El Gobierno está consiguiendo enfadar a una larga lista de sectores de la economía española en la crisis del coronavirus. Es cierto que las patronales, las asociaciones o los sindicatos ejercen de grupos de presión sobre el gobierno de turno, pero es precisamente por eso, por lo que están acostumbrados a medir muy bien los calificativos y las críticas que hacen públicamente a los políticos. Tener buena armonía con los gobernantes es fundamental para los objetivos de estas organizaciones.
Pero ahora, el tono de crispación con Sánchez e Iglesias en determinadas ramas de la actividad es insostenible. La gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo, la aprobación de algunas medidas de imposible aplicación y las ofensivas declaraciones, sobre todo, provenientes del ala de Podemos, están caldeando mucho los ánimos de sus representantes. Tanto es así, que ya son varios los sectores que acusan al Gobierno, directamente, de despreciarles.
El turismo pide la dimisión de Garzón
Uno de ellos es el turismo, que ha mostrado su monumental disgusto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón. "Sus palabras, manifestando que el turismo es un sector de bajo valor añadido, con una actividad estacional y precaria, han causado un profundo malestar en la Mesa del Turismo", señaló en un comunicado esta asociación, que reúne a una cincuentena de empresarios y profesionales del sector. Su presidente, Juan Molas, lamentó "que un ministro de España se pronuncie con tanto desprecio" sobre un sector que lidera el ranking mundial de competitividad turística según el Foro Económico Mundial. De hecho, aunque sea un sector en el que existe una alta temporalidad en los contratos y una baja productividad en algunos de los puestos de trabajo que genera, es el único sector de nuestra economía con el que podemos competir en igualdad de condiciones con los países ricos.
"Es inaceptable que una persona que ocupa un cargo de su relevancia demuestre semejante ignorancia y desconocimiento sobre el sector turístico español, puntero a nivel internacional y reconocida referencia del I+D aplicado a su ámbito", recalcó el presidente de la Mesa del Turismo. "Lo menos oportuno es que una autoridad pública como el ministro Garzón mine la imagen de uno de los principales sectores generadores de riqueza, empleo y estabilidad del país y, además, lo haga con unas afirmaciones que no se corresponden con la realidad", añadió Molas. No le falta razón porque el turismo representa al 12,3% del PIB español.
Por estas razones, la Mesa del Turismo exigió "una rectificación inmediata de Garzón o su dimisión", mientras apeló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a que ponga orden en el Gobierno de coalición que reiteradamente viene arremetiendo, de una u otra forma, contra el turismo".
Y es que, semanas antes, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también le hacía un flaco favor al turismo con otras declaraciones. En una entrevista para Cuarto Poder, Iglesias llamaba a España a reducir su peso en el sector turístico. "Nuestro país, como cuarta economía de la zona euro, no puede depender exclusivamente de los sectores económicos que han sido hegemónicos en España durante las últimas décadas, como el sector inmobiliario o el turismo. El turismo siempre va a existir en España, es fundamental y lo vamos a proteger, pero nuestro país tiene que diversificar su producción", señalaba el líder de Podemos, que propone las energías renovables como alternativa. En ese momento, el vicepresidente de la principal patronal turística, Exceltur, también mostraba su disgusto con Iglesias. En una entrevista con Libre Mercado, José Luis Zoreda, señalaba que "no nos hacen ninguna falta declaraciones como estas, que subestimen, ninguneen y desprecien a un sector, que está claro que lo puede hacer mejor (…), pero ahora, estamos hablando de nuestra supervivencia". Cuando el turismo está perdiendo la friolera de "13.000 millones de euros al mes" en plena pandemia, Zoreda cuestionaba que fuera el momento de plantearnos cuál debe ser nuestro tejido empresarial". Tampoco dudó en responder tajantemente a Iglesias señalando que "a todos nos gustaría que Silicon Valley estuviera en Badajoz, pero es precisamente gente como usted la que no favorece que los negocios se desarrollen con libertad".
Exceltur viene criticando las diferentes actuaciones del Gobierno con el sector turístico desde la declaración del estado de alarma. La última medida con la que se han mostrado espantados es la cuarentena de 14 días obligatoria para todos los visitantes que lleguen a España. "Nadie en su sano juicio va a venir aquí a que le encierren", vaticinaba Zoreda.
Las fases de hostelería y comercio
Un sector relacionado con el turismo es la hostelería. Su patronal Hostelería de España ha denunciado que las fases para la "nueva normalidad" de Sánchez son "inviables" para los bares y restaurantes de nuestro país, señaló su presidente a este periódico. "Es la ruina del sector", declaró sin lugar a dudas. El Ejecutivo ha dividido la reapertura de la hostelería en cuatro fases que el sector considera "tremendamente confusas". Una de las medidas más polémicas, que después fue rectificada, fue la limitación al 30% de las mesas permitidas en las terrazas. Ahora está en el 50%.
El sector del comercio también se ha visto envuelto en diferentes polémicas con el Gobierno en plena pandemia. La última ha sido por la prohibición o no de las rebajas desde el pasado lunes, que obligó al Ejecutivo a rectificar su norma hasta tres veces. Además, los centros comerciales y las grandes cadenas de distribución han denunciado la "discriminación sin sentido" por no permitirles abrir en la fase 1. En este punto, el Gobierno ha hecho su enésima rectificación y permite a los locales de más de 400 metros cuadrados abrir con acotaciones del espacio.
Agricultores "acusados de esclavistas"
Las organizaciones agrarias, como Asaja o Coag, también han estallado contra el Gobierno, por acusarles, aseguran, de algo tan serio como "esclavizar" a sus empleados. Así lo ha señalado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía, que ha mostrado su "perplejidad y disgusto" ante la campaña "tóxica" de inspección extraordinaria que va a poner en marcha este mes el Ministerio de Trabajo para tratar de detectar casos de "esclavitud o prácticas similares" en explotaciones agrícolas de Andalucía. "No podemos entender cómo desde el propio Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando los casos, si existen como tal, son muy aislados, existiendo además vías administrativas y jurídicas para erradicarlos, por lo que no se justifica un plan extraordinario", señala su presidente, Eduardo López.
Desde Asaja Córdoba, van más allá, cargando duramente contra el cuestionario de la inspección que ha establecido la ministra, Yolanda Díaz, donde se realizan preguntas como: ¿presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras?, ¿existen otros indicios de confusión mental o de violencia?, ¿notifican los trabajadores las amenazas dirigidas contra ellos, sus compañeros o miembros de su familia? "Todas ellas son inaceptables y propias de alguien que obra de mala fe movida por un sectarismo ideológico inadmisible y un desconocimiento absoluto de la realidad, que le hacen estar incapacitada para desempeñar sus funciones de ministra, por lo que el Presidente del Gobierno debería cesarla de forma fulminante, o de lo contrario, se entendería que apoya este ataque a nuestro sector", llegan a señalar.
Debido a la pandemia, el campo español está sufriendo una grave crisis por la falta de mano de obra para recoger los cultivos. Los datos de Asaja señalan que la cantidad de interesados en trabajar en la agricultura superan a las vacantes existentes, lo que no significa que ya hayan empezado a trabajar debido a los problemas de movilidad por el coronavirus y a que es el Sepe el que se encarga de gestionar buena parte de los contratos.
Funcionarios ahogados por los ERTE
Precisamente los trabajadores del Sepe también han mostrado su hartazgo ante el colapso que están viviendo en sus puestos de trabajo por la incapacidad del Gobierno de pagar los ERTE a tiempo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el "clima de hostilidad" que se está generando hacia ellos, con episodios de acoso en las oficinas que están abiertas, debido al "profundo malestar y frustración" por los retrasos en las prestaciones de los ERTE.
CSIF señala que alrededor del 20% de los expedientes de ERTE y de otras medidas puestas en marcha por el Gobierno no se han podido tramitar todavía, pese a la labor que realizan sus plantillas desde el comienzo de la crisis, tanto en las propias oficinas como en sus domicilios "trabajando a doble turno y siete días a la semana, incluidos festivos, al objeto de poder atender las necesidades de miles de personas que se encuentran en una situación tan dramática". Por ello, se niegan a incorporarse a las oficinas, en la desescalada que está llevando a cabo el sector público, antes de estabilizar el abono de las prestaciones pendientes de trámite y abono a todos los trabajadores afectados.
La banca colapsada por los ICO
Otro colectivo que también se encuentra saturado por las medidas del Gobierno son los empleados de la banca, debido a la lluvia de peticiones de préstamos avalados por el ICO por parte de empresas y autónomos. Pero lo que peor ha sentado a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) han sido las palabras de Pedro Sánchez responsabilizando a las entidades del atasco de los créditos. "Lo que les pedimos a los bancos, y al sector financiero en concreto, es que trabaje por que lleguen cuanto antes esas líneas de garantías y la liquidez a aquellos para quienes fueron concebidas, que fueron trabajadores autónomos y también pymes", señaló el presidente.
"Todos los compañeros trabajaron mañana, tarde, noche y los días festivos de la Semana Santa, para que esa primera inyección de liquidez fuese posible y los trabajadores pudiesen cobrar sus nóminas el mes de abril. El ICO, en cambio, se dedicó a modificar los anexos de los expedientes, hecho que provocó numerosos retrasos en la formalización de algunos de los mismos", denuncia el sindicato. "No se puede trasladar la ineficacia de una administración, superada por las circunstancias, a un sector de trabajadores que se está dejando la piel", añadieron indignados.
Autónomos que pagan de más
Los autónomos están siendo el colectivo más golpeado por la pandemia y, también, en muchos casos, por el Gobierno. No sólo es que las ayudas no les lleguen o les lleguen tarde, es que, en los dos meses que les ha tocado pagar la cuota, muchos han denunciado que la Seguridad Social les ha cargado una factura que no les correspondía pagar porque habían cesado su actividad y no estaban teniendo ningún ingreso. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha sido de los más combativos con el Ejecutivo de Sánchez. Amor ha acusado al Gobierno de dejar en "la cuneta y abandonados" a los trabajadores por cuenta propia por estos motivos.