Con más de cuarenta años de trayectoria, el Instituto de Estudios Económicos es el decano de los think tanks españoles. Tradicionalmente vinculado a CEOE, el laboratorio de ideas presidido por Íñigo Fernández de Mesa y dirigido por Gregorio Izquierdo acaba de publicar un documento de propuestas orientado a suavizar la caída de la producción económica que se viene observando desde hace meses.
En primer lugar, desde el IEE piden "profundizar en las medidas adoptadas y mantenerlas durante la reactivación". En términos interanuales han desaparecido casi 76.000 empresas, lo que supone un descenso del 5,6%, si bien esta cifra podría ser mucho mayor a finales de año. El think tank recuerda que las actuaciones de liquidez con avales ICO son vitales para evitar la sangría. Tales operaciones han permitido hasta julio un total de 663.995 operaciones de refinanciación, valoradas en 85.150 millones de euros. En la misma línea van los ERTE, vitales para sostener el empleo y evitar un colapso del mercado laboral que no solo tendría graves consecuencias económicas, sino también sociales.
En segundo lugar, el Instituto aboga por "crear un clima favorable a la actividad empresarial como motor de prosperidad". El think tank publicó recientemente un informe que sitúa a España a la cola de la OCDE en libertad de empresa. A esto hay que sumarle el discurso anticapitalista que promueven distintos ministros del Ejecutivo, especialmente los vinculados con Podemos. Mejorar el marco de política económica y ponerle una alfombra roja a las empresas que generan empleo y riqueza permitiría abandonar tal situación y ayudaría a consolidar un entorno generador de confianza y favorable al crecimiento, lo que aceleraría y fortalecería la recuperación.
En tercer lugar, el centro de estudios pide "no olvidar la consolidación presupuestaria" y añade que la misma "debe abordarse por el lado de la eficiencia y la contención del gasto". Un informe reciente de la entidad que preside Íñigo Fernández de Mesa encontró que España tiene un 14% menos de eficiencia en el gasto público que el promedio de países de la OCDE, de modo que es posible financiar un mismo volumen de recursos públicos con unos desembolsos mucho menores. A esto habría que sumarle las auditorías del gasto público realizadas por la AIReF y que han puesto en la diana más de 30.000 millones desembolsados anualmente en concepto de subvenciones y gasto asimilado.
En cuarto lugar, desde el Instituto de Estudios Económicos piden "no subir impuestos en un contexto en el que tal agenda fiscal sería especialmente contraproducente". La organización dirigida por Gregorio Izquierdo ha demostrado que, aunque la presión fiscal puede parecer menor al promedio europeo, tal diferencial es mucho menor en comparación con la OCDE y, de hecho, se esfuma al ajustar los datos para tener en cuenta la renta por habitante o el peso de la economía sumergida. Además, el Índice de Competitividad Fiscal muestra que el sistema impositivo español es un 8% más gravoso que el promedio europeo y un 16% peor en el caso específico del Impuesto de Sociedades. Según la organización, "intentar cerrar la brecha de recaudación con Europa mediante subidas normativas de impuestos de hasta seis puntos sobre el PIB podría provocar una contracción de la actividad de hasta 10 puntos de PIB y una destrucción del orden de 2 millones de empleos".
En quinto lugar, el IEE va un paso más allá y centra el tiro en la posibilidad de aprobar rebajas fiscales puntuales en algunos tributos. Tal es el camino explorado por Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, Grecia, Italia o Reino Unido, donde se han introducido mejoras en algunos impuestos, bien de forma generalizada, bien de manera específica en algunos sectores de actividad especialmente afectados por la pandemia.
En sexto lugar, el think tank pone el foco en transmitir confianza y certidumbre la resto del mundo, para evitar un colapso de la inversión foránea y favorecer la entrada de capital en España. La amenaza latente de posibles repliegues de la reforma laboral de 2012 es, quizá, el asunto que más preocupa en este sentido, tal y como quedó claro en las negociaciones del plan de "rescate" acordado a nivel europeo.
En séptimo lugar, la entidad propone una agenda regulatoria centrada en favorecer la innovación, la digitalización y la modernización económica, amén de recuperar la unidad de mercado. Ya que el margen de actuación es limitado por la vía fiscal, el laboratorio de ideas sugiere que al menos se reduzcan las trabas que limitan la actividad económica, especialmente en campos vitales para la adaptación a la economía post-coronavirus.
En octavo y último lugar, el Instituto de Estudios Económicos pide "utilizar los fondos de ayuda europeos con responsabilidad, transparencia y eficiencia en la asignación de los recursos". En este sentido, reclama "proyectos viables, con visión de largo plazo y orientados en sus principales hitos por una visión empresarial". Cabe recordar que España es el segundo país que peor ha gestionado los fondos europeos del periodo 2014-2020, de modo que urge un cambio notable en este frente.