Los técnicos dedicados a supervisar el cumplimiento de las reformas económicas comprometidas por los países miembros de la Unión Europea no gozan de muy buena prensa en muchos de los países del Viejo Continente. En la pasada crisis, se popularizó la referencia a ellos como los hombres de negro, una referencia a la opacidad en la que se mueven sus misiones de vigilancia e inspección.
Pero, al contrario de lo que podría parecer, las medidas de política económica que procuran impulsar estos tecnócratas dependientes de la Comisión Europea no son ninguna improvisación, sino que beben directamente de documentos de trabajo que, si bien resultan poco conocidos para el gran público, son fácilmente accesibles.
Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el Informe sobre España 2020 incluido en el proyecto Semestre Europeo 2020. Se trata de un análisis enfocado en nuestro país que evalúa "los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos".
Este documento fue publicado el 26 de febrero de este mismo año y apenas recibió cobertura mediática. Sin embargo, ahora que se ha activado un enorme paquete de rescate que inyectará 140.000 millones de euros en la economía española, las recomendaciones incluidas en el Informe sobre España 2020 se vuelven de vital importancia, puesto que este documento saldrá ahora a la luz para guiar el diseño de los Planes de Inversión y Reformas que debe presentar el gobierno de nuestro país para acceder al rescate.
Dicho informe señala distintas prioridades de reforma. La primera de ellas tiene que ver con la Hacienda Pública y la Fiscalidad. Los técnicos de la Comisión llevan años criticando la falta de estabilidad en los presupuestos, señalando por ejemplo que "la ratio de deuda sobre PIB es muy sensible a las perturbaciones".
Austeridad, sí o sí
En este sentido, "la sostenibilidad presupuestaria" es una de las prioridades de reforma que marca el Informe sobre España 2020, de modo que la negociación del rescate se traducirá, necesariamente, en la introducción de medidas de austeridad que, por definición, solo contemplan dos posibles vías de actuación: subir ingresos (es decir, más impuestos) o reducir gastos (es decir, recortes).
El documento de trabajo menciona los informes sobre eficiencia de gasto que está coordinando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Uno de estos spending review llegó a identificar cerca de 35.000 millones de euros de gasto anual en subvenciones, de modo que es probable que la tijera empiece por esa vía. En paralelo, el informe considera que "la proporción de impuestos sobre el consumo sigue siendo relativamente baja", una apreciación que anticipa una posible subida del IVA o, en su defecto, el repunte de gravámenes especiales, sobre todo cuando tengan un componente "medioambiental" (caso, por ejemplo, del impuesto al diésel).
Mejorar, no derogar, la reforma laboral
Los tecnócratas comunitarios también incluyen entre sus prioridades la cuestión del empleo. Aunque el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos ha hablado abiertamente de tumbar la reforma laboral impulsada por el PP en 2012, las recomendaciones de la Comisión van precisamente en la dirección opuesta y no hablan de tumbar dichas modificaciones, sino de complementarlas con políticas activas de empleo más eficaces y con una estrategia orientada a favorecer una menor temporalidad.