Antes del estallido de la pandemia de la covid-19, la tasa de paro de nuestro país se situaba por encima del 14%, duplicando el promedio observado en el resto de Europa. Desde entonces, la situación no ha hecho más que deteriorarse y, sumando a la tasa de desempleo oficial el impacto de los ERTE y los ceses de actividad de los autónomos, encontramos que la desocupación real ronda el 31%.
No hay que recordar, además, que solo el 32% de la población adulta está activa y trabaja en el sector privado. En consecuencia, casi 7 de cada 10 españoles dependen de la riqueza que genera un tercio de la población, un equilibrio difícil de sostener que, por ejemplo, hace que el grueso de los impuestos recaigan sobre una base muy pequeña de contribuyentes, lo que nos convierte en uno de los socios europeos con mayor esfuerzo fiscal.
Entender la relación entre el nivel de ocupación de una economía y su potencial recaudatorio es vital para entender el problema presupuestario que arrastra nuestro país. Fedea estimó en 2016 que, por cada 200.000 trabajadores que salían de las listas del paro, el saldo de las arcas públicas experimentaba una mejora de 8.000 millones de euros.
El vuelco se explica por dos motivos. Por un lado, el efecto riqueza derivado de la generación de empleo: quienes antes estaban parados pasan ahora a recibir un salario y, por lo tanto, pagan IRPF y cotizaciones sociales de manera directa, pero además también contribuyen más por IVA e Impuestos Especiales, en la medida en que su capacidad de consumo se ve aumentada. Por otro lado, la menor dependencia del dinero público: al dejar de ser receptores del subsidio de paro o de algún otro tipo de cobertura, estos nuevos ocupados contribuyen a reducir el gasto público consignado a tales programas de asistencia social.
Rafael Doménech, de BBVA Research, ha estimado que el cuadro fiscal de nuestro país sería diametralmente opuesto si tuviésemos un nivel de paro similar al promedio europeo. Para ser precisos, su estimación previa al covid-19 asumía que, con un desempleo cercano al 6%, España pasaría de tener un déficit de 30.000 millones a beneficiarse de un superávit de otros tantos 30.000 millones. El vuelco presupuestario sería de 60.000 millones.
Por otro lado, el Instituto de Estudios Económicos ha calculado que la mayor presión fiscal normativa que experimenta nuestro país se explica también por el diferencial existente en los indicadores de ocupación. Según el think tank de la CEOE, igualarnos con Europa en campos como el paro o la economía sumergida permitiría cerrar esta brecha.
Se trataría, además, de una mejora de la recaudación soportada por políticas expansivas, puesto que la creación de empleo permitiría un aumento muy importante de los ingresos públicos sin que ello supusiese nuevas subidas impositivas para un sector privado que ya lidia con una excesiva carga tributaria.
Frente a este paradigma, la mayoría de las propuestas fiscales que articula el gobierno de España son de naturaleza contractiva, puesto que aspiran a aumentar la recaudación sin actuar sobre el problema de dependencia y desocupación que sufre nuestro país, de modo que su impacto es claramente recesivo en la medida en que golpean a empresas y trabajadores y generan más rentas públicas a base de empobrecer a los creadores de riqueza del sector privado.