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Reincidentes en el error: España sigue incentivando que sus pymes no crezcan

Hernández de Cos recuerda en el Congreso que el tejido productivo español es más vulnerable ante la crisis por el tamaño de nuestras empresas.

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Hernández de Cos recuerda en el Congreso que el tejido productivo español es más vulnerable ante la crisis por el tamaño de nuestras empresas.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, este martes, en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso. | EFE

Tras el acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos, las condiciones para las empresas que prorroguen un ERTE hasta septiembre serán las siguientes:

Las que cuentan con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración decreciente en las cotizaciones de sus empleados del 70%, 60% y 35% en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Para las empresas de 50 y más trabajadores, las exoneraciones pasarían a ser del 50%, 40% y 25%, en julio, agosto y septiembre, respectivamente.

¿No hay nada extraño? A primera vista, no. Es cierto, son condiciones algo peores que las que han disfrutado las empresas españolas en estos meses de Estado de Alarma: hasta ahora, las de 50 empleados o menos no tenían que pagar nada por las cotizaciones de los trabajadores acogidos al ERTE y las más grandes estaban exentas en un 75% de estos costes. Pero más allá de ese endurecimiento en las condiciones (que se preveía una vez pasase el confinamiento y se volviese, poco a poco, a la actividad), no hay nada que llame la atención.

El planteamiento es el habitual en España: en la gran mayoría de las normas que afectan a las empresas, se suelen establecer dos categorías. La primera, para las pymes. Ahí la frontera suelen ser los 50 trabajadores, aunque hay otros límites (en ocasiones, también se usan las cifras de facturación). A partir de ahí, las empresas más grandes hacen frente a otras condiciones, siempre más duras, que las que quedan por debajo del umbral fijado por Economía, Trabajo o el ministerio del que se trate.

Ahora, otra mirada a un documento que también se ha publicado esta semana. Se trata de la transcripción del discurso de Pablo Hernández de Cos ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras el Covid-19. Así es como empezó el cuarto epígrafe de su intervención, el dedicado a las reformas estructurales que debería acometer la economía española para consolidar el crecimiento a medio plazo:

La economía española se caracteriza por el reducido tamaño de sus empresas. Y precisamente en las pymes españolas se observa un diferencial de productividad negativo elevado con respecto a las europeas. Potenciar su crecimiento permitiría no solo aumentar la productividad, sino también mejorar la solidez financiera del tejido empresarial. Para ello, habría que asegurar que los objetivos buscados por todas las regulaciones que introducen una cierta discriminación empresarial por razón de su tamaño sean compatibles con la competencia y no planteen obstáculos al crecimiento empresarial.

Tampoco estas palabras sorprenderán a nadie. Desde hace años, el tamaño del tejido empresarial español es un clásico en todos los documentos sobre productividad, crecimiento, reformas estructurales, protección del empleo… de la economía española.

Lo que quizás sí debería ser chocante es la normalidad con la que aceptamos que estos dos discursos convivan en la realidad española. Y ni siquiera hablamos de la normativa concreta de los ERTE con la que abríamos este artículo. Ese es sólo un ejemplo. A lo mejor en este caso estaría justificada la diferencia (o no; sería bueno que alguien tratase de analizar el impacto de cada norma y su justificación). Pero el problema va más allá de una disposición u otra: ésta es una realidad que, en España, apenas tiene excepciones. En toda la legislación de urgencia aprobada en esta crisis del coronavirus, ha habido diferencias entre empresas según su tamaño: algo que es contradictorio con lo que defienden los mismos partidos cuando hablan de las reformas estructurales pendientes.

A excepción de la extrema izquierda (aunque es cierto que, ahora que está en el Gobierno, su influencia ha aumentado de forma considerable), todos los partidos políticos, también el PSOE, apelan con frecuencia a la necesidad de incentivar el crecimiento empresarial en España. Por muchas razones, que también ha explicado Hernández de Cos en sus repetidas comparecencias ante las diferentes comisiones del Congreso (los siguientes textuales, están recogidos de la del pasado 18 de mayo ante la Comisión de Economía):

Es importante destacar que algunas características de nuestra economía hacen que esta sea más vulnerable que las de otros países a la perturbación a la que nos enfrentamos, como la especialización sectorial de nuestro tejido productivo, el reducido tamaño medio de las empresas y el elevado grado de temporalidad en el empleo (…)

En cuanto a la estructura empresarial, España se caracteriza por un peso de las pymes comparativamente más elevado que en la mayoría de las economías del área del euro. En concreto, en 2019 el 90 % de las empresas tenían menos de diez trabajadores (frente al 75 % de Alemania). El reducido tamaño medio de las sociedades no financieras sitúa al tejido productivo español en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la pérdida de ingresos como consecuencia de la crisis del Covid-19, dado que, con carácter general, las pymes cuentan con un menor acceso a la financiación externa y unos costes fijos más elevados en proporción de la facturación (…)

En el caso de los hogares y las empresas no financieras también persisten algunos segmentos en situación de elevada fragilidad financiera. Por ejemplo, en el caso de las empresas, las de menor tamaño presentan una mayor vulnerabilidad a un escenario de caída de los ingresos

Hay muchos factores que influyen en esta falta de crecimiento. Y, en algunos casos, no está claro si un indicador es causa o efecto (o un poquito de cada). Por ejemplo, la productividad parece que influye en los dos elementos de la ecuación: las empresas no crecen porque no son productivas y, al mismo tiempo, el hecho de que no crezcan no ayuda a la productividad. Casi como una especie de pescadilla que se muerde la cola.

