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Ximo Puig y Mónica Oltra aprovechan la pandemia para disparar el intervencionismo inmobiliario

La Generalidad amplía su capacidad de intervenir en procesos de compra-venta, por ejemplo en la transmisión de edificios enteros.

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La Generalidad amplía su capacidad de intervenir en procesos de compra-venta, por ejemplo en la transmisión de edificios enteros.
Puig y Oltra lanzan una nueva ronda de intervencionismo inmobiliario | EFE

El sector inmobiliario de la Comunidad Valenciana enfrenta un panorama sombrío. A la caída de operaciones provocada por la pandemia de la covid-19 se le suma un decreto ley de la Consejería de Vivienda que amplía enormemente los derechos de tanteo y retracto del gobierno regional, otorgándole a la Generalidad un notable poder para intervenir y distorsionar el sector inmobiliario.

La norma empezó a desarrollarse en pleno proceso de confinamiento y salió a la luz a comienzos de junio, cuando el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra reconoció que su objetivo es expandir notablemente el alcance de estas dos cláusulas, en virtud de las cuales la Administración valenciana puede intervenir un proceso de venta (derecho de tanteo) o incluso actuar después de que ya se haya cerrado una transacción entre privados (derecho de retracto).

Hasta ahora, tales cláusulas se activaban de forma más limitada, puesto que solo estaban permitidas en el caso de transmisiones de vivienda desarrollada en el marco de los programas de protección oficial. Sin embargo, ahora se plantea un escenario muy distinto, que permite por ejemplo extender estos derechos a las viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o venta extrajudicial en sede notarial, así como a los domicilios vendidos a través de daciones en pago de deudas con garantía hipotecaria e incluso a las operaciones de compra-venta de edificios enteros por parte de operadores privados como, por ejemplo, fondos de inversión especializados en el sector inmobiliario.

La normativa que prepara el gobierno valenciano podría terminar recurrida ante los tribunales, tal y como explican fuentes del sector consultadas por este diario. Y es que, según diversas asociaciones de promotores de la región, Puig y Oltra podrían estar desbordando sus competencias hasta el punto de violar derechos reconocidos en la Constitución.

Aunque la norma no ha sido aprobada aún en las cortes regionales, la mayoría parlamentaria trenzada por PSOE y Compromís junto a Podemos puede ser suficiente para que salga adelante este nuevo ataque a la propiedad privada y esta nueva restricción de la libertad de empresa en el ámbito del urbanismo.

Los planes de Puig y Oltra chocan con los de la Comunidad de Madrid o la Junta de Andalucía. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que eliminará licencias y flexibilizará los cambios de uso del suelo, mientras que el gabinete de Juanma Moreno ha eliminado diversas trabas para el desarrollo inmobiliario.

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