La sostenibilidad de las cuentas públicas comienza a ser una preocupación cada vez más intensa dentro del análisis económico nacional, no sólo por el tremendo incremento de déficit que se producirá este ejercicio, sino porque se alcanza sobre la base de una subida desmedida del gasto, al tiempo que la economía se contraerá, y lo hará tanto más como perjudiciales sean las medidas adoptadas, como una subida de impuestos.
En este sentido, Sánchez no deja de repetir que la subida de impuestos será una política que aplicará -él lo llama justicia fiscal- porque el gasto debe ser incrementado, todo lo contrario de lo que recomiendan todas las instituciones, empezando por el Banco de España, la Comisión Europea o la AIReF.
En este sentido, ¿qué pretende hacer el Gobierno con el gasto? Subirlo exponencialmente. De hecho, si repasamos las cifras que envió a Bruselas, podemos observar con preocupación que el gasto público se eleva en 54.765 millones de euros, pasando de 521.649 millones en 2019 a 576.714 millones en 2020.
Eso hace que el peso del gasto público supere el 50% del tamaño de la economía nacional, al llegar al 51,54% sobre el PIB en 2020, casi diez puntos más que en 2019, donde representaba -y ya era un peso muy elevado- el 41,92% del PIB.
De hecho, esta estimación de incremento del gasto del Gobierno puede ser relativamente optimista y seguramente se quedará corta, como ya han señalado algunos organismos, como la Unión Europea, que desde hace tiempo considera que las estimaciones de gastos e ingresos del Ejecutivo español tienden al optimismo, aun incluso dentro de la gravedad que suponen unas cifras como éstas.
Este elemento es tanto más preocupante cuando ya en 2019 -año no afectado por las consecuencias del coronavirus- se aceleraba el gasto con las medidas que el Gobierno de Sánchez fue adoptado. Recordemos que en los reales decretos de los viernes previos a las elecciones de abril, acordó medidas por importe de gastos estructural de casi 10.000 millones de euros. Eso hace que con ser importante el incremento de impuestos y muy elevado el nivel de impuestos pagados, el gasto creciese casi un punto más que los ingresos en 2019.
Esa diferencia en la evolución entre ingresos y gastos se agrava en lo previsto por el propio Gobierno para este año, ya que considera que el gasto aumentará en los 54.765 millones de euros ya citados anteriormente mientras los ingresos caerán en 25.711 millones de euros.
Esto dificulta más la sostenibilidad de las cuentas públicas, pues el propio Gobierno prevé, y vuelve a ser optimista, que el déficit será del 10,34% del PIB y la deuda alcanzará el 115,5% del PIB. La mayoría de instituciones considera que el déficit podrá ser cercano al 15% y que por el efecto de caída del PIB, que estiman que estará por encima del 9,2% previsto por el Gobierno, el efecto en deuda puede elevar a ésta entre tres y diez puntos sobre lo previsto por el Ejecutivo, dependiendo de la intensidad final del incremento del déficit y de la caída del PIB.
Pues bien, ante este desequilibrio la solución no puede ser la que propone el Gobierno, que siempre insiste en más y más gasto, al tiempo que quiere incrementar el nivel de carga impositiva hasta niveles que podrían llegar a ser confiscatorios. Es un error.
España no necesita más gasto, sino gestionar de manera eficiente el que tiene e incluso reducir el que no sirve de nada, para así, precisamente, mantener el grueso de los servicios esenciales. El problema sanitario no ha sido por falta de gasto, sino por mala gestión al no anticiparse con medidas tempranas que hubiesen evitado el colapso de la sanidad y que habría permitido no tener que adoptar medidas económicas tan duras como las que hemos sufrido. Y España no necesita más impuestos, sino mantenerlos sin subir y bajarlos en cuanto sea posible; es más, el de Sociedades debería bajarlo de inmediato para atraer inversiones con las que generar actividad, empleo y, con ello, recaudación.
No puede ser que siempre que hay un problema económico el Gobierno mire sólo hacia el lado de los ingresos. El Ejecutivo, y toda la sociedad, debería mirar hacia el lado del gasto y preguntarse si podemos permitirnos el nivel de gasto que tenemos. Toda familia, empresa y persona hace eso en su día a día; por tanto, como sociedad debemos hacernos la misma pregunta, extensible principalmente a quien administra los recursos públicos, que es la Administración. Es obvio que estamos en unos niveles de gasto que no podemos sufragar. Eso no quiere decir que haya que perder el grueso de actuaciones de gasto, sino que hay que circunscribirlas a las que son más necesarias, con una gestión eficiente que permita aprovechar mejor los recursos. A la sociedad le debe quedar claro que ese "gasto, gasto y gasto" se traduce por "impuestos, impuestos e impuestos", y que, además de ser confiscatoria, una subida de impuestos empobrecería a ciudadanos y empresas, sin conseguir, además, su objetivo recaudatorio.
Por ello, para poder garantizar el equilibrio de las cuentas públicas e ir disminuyendo la enorme deuda que va a haber a finales de este ejercicio (entre el 115% y 125% del Producto Interior Bruto, dependiendo de la evolución final tanto del PIB como del déficit) hay que reducir gasto. Si no se hace así, la recuperación será muy lenta y el drama social será muy intenso en forma de pérdida de puestos de trabajo.