Pero uno de esos factores que limitan el crecimiento es, sin duda, la regulación, que no sólo no ayuda, es que lo desincentiva. En su comparecencia ante los diputados, Hernández de Cos explicaba un caso que parece casi anecdótico, que suena incluso a picaresca, pero que es muy real (aquí, el vídeo y el tuit con las explicaciones de Miguel Almunia, uno de los economistas que realizó el informe que cita el gobernador):

  • la Agencia Tributaria estableció hace años un procedimiento de inspección específico para las grandes empresas;
  • así, a partir de un determinado volumen de negocios, hay más posibilidades de que te investiguen;
  • pues bien, la realidad es que justo antes de alcanzar ese volumen de negocio, se produce una "discontinuidad", como apuntaba Hernández de Cos;
  • o, lo que es lo mismo, las empresas intentan quedarse por debajo del umbral de ingresos que las situaría en el radar de la inspección de Hacienda

Éste es sólo un ejemplo. Pero hay muchos más. Como hemos explicado en varias ocasiones en Libre Mercado, hay más de 130 normas que frenan el crecimiento de las pymes españolas. La forma que toma ese freno puede variar: desde empresas que se acomodan y dejan pasar oportunidades de negocio a maquillaje contable para intentar no superar el límite fijado por Hacienda, pasando por subcontrataciones de actividades no esenciales (para no superar el nivel máximo de plantilla). Pero la consecuencia es la misma, un tejido productivo en el que las pymes y, sobre todo, las micropymes, representan un peso muy superior al de los países de nuestro entorno.

La foto

Tomamos también de la comparecencia de Hernández de Cos el siguiente gráfico, con datos de Eurostat. Es la foto que mejor refleja la situación y que nos compara con los países de la Eurozona. Sólo Eslovenia y Chipre tienen un porcentaje más alto de pequeñas empresas. Más del 80% de las compañías en nuestro país son micropymes (hasta 5 empleados), cuando en Alemania u Holanda no llegan al 60%.

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Esto tiene muchas consecuencias. En primer lugar, es un incentivo perverso para consolidar la situación política y normativa. Ningún partido quiere perder la oportunidad de declararse el campeón de las pymes: por eso, como hay muchas pymes, es normal que cada vez que hay que legislar, se les haga un hueco y se les otorgue un trato preferencial (como con los ERTE)… lo que, a su vez, incentiva a que siga habiendo más pymes y micropymes. Y cuidado, la idea no es tanto fastidiar a las pequeñas empresas, como permitir que las grandes se beneficien también de las ventajas reservadas a éstas (o hacer que la transición sea más sencilla o los umbrales no sean tan rígidos).

Porque luego, cuando vemos la destrucción de empleo o el porcentaje de empresas que cierran durante las crisis, nos echamos las manos a la cabeza. Pero es lógico: las pymes (las españolas y las extranjeras) tienen menos diversificación (de clientes, geográfica, de productos…) y, por lo tanto, son más proclives a sufrir ante shocks externos. Además, tienen menos músculo financiero externo (capacidad para acceder a financiación y para obtener buenas condiciones de los prestamistas) e interno (colchones de capital y una estructura de balance sólida para soportar una caída de facturación durante más tiempo).

Por supuesto, las condiciones de empleo también mejoran con el tamaño empresarial: a pesar de la retórica anti-gran empresa que es tan común en España, lo cierto es que los empleados de las grandes corporaciones ganan más y tienen un porcentaje de contratos estables muy superior a los de las pymes. Aunque, como es lógico, los titulares se los llevan algunas noticias muy llamativas sobre cierres de grandes plantas, lo cierto es que en las crisis la destrucción de empleo se centra en la empresas más pequeñas, que tienen menos capacidad para aguantar los malos momentos.

Como vemos en el gráfico, en todos los países las pymes son mayoría. Es lo normal. Lo que no debería serlo es que alcancen el porcentaje que tenemos en España, sobre todo entre las micropymes. El objetivo no es que haya un porcentaje determinado de empresas de tal tamaño: algo en lo que el peso de determinados sectores o la estructura productiva de un país pueden tener su importancia; más bien, la idea es que el crecimiento no se vea entorpecido por la legislación. Y las ayudas extra a las pymes, en muchas ocasiones, son un incentivo a no crecer. Esta semana, ha sido Hernández de Cos, pero en otras ocasiones la recomendación ha llegado desde otros foros: debemos permitir que las empresas crezcan de forma natural. Es decir, que aquellas que tienen éxito y posibilidades, vayan desarrollándose, sin pensar en si pasar de tal o cual umbral puede perjudicarles. Eso sí, para esta crisis, otra vez, ya vamos tarde: el tejido empresarial español es el que es y las consecuencias las veremos en los próximos meses.

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