Las comunidades autónomas del PP (Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta) han enviado una carta al Ministerio de Hacienda para reclamar mecanismos de financiación adicionales y sin condiciones para poder hacer frente a la lucha contra el coronavirus. En la carta, con fecha del 14 de abril, las regiones señalan que se enfrentan "al mayor reto sanitario y económico de la historia reciente de España" por la pandemia.
Las Comunidades Autónomas, "en atención a las competencias atribuidas en materia sanitaria, conforman la primera y principal línea de lucha contra la Covid-19, pero esta batalla resultará infructuosa sin el firme y decidido apoyo del Gobierno central para facilitar los recursos indispensables que garanticen su superación", apuntan en la misiva. Dada "la importancia y gravedad de la situación", solicitan a María Jesús Montero que convoque "de urgencia" al Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar los siguientes puntos:
1. Financiación: creación y reparto de un fondo no reembolsable adicional a los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica para combatir la pandemia en todas sus vertientes, tanto sanitaria como económica, así como suspensión de la liquidación del año 2020 del Sistema de Financiación Autonómica. "Las necesidades financieras derivadas de la lucha contra la Covid-19 superan ampliamente las partidas presupuestarias vigentes, lo cual exige un apoyo extra por parte del Estado sin condicionalidad de ningún tipo, como tampoco tienen condicionalidad los nuevos mecanismos de ayuda que han puesto en marcha tanto la UE como el Eurogrupo. La única condición exigible radica en que el destino de tales fondos se dedique en exclusiva a la lucha contra la pandemia y sus efectos", señalan.
2. Fondos europeos: que se agilice cuanto antes la gestión de fondos europeos, de modo que este año se puedan ya certificar gastos de personal y material sanitario para paliar los efectos de la pandemia. "Asimismo, el nuevo marco fiscal y monetario que plantean las instituciones europeas abre una ventana de oportunidad para que la deuda pública autonómica pueda beneficiarse de unas condiciones más ventajosas que conviene analizar, sin menoscabar el cumplimiento de las reglas que aseguren una gestión responsable y leal de las finanzas públicas", añaden.
3. Suspensión de las reglas de estabilidad: aparte de la recepción de estos fondos adicionales, urge modificar las reglas de estabilidad presupuestaria para excluir del cómputo de déficit y deuda todos los gastos asociados a la lucha contra la Covid-19, autorizando, además, el endeudamiento necesario para hacer frente a dichos compromisos. "La suspensión temporal de los objetivos fiscales que aplica la UE a los estados miembro debe extenderse, como no puede ser de otra forma, a las Comunidades Autónomas, de modo que puedan contabilizar este gasto extra al margen de sus presupuestos ordinarios de 2020", apuntan.
4. Impuestos: "Las administraciones territoriales estamos adoptando medidas tributarias excepcionales para ampliar los plazos de tramitación y pago de los impuestos propios y cedidos, a la vez que agilizamos la devolución de los ingresos, procurando con todo ello mejorar la liquidez de los ciudadanos, unas actuaciones motivadas por las dificultades que generan las medidas de confinamiento. La extrapolación de estas iniciativas por la Administración General del Estado es una reclamación constante de empresas y autónomos que conllevaría una extraordinaria mejora de su liquidez sin coste efectivo para la hacienda pública, especialmente si se agilizaran durante el mes de abril todas las devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al año 2019 o anteriores, y de las correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020 en el caso de las devoluciones mensuales", reclaman. En este sentido, también reclaman las cantidades pendientes de abonar a las Comunidades Autónomas como consecuencia de la no devolución de la liquidación de IVA de diciembre de 2017 o la reciente e inesperada anulación del reparto de fondos destinados a políticas activas de empleo, acordada de forma unilateral por parte del Gobierno, cuya adopción lastra las cuentas autonómicas. En el caso de la Comunidad de Madrid, se estima en 377 millones el impacto de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y los fondos para las políticas activas de empleo alcanzan los 139,5 millones de euros. Además, Madrid también reclama los 54 millones de euros por el re cálculo de las entregas a cuenta de 2019.
"No hay tiempo que perder. El éxito de esta batalla dependerá, en gran medida, de los recursos presupuestarios que se movilicen para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la Covid-19", concluyen.