El plan de "rescate" acordado esta semana por los líderes europeos está llamado a inyectar 140.000 millones de euros en la economía española, sacudida gravemente por la nefasta gestión del covid-19 y por la falta de reformas de los años anteriores a la pandemia. El Instituto de Estudios Económicos ya ha advertido que semejante inyección de capital puede desperdiciarse si el Ejecutivo no rectifica su agenda de política económica, marcada hasta ahora por un intervencionismo salvaje.
Pero incluso si el gabinete de coalición entre socialistas y comunistas da un giro de 180 grados, manejar un "rescate" de semejantes magnitudes puede ser muy complejo para un equipo de gobierno en el que la experiencia en materia de gestión. Y es que el manejo de los 140.000 millones que llegarán de Bruselas en forma de créditos y ayudas a fondo perdido requiere presentar planes concretos de inversiones y reformas como prerrequisito para desbloquear las ayudas.
Los precedentes no son halagüeños. Entre el 1 de enero de 2014 y el mismo día del año 2020, el programa de fondos estructurales comunitarios había reservado para España un total de 56.367 millones, de los cuales un 70% salía del presupuesto europeo. A las puertas del último curso del sexenio, nuestro país apenas había gastado de forma efectiva el 33% de tales ayudas.
De hecho, no solo no se empleó el 67% de los recursos disponibles, sino que el 31% de los proyectos exigidos seguían sin siquiera comprometerse. Esto se traduce en que, hasta comienzos de 2020, nuestro país había sido incapaz de movilizar 12.084 millones aportados por la Unión Europea, en el marco de diversas líneas de actuación valoradas en 17.264 millones.
El mal de Carmena se repite
La ejecución presupuestaria ya fue un problema recurrente en el Ayuntamiento de Madrid bajo mandato de Manuela Carmena. Aunque el equipo municipal anunciaba año tras año grandes planes de gasto y cuantiosas inversiones, su mediocre bagaje en materia de gestión hacía que, a 31 de diciembre, dos tercios de estas actuaciones quedasen en blanco y sin materializarse, con lo que los fondos movilizados terminaban dedicándose a amortizar deuda.
Con Europa pasa algo parecido a lo que se vio en Cibeles entre 2015 y 2019. Los fondos FEDER, de desarrollo regional, y FEADER, de desarrollo rural, presentan tasas de ejecución inferiores al 60%. Las iniciativas que financian ambos programas alcanzan actuaciones de empleo, digitalización, competitividad, I+D… Sin embargo, muchas de estas iniciativas no han llegado a materializarse por el atasco burocrático y la incapacidad de gestión.
En clave comunitaria, Hungría, Portugal o Irlanda son los países que mejor han manejado los fondos a los que tenían derecho, mientras que España aparece en la penúltima posición de la tabla, con un manejo que solo supera, y por muy poco, el nefasto grado de planificación y ejecución observado en Luxemburgo.
