La lacra de la okupación sigue golpeando a decenas de miles de familias españolas. El sector financiero estima que hasta 70.000 de sus viviendas han sido usurpadas por parte de las mafias dedicadas a asaltar la propiedad privada, aunque el Instituto Cerdá señala que la cifra total de inmuebles afectados ronda la barrera de los 100.000 domicilios, puesto que sus cálculos también incorporan los pisos propiedad de particulares.
Según los datos de criminalidad que manejan las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la cifra anual de okupaciones denunciadas durante el año 2018 ascendió a más de 12.200, un 60% más que los 7.700 expedientes del año 2013. Durante el primer semestre de 2020, y a pesar de las restricciones de movilidad inscritas en el estado de alarma motivado por la pandemia del covid-19, las denuncias por este tipo de infracción subieron un 5% en comparación con 2019.
Por comunidades autónomas, la situación más preocupante es la que presenta Cataluña, que no solo acumula decenas de miles de casos, sino que sigue viendo cómo las usurpaciones se disparan a una tasa anual del 13%. Si esa es la cruz, la cara son territorios como el madrileño o el andaluz, donde las cifras de enero-junio muestran caídas del 10% y el 4%, respectivamente.
La lentitud judicial en el tratamiento de estas usurpaciones se ha visto reducida tras la reforma de julio de 2018, que permite un desahucio más rápido vinculado a procedimientos civiles que no exigen identificar a quienes okupan la vivienda. Pero, en parte, esta agilización es también un arma de doble filo: aunque permite desalojar el inmueble y repercutir en los okupas el coste de cualquier reparación, también supone que se deje de perseguir la okupación por la vía penal, de modo que los infractores se libran de condenas que podrían suponerles hasta dos años de cárcel.
Esta situación ha hecho que se dispare el recurso a empresas especializadas en desalojar viviendas okupadas. El ejemplo más mediático es el de Desokupa, una empresa especializada en este tipo de casos que combina una labor de mediación y negociación con el despliegue de controles de acceso que permiten resolver muchos de estos episodios de forma más rápida y eficiente. Dicha firma ha completado más de 4.800 intervenciones en los últimos años.
El think tank Civismo ha estimado que estas usurpaciones suponen un sobrecoste de 21,4 millones de euros anuales a los propietarios de Barcelona y Madrid. Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos ha concluido que España está a la cola de Europa en lo tocante a la salvaguardia y la protección de los derechos de propiedad.