Durante el año pasado los contribuyentes españoles tuvieron que desembolsar más de 80 millones de euros al día sólo para satisfacer los intereses de una deuda pública cercana a los 1,189 billones de euros, lo que venia a suponer el 95% del PIB. Pues bien. Esa cifra parece que va a palidecer comparada con la de este año, dado que la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas ha alcanzado en el mes de abril el máximo histórico de los 1,234 billones, el 99% del PIB.
No faltarán quienes traten de justificar acríticamente esta pésima noticia por los mayores e inevitables gastos que implica una crisis sanitaria como la del covid-19. Pero se trata de una excusa falaz, de una verdad a medias que, como dice el refrán, es la peor de las mentiras. Y lo es por varios motivos.
Para empezar, España ya comenzó el año con una de las deudas públicas más elevadas de la OCDE, y no por culpa de la epidemia que se desataría meses después, sino de la falta de control de las cuentas tanto del Gobierno de Sánchez como de los de Rajoy y Zapatero. En segundo lugar, porque parte del incremento de la deuda en lo que va de año se produjo ya en los meses de enero y febrero, cuando el coronavirus no había generado aún mayores gastos ni se había declarado el estado de alarma.
A este respecto, hay que señalar que el draconiano estado de alarma ha provocado una muy duradera paralización total del sector productivo, lo cual no hubiera sido necesario si el Gobierno se hubiera avenido a contemplar otras medidas de precaución y prevención sanitarias como las que le propusieron Vox y, poco después, el PP.
Pero la falacia radica sobre todo en que el mayor gasto sanitario y en ERTE que conlleva la pandemia no ha sido en ningún momento afrontado con un plan de austeridad que redujera gastos en otras partidas. Como ya se señaló desde el primer momento en estas mismas páginas, cualquier ciudadano, familia o empresa, ante la aparición de un gasto grande e inesperado, se aprieta el cinturón en otros ámbitos antes de recurrir alegremente al crédito. Sin embargo, el Gobierno ha seguido gastando a calzón quitado, sin importarle en absoluto incrementar una deuda pública ya sobredimensionada antes de la crisis sanitaria, y que va a ser una auténtica losa para la recuperación económica.
Lo peor de todo es que todas las previsiones barajan para final de año una deuda por encima del 120% del PIB; y el Gobierno se niega a toda medida de ajuste presupuestario que no vaya por la vía de una contraproducente y destructiva subida de impuestos.
Es de suponer que más pronto que tarde la UE y el BCE se cansarán de monetizar deuda para mantener Gobiernos tan manirrotos como el de Sánchez. Pero incluso entonces es de temer que el Gobierno recorte el gasto poco, tarde y mal.