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Subida de IVA, recorte de pensiones… la sombra de la austeridad se cierne sobre Moncloa

Los fondos prometidos por la Unión Europea estarán ligados a reformas estructurales que permitan reducir los desequilibrios de largo plazo.

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Los fondos prometidos por la Unión Europea estarán ligados a reformas estructurales que permitan reducir los desequilibrios de largo plazo.
Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. | EFE

Entre los años 2012 y 2014, el gobierno de Mariano Rajoy redujo el gasto público total de 502.000 a 466.000 millones de euros. Entre 2015 y 2017, este epígrafe volvió a expandirse, pero lo hizo por debajo del ritmo de aumento de los ingresos tributarios, hasta situarse en el entorno de los 479.000 millones. Medido en relación con el PIB, el peso del Estado pasó del 48,7% al 41,2%.

Sin embargo, la llegada al poder del PSOE ha estado marcada por un fuerte repunte de los desembolsos públicos. En 2018, el presupuesto volvió a superar los 500.000 millones, mientras que en 2019 se registró un gasto equivalente a 522.000 millones. Esta evolución hizo que el curso pasado fuese el primero desde 2012 en que las cifras de déficit no solo no mejoraron, sino que fueron a peor y reflejaron un aumento del descuadre presupuestario.

Si la deriva fiscal ya era preocupante a comienzos de 2020, la crisis del coronavirus solo ha contribuido a multiplicar el problema. El propio gobierno reconoce que el peso del Estado en 2020 se puede disparar hasta alcanzar el 51,5% del PIB, dejando a España con un déficit de más del 10% del PIB. Las previsiones de la mayoría de organismos internacionales y casas de análisis dibujan un escenario aún peor.

El fondo europeo de reconstrucción que ha anunciado la Unión Europea puede ayudar a que los ajustes requeridos se pospongan de 2020 a 2021. El "rebote" de la actividad y la flexibilidad laboral permitida por los ERTE también pueden hacer que el diferencial negativo esperado para el próximo año sea menos acusado que el del ejercicio en curso. Sin embargo, las cifras son las que son y arrojan un escenario de profundo desequilibrio presupuestario que, tarde o temprano, exigirá la adopción de medidas de austeridad.

De momento, el gobierno de PSOE y Podemos solo ha agravado el problema al anunciar una batería de medidas de gasto, incluyendo un plan de rehabilitación de vivienda, un plan de rescate para el sector automovilístico o la introducción de un programa de renta mínima. En paralelo, el Congreso ha movido ficha y anunciado subidas fiscales como la tasa Tobin o la tasa Google, cuyo potencial recaudatorio ni siquiera cubre los gastos asociados al llamado Ingreso Mínimo Vital.

Además, no hay que olvidar que los fondos prometidos por la Unión Europea estarán ligados a reformas estructurales que permitan reducir los desequilibrios de largo plazo. En este sentido, la austeridad no solo es irrenunciable por puro cálculo financiero, sino que también va asociada a la estrategia de supervivencia basada en el programa de "rescate" que ha anunciado Bruselas.

Contar con Nadia Calviño en la jefatura del Eurogrupo ayudaría a modular estos planes. Sin embargo, Moncloa sabe que su nombramiento puede ser un arma de doble filo, puesto que iría de la mano de una retórica pro-austeridad que tiene difícil encaje en el pacto de gobierno PSOE-Podemos. Además, diversos países están maniobrando ya para intentar descarrilar su posible candidatura, que a priori parte como favorita pero aún no ha sido lanzada formalmente por los titubeos de Sánchez.

Tirón de orejas de la Airef

Mientras tanto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha dado un tirón de orejas al gobierno y ha recordado que "la incertidumbre no puede ser una excusa". Según ha señalado la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, en una comparecencia en el Congreso, el "déficit es persistente y estructural" y "el nivel de deuda es muy elevado", de modo que el Ejecutivo debe "hacer autocrítica" y empezar a tomar medidas de consolidación.

Pero, ¿qué ajustes pueden favorecer esa mejora del saldo fiscal? Aunque el gobierno habla de subir los impuestos "a los ricos", lo cierto es que el potencial recaudatorio de este tipo de medidas es muy limitado, puesto que España ya es uno de los países que más impuestos cobra sobre la riqueza de los contribuyentes. En consecuencia, parece evidente que, incluso si se aprueba este tipo de recargos fiscales "a los ricos", será necesaria la adopción de ajustes de mucho mayor calado.

IVA y pensiones, en el punto de mira

Uno de los aspectos que más preocupa en Bruselas es el IVA. El impuesto indirecto tiene menos peso en España que en el resto de países comunitarios. Por este motivo, la mayoría de los informes de situación que emite la Comisión Europea suelen insistir en que esta figura fiscal debería ser revisada al alza para aumentar el potencial recaudatorio de nuestro país. No hay que olvidar, de hecho, que el tipo general de este tributo ya subió del 16% al 18% al comienzo de la pasada crisis y volvió a aumentar hasta el 21% en los peores momentos de la Gran Recesión.

Otra cuestión que también está encima de la mesa es el déficit del sistema de pensiones, que lleva años enquistado por encima de los 15.000 millones de euros, motivando que las pensiones se paguen a golpe de endeudamiento público. Uno de los posibles recortes en este plano consistiría en poner coto a las jubilaciones anticipadas, que suponen casi el 45% del total. Además, también se plantea ampliar los años de cálculo de la pensión, siempre para favorecer que las prestaciones abonadas sean más bajas.

Ayer jueves, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, clamó por llegar este año a un acuerdo sobre pensiones en el Pacto de Toledo, pero también criticó que en España se jubilaran tan pronto los trabajadores, como viene haciendo desde que fuera presidente de la Airef. Según el titular del Ministerio, esta incertidumbre respecto a las pensiones y lo que supone no ponerse de acuerdo, "no solo genera esta situación injusta, sino que se está abocando a que haya personas que tomen decisiones inadecuadas", como las jubilaciones anticipadas.

Además, puesto que el aumento del paro tiene el efecto secundario de reducir la recaudación fiscal, la UE vigilará la normativa laboral, para evitar que el gobierno de PSOE y Podemos cumpla su promesa de derogar las medidas de flexibilidad introducidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.

Estos tres puntos ponen en jaque el acuerdo entre las dos fuerzas izquierdistas que ocupan el gobierno. Subir el IVA, recortar las pensiones y mantener la reforma laboral son medidas inasumibles para socialistas y comunistas. En consecuencia, el nuevo contexto obligará a ambas agrupaciones a desdecirse de su programa o, de lo contrario, terminará provocando la caída del gobierno.

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