético con características muy similares a las del derivado del petróleo, pero con una notable reducción de gases contaminantes en motores tradicionales. Es más, el uso de este producto no requiere una modificación de los motores tradicionales. Sin embargo, en la Unión Europea se han puesto varias restricciones técnicas al uso de este producto como combustible, pero en Estados Unidos o Suecia ya es más común.
Mascarillas y batas sin CE
Además, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar desde ayer martes "de forma expresa", durante el estado de alarma, la puesta en el mercado y la puesta en servicio de productos como mascarillas y batas quirúrgicas que no hayan pasado la evaluación del marcado CE.
Así se recoge en una orden del Ministerio de Sanidad, de 6 de abril, publicada ayer martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La medida afectaría a empresas como la cooperativa Bexen Medical, que forma parte de la Corporación Mondragón, con la que el Gobierno ha llegado a un acuerdo para fabricar 60 millones de mascarillas.