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El plan de impuestos de Hacienda: aplazamiento in extremis y sin rebajas fiscales

El aplazamiento de los impuestos, que aprobó ayer martes el Gobierno, ha desatado las críticas de expertos y afectados.

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No habrá rebajas de impuestos para afrontar la crisis del coronavirus. El Gobierno de Pedro Sánchez tan sólo ha cedido a las súplicas de pymes y autónomos en ampliar al 20 de mayo la presentación de las declaraciones y las autoliquidaciones que iban a tener lugar en abril. Y lo ha hecho, in extremis, a un día de que terminara el plazo para domiciliar el pago de los impuestos, que se cumplía este miércoles 15.

Fue en el Consejo de Ministros de ayer, cuando se aprobó el Real Decreto-ley para el aplazamiento. Ni pymes, ni autónomos tendrán que presentar los pagos tributarios del cuarto mes del año, siempre que tengan facturaciones de menos de 600.000 euros, lo que deja fuera a la mediana empresa. En concreto, se podrá aplazar la presentación de la declaración trimestral del IVA, el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades y el del IRPF. Algunos detalles de la medida:

  • En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo.
  • Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo.
  • Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes.

Según los cálculos del Ejecutivo, la medida aprobada "beneficiará a 3,4 millones de contribuyentes, que representan el 95% de empresas y autónomos que deben presentar su declaración tributaria en abril". La moratoria tendrá un impacto de 3.558 millones de euros. "El Gobierno está dotando de mayor renta a muchos ciudadanos y de mayor liquidez a las empresas", presumió ayer la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior.

Sólo un mes de margen

Tal y como señala la referencia del Consejo de Ministros, "esta medida pretende dar un mayor margen a los gestores y asesores fiscales para recopilar la información necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes en un momento de gran dificultad por los efectos de la emergencia sanitaria". Como ya hemos publicado en Libre Mercado, los teléfonos de los asesores llevan semanas "saturados" ante la avalancha de empresas que están teniendo dificultades para llevar a cabo el pago de impuestos, tanto por la falta de ingresos como por el confinamiento, que les impide reunir la documentación necesaria o acudir a la oficina de la Agencia Tributaria en persona y/o a la de su gestor.

"Hacienda está demostrando muy poca sensibilidad. Muchas empresas están desesperadas porque no están ingresando nada, y no tienen liquidez, pero también porque no saben realizar el pago de impuestos por la web. Es un despropósito", denunciaba la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, Stella Raventós, a finales del mes de marzo, en este periódico. Raventós no daba crédito a que el departamento que dirige María Jesús Montero todavía no hubiera aplazado los pagos de impuestos en España. Al final lo ha hecho, sí, pero sólo un mes y un día antes de que se terminara el plazo para realizar el pago domiciliado. Si Hacienda hubiera decidido finalmente no llevar a cabo la medida, hubiera obligado a todos los contribuyentes a acudir en persona al banco para abonar sus obligaciones tributarias.

No es para pymes, es para micropymes

En el Consejo General de Economistas tampoco ha convencido del todo a medida. "El anuncio ha sido muy bien recibido", pero consideran "que su aplicación para empresas y autónomos que facturen hasta 600.000 euros al año resulta restrictiva, si tenemos en cuenta que el volumen de negocio requerido a nuestras empresas para que puedan beneficiarse de esta moratoria supone solo un tercio de lo que en Europa se entiende por una microempresa". Según la Comisión de la Unión Europea, se entiende por pequeña y mediana empresa (pyme) a aquella que emplee a menos de 250 personas y que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros; por pequeña empresa, a aquella que emplee a menos de 50 personas y tenga un volumen de negocio anual que no supere los 10 millones de euros; y por microempresa, a aquella que emplee a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocio anual no supere los 2 millones de euros. Así, el nuevo anuncio de Sánchez y Montero iría dirigido técnicamente a la microempresa.

Aparte de lo anterior, "habrá que ver como se conjuga esa ampliación del plazo con el aplazamiento de las deudas resultantes de estas autoliquidaciones y de las ya presentadas de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto-ley 7/2020, del pasado 13 de marzo", señalaron en en un comunicado, tras la rueda de prensa de Montero. Además, los economistas "lamentan que se hayan dejado para la semana que viene otras medidas no aprobadas en el Consejo de Ministros y anunciadas por la ministra, como, por ejemplo, las relativas a empresarios en módulos y al cálculo del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades". Montero "ya había anunciado la posibilidad de que los autónomos que tributan por módulos puedan renunciar temporalmente a este sistema y realizar temporalmente el pago fraccionado por estimación directa", señalaron.

"Igualmente, esperamos que no caiga en el olvido y se pruebe en un próximo Consejo de Ministros la posibilidad de que las sociedades que calculan su pago fraccionado en función de la cuota de la última declaración presentada, pudieran modificar dicha opción ahora y calcularlo en función de la base imponible del primer trimestre, lo cual significa que se adaptará mucho mejor el ingreso a cuenta a la tributación final", añadieron los economistas.

Autónomos, "en la cuneta"

Para el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, esta medida, "aun siendo meritoria -máxime si tenemos en cuenta la difícil situación que están atravesando nuestras cuentas públicas- es una simple moratoria de un mes y no una condonación", aclaró.

Montero volvió a recordar ayer que el Ejecutivo socialista ya ha aprobado aplazamientos tributarios y moratorias por un máximo de 30.000 euros para autónomos y pymes para los próximos seis meses. Eso sí, sólo los primeros tres meses estarán libres de intereses. Lo que no ha hecho el Gobierno es bajar o eliminar ningún impuesto en nuestro país. Por mucho que "el Gobierno muestre su compromiso con pymes y autónomos, que conforman el grueso del tejido productivo de España", según señalan los socialistas, eliminar las cotizaciones de los empleados por ERTE y las de los autónomos (únicamente si cierran o facturan menos del 75%), son las dos ínfimas medidas que han aprobado en este sentido.

Es por eso quizá que los autónomos tampoco han quedado nada contentos con lo aprobado en el Consejo de Ministros. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) señala que este aplazamiento "llega tarde" y, además, que debería extenderse a julio, no a mayo. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, fue más allá, y denunció que "el Gobierno deja en la cuneta a 1,5 millones de autónomos que quedan fuera de cese de actividad sin tener trabajo y pagarán cuota en abril".

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