"Ana Botín paga el mismo IVA por un boli que un ciudadano con nómina baja. Es un impuesto injusto". Estas declaraciones del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, en La Sexta han vuelto a avivar el debate sobre el modelo fiscal de nuestro país, precisamente ahora que salen a la luz las diferencias entre PSOE y Podemos de cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Las conversaciones entre ambas formaciones arrancaron formalmente esta semana. Los morados exigen a los rojos que los PGE 2020 incluyan más gasto y más impuestos. Además, a pesar del histórico déficit público que se espera para el presente curso, el partido comunista desea evitar cualquier tipo de recorte del gasto.
Pero, mientras unos y otros acercan posturas, Pablo Iglesias vuelve a colocarse en el centro del debate, esta vez por unas declaraciones sobre el IVA que denotan una manifiesta ignorancia sobre el funcionamiento de dicho tributo. Según el vicepresidente del gobierno, el hecho de que el tipo del impuesto se fije dependiendo del bien o servicio adquirido y no de la renta del comprador debe interpretarse como una falta de progresividad que, a su juicio, hace injusto el cobro de este tributo.
Sin embargo, los expertos fiscales de Funcas han procedido a realizar un análisis en profundidad de la progresividad del IVA. