El Gobierno de Sánchez e Iglesias tiene indignados a la mayor parte de los sectores de la economía española. Esta semana, conocíamos el monumental enfado del turismo ante la "ignorancia y desprecio" de Garzón con el sector. Tanto es así, que la Mesa del Turismo exigía una rectificación "inmediata" o la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón -quien había calificado al sector de "estacional, precario y de bajo valor añadido".
Ahora, también conocemos que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha mostrado su "perplejidad y disgusto" ante la campaña "tóxica" de inspección extraordinaria que va a poner en marcha este mes el Ministerio de Trabajo y Economía Social para tratar de detectar casos de "esclavitud o prácticas similares" en explotaciones agrícolas de Andalucía.
Sobre este asunto, el secretario de organización de COAG Andalucía, Eduardo López, ha afirmado que es "inaudito e insólito" que se hable de esclavitud en el campo andaluz y que el Ministerio de Trabajo y Economía Social inicie una campaña de inspección en las explotaciones agrícolas. "No tiene ni pies ni cabeza", ha insistido apuntando que "España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura donde la gente esté en plan esclavo".
Asimismo, ha explicado en una nota de presa que desde COAG no se cuestiona ni el cumplimiento de la legislación laboral ni el funcionamiento de los cuerpos de inspección, "pero no podemos entender cómo desde el propio Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando los casos, si existen como tal, son muy aislados, existiendo además vías administrativas y jurídicas para erradicarlos, por lo que no se justifica un plan extraordinario". López ha trasladado el malestar generado en la organización y en el colectivo de profesionales del campo por esta iniciativa del Gobierno, ya que "estamos hartos de que, cuando llegan estas fechas y en otros países competidores empiezan a sacar sus producciones, nos hagan la guerra con este tipo de afirmaciones".
Asimismo, desde COAG Andalucía han destacado que "siempre han luchado" por unas condiciones laborales dignas en las negociaciones de los convenios provinciales del campo, de los planes de riesgos laborales, en el desarrollo de una vigilancia de la salud para los trabajadores, así como en fórmulas como los contratos en origen (incluido alojamiento) y los itinerarios de campaña, para dar las máximas garantías y cumplimiento de los derechos laborales a nivel nacional e internacional.
"El Ministerio de Trabajo y el Cuerpo de Inspectores deben cumplir con su obligación pero no entendemos cómo se puede hacer una campaña extraordinaria de estas características sólo y exclusivamente en el sector agrario", ha añadido. Finalmente, ha advertido que "lo que no puede el Gobierno es confundir asentamientos de inmigrantes irregulares con la cuestión laboral agraria". "Se trata de un problema que tiene el Gobierno y la Junta de Andalucía, que deben resolver ellos, y no endosárnoslo a los agricultores. Que se arremanguen y lo resuelvan", ha concluido.
Hay que recordar, que el campo español está sufriendo una grave crisis por la falta de mano de obra en plena pandemia. El Gobierno, de lo que tendría que encargarse, es de tramitar con celeridad los contratos para que la cantidad de demandantes de empleo que hay para trabajar en la agricultura puedan incorporarse y, así, no se pierdan las cosechas.