El Gobierno ha puesto en marcha la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que es el inicio de un largo proceso para elaborar la ley más importante que hay cada año y que con Sánchez no ha salido adelante nunca, bien porque no la ha presentado, bien porque el único ejercicio que lo presentó se la devolvieron tras ser aprobada la enmienda a la totalidad presentada.
Ahora que el Gobierno empieza la elaboración para tratar de presentarlos, insiste en trazar un itinerario presupuestario de expansión del gasto y una gran subida de impuestos. Ambos elementos, perjudicarán más todavía a la economía española, porque la endeudará más por el incremento de gasto y hará que su actividad económica caiga más -y con ello el empleo y la recaudación- debido al incremento de impuestos.
Sánchez repite, una y otra vez, que hay que reforzar los servicios públicos, con lo que quiere decir que hay que incrementar las dotaciones presupuestarias de los mismos, que elevará el gasto exponencialmente. Precisamente, la manera más rápida de debilitar dichos servicios públicos es hacer un presupuesto de gasto tremendamente expansivo, porque hará insostenible la deuda por los elevados niveles de déficit que acumulará y más pronto que tarde eso le llevará a tener que hacer fuertes recortes, tal y como le sucedió a Zapatero en mayo de 2019, tras haber dilapidado 13.000 millones de euros en sus dos planes E.
Una idea de por dónde va a ir ese incremento de gasto nos la da la actualización del programa de estabilidad, donde el gasto público se eleva en 54.765 millones de euros, pasando de 521.649 millones en 2019 a 576.714 millones en 2020.
Mientras, los ingresos se hundirán en 25.711 millones de euros, según dicho documento, pero probablemente lo harán más por dos motivos: la economía caerá más de lo previsto en dicho informe y, además, la subida de impuestos la perjudicará adicionalmente.
Esa subida de impuestos prevista no es otra que la que ya recogían en su fallido proyecto de presupuestos que les fue devuelto en febrero de 2019. No sólo piensan aumentar el IRPF en varios puntos, que desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación, sino que, además, impondrá un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, por no hablar de la tasa para transacciones financieras, que perjudicará a la financiación en los mercados, o las ya anteriormente anunciadas tasas digitales. Como última perla de subida impositiva nos encontraremos con un mayor gravamen a las SOCIMIS en la parte de beneficio no repartido, que dificultará la existencia de este tipo de sociedades, de manera que el mercado inmobiliario puede perder parte de su dinamismo, con las consecuencias en cascada que tendría sobre toda la economía.
Además, todas estas subidas no conseguirán incrementar la recaudación. Así, también la Comisión Europea ya puso en duda que vaya a conseguir los efectos recaudatorios que persigue, dudando, por tanto, de que vaya a paliar ni siquiera en parte el desfase presupuestario por mayor incremento de gasto. Lo que sucederá en el medio plazo es que la actividad y el empleo caerán y, con ellos, la recaudación, aumentando déficit y deuda.
España reúne todos los elementos para atraer inversiones -las más intensivas en mano de obra no, por la mayor especialización española y los mayores costes inherentes a la misma- y crecer sólidamente, pero desde que gobierna Sánchez, y especialmente, desde que éste se ha puesto a la cabeza de la manifestación comunista de Iglesias, la seguridad jurídica se está resintiendo en España, la certidumbre se volatiliza y la amenaza de subidas de impuestos espantan las inversiones, especialmente con el impuesto de sociedades.
Y es que hay rumores constantes de incremento de dicho impuesto de sociedades, que lo único que consigue, como siempre se comprueba cuando se eleva su tipo impositivo, es que la recaudación baje, porque un tipo impositivo del 20% por un beneficio de 100 unidades son 20 unidades de recaudación. Si se implanta un tipo impositivo del 40%, recaudará ese cuarenta por ciento de cero, es decir, la recaudación será nula. Ésa es la visión comunista de la economía: todo lo que toca lo convierte en un desierto económico y laboral que conduce a la miseria, que es lo que después quiere repartir para hacer un país subsidiado.
El Gobierno, con su deriva comunista, está generando un efecto expulsión, no ya sólo por el elevado endeudamiento, que drena recursos a las empresas privadas, sino especialmente por la gran inseguridad jurídica que genera y la subida de impuestos que planea, que linda con lo confiscatorio. Calviño sabe que no se puede seguir así: o se impone la ortodoxia o Sánchez e Iglesias van a dejar el campo de las inversiones sembrado de sal.