El presidente en funciones de la Xunta de Galicia concurre a las próximas elecciones autonómicas con el aval de haber logrado que su comunidad fuese la primera en abandonar las restricciones del estado de alarma. Si a eso se le suma el tradicional dominio del PP en la región atlántica, todo apunta a que los sondeos que pronostican una cuarta mayoría absoluta consecutiva para Alberto Núñez Feijóo pueden ir bien encaminados.
Pero, en clave de gestión presupuestaria, ¿qué haría Feijóo si revalidase el poder? Repasando el programa de los populares, encontramos dos propuestas de gran calado económico: la primera consistiría en una revisión en profundidad del gasto autonómico, mientras que la segunda pasaría por una evaluación de las normativas aprobadas por la Xunta durante las últimas décadas.
El documento programático del PP de Galicia acuerda "impulsar la revisión de la efectividad de las principales políticas de gasto" a través de un spending review. Este tipo de auditoría, recomendada por la OCDE y la Comisión Europea, ha empezado a ser desarrollada en España por la AIREF. Feijóo se compromete a diseñar una oficina similar a partir del personal con el que ya cuenta la Xunta, para de esta forma evaluar la idoneidad de cualquier gasto superior al millón de euros.
El objetivo último de esta actuación es evitar solapamientos y duplicidades en las distintas partidas de gasto. Según los azules, se pretende "establecer una comparativa entre el coste y el valor añadido" ligado a las distintas partidas presupuestarias. Los de Feijóo reconocen que "en escenarios como el actual, con un fuerte shock económico que aumenta los niveles de deuda pública, es más necesario que nunca garantizar que el dinero que aportan los gallegos a través de sus impuestos se usa de manera eficiente".
Desde el PP critican que España sea "uno de los países más retrasados en la introducción de este tipo de medidas de mejora orientadas a aumentar la eficiencia del gasto público" y recuerdan que hay 17 socios europeos que ya han adoptado estos procedimientos. Los populares señalan que lo poco que se ha avanzado en este campo ha valido la pena y citan los estudios de la AIREF como una buena demostración del despilfarro existente en campos como las políticas activas de empleo o la receta farmacéutica.
Feijóo quiere acompasar esta evaluación de gasto con un impulso a la revisión regulatoria. De forma periódica, "la Xunta y su Consejo Consultivo revisarán la normativa vigente para comprobar cuál fue el impacto real de cada regla en comparación con los objetivos perseguidos. En función de este análisis, se podrán tomar decisiones sobre la necesidad de renovar, reformar, desarrollar, derogar o refundir normas, bajo los principios de eficiencia, simplificación y regulación inteligente".
"Garantía de cuentas públicas sostenibles"
El documento del PP también se compromete con la austeridad presupuestaria y recuerda que, desde que Feijóo llegó al poder, el bagaje de la Xunta en materia de reducción del déficit ha sido uno de los mejores del mapa autonómico, solo a la par con la Comunidad de Madrid. Los azules sacan pecho con las rebajas fiscales de 2014, 2016 y 2018, que recortaron el tipo autonómico del IRPF o el Impuesto de Sucesiones, entre otras figuras fiscales.
De cara a la legislatura 2020-2024, el programa de los populares sostiene que "la mejor forma de defender el autogobierno es rematar aceleradamente la consolidación fiscal, puesto que eso permite al gobierno autonómico emplear todo su potencial financiero para atender a las necesidades socioeconómicas". En este sentido, el programa electoral de los azules se compara con "otras autonomías que se encuentran bloqueadas por falta de liquidez y se ven obligadas a pagar más intereses por su creciente deuda, quedándose sin margen para aumentar gasto de forma estratégica o reducir impuestos de manera selectiva".
Feijóo presume de haber alcanzado "el menor nivel de endeudamiento autonómico por habitante" y anuncia que seguirá desarrollando "una gestión rigurosa de las finanzas públicas". Esto puede permitir que, entre 2020 y 2024, la Xunta alcance su objetivo de reducir a 15 días el tiempo medio de pago a proveedores. Además, los populares también hablan de desplegar "una política fiscal que permita que Galicia sigue entre las comunidades con menor presión fiscal para sus ciudadanos y empresas", lo que a su vez ayudará "a continuar la política de rebajas fiscales selectivas".