El Gobierno ya ha aprobado la renta mínima para "no dejar a nadie atrás"… siempre y cuando no se trate de un autónomo, un afectado por un ERTE o una pyme que clama por un crédito ICO para sobrevivir. O, directamente, el sufridísimo contribuyente.
Para dar luz verde a la ayuda que más titulares ha acaparado en las últimas semanas, el Ejecutivo convocó este viernes un Consejo de Ministros extraordinario, y por supuesto Pablo Iglesias no quiso perdérselo. Exultante, el vicepresidente chavista consiguió compartir escenario con el supuesto ideólogo del ingreso mínimo vital (IMV), Jose Luis Escrivá. Incluso, tomando antes la palabra, llegó a eclipsarlo. "Es un día histórico para nuestra democracia", dijo el comunista sin vergüenza; "gracias al presidente del Gobierno por atender la urgencia que le reclamé", dijo también, con su proverbial falsa modestia.
Al igual que Yolanda Díaz y sus secuaces del Ministerio de Trabajo fanfarroneaban sobre las prestaciones por desempleo que reparte el Estado a los más de 7 millones de españoles que se encuentran en paro o en ERTE, Escrivá e Iglesias celebraron a bombo y platillo la activación de la renta mínima. Que, según han calculado, en España haya 850.000 hogares, en los que viven más de 2,3 millones de personas, en situación "de pobreza severa" debería avergonzar a cualquier gobernante decente. Pero estamos hablando de Pablo Iglesias y su semejante Pedro Sánchez, que no quieren aliviar a nadie sino comprar –a precio de saldo– a cuantos más, mejor. He aquí el socialismo del siglo XXI en su versión española. Son lo que parecen: los nuevos caciques.
A partir del 15 junio, los candidatos al IMV podrán solicitar la ayuda por la vía telemática. La Seguridad Social dice que "a finales" de ese mes se estarán pagando las primeras 100.000 prestaciones. Dado que han pasado casi tres meses desde la declaración del estado de alarma y la banda de Iglesias y Sánchez aún no ha conseguido abonar todos los ERTE, lo más sensato es desconfiar. Así que seguramente los demandantes de esta nueva ayuda miserabilizadora no tarden en llevarse su primera decepción con sus benefactores.
El IMV presenta numerosos problemas. Así, para determinar si una familia es vulnerable o no, automáticamente se tendrán en cuenta los ingresos medios de todo 2019, cuando la pandemia y la consiguiente parálisis económica se produjeron a mediados de marzo de 2020. Pero si los solicitantes presentan una "declaración responsable" en la que manifiesten que se encuentran en una situación dramática, el Gobierno social-comunista asegura que estudiará sus casos y a fin de que puedan acceder a la ayuda.
Las ayudas de este tipo son un imán para inescrupulosos aprovechados y estómagos agradecidos en busca de caciques políticos a los que satisfacer, y con frecuencia desatienden a quienes verdaderamente precisan asistencia. Aunque el ninguneado Escrivá ha insistido en que el IMV no desincentiva la búsqueda de empleo, porque se puede combinar con un trabajo, lo cierto es que no se ha supeditado su cobro a la búsqueda activa de empleo. Tampoco se hará la menor vigilancia para evitar que la cobren quienes trabajan en la economía sumergida.
En principio, los socialcomunistas van a destinar 3.000 millones al año a esta su medida estrella. Para ellos no es gasto, sino inversión en caciquismo corruptor. Y por supuesto no pagarán ellos, los miserabilizadores. Sino el expoliado contribuyente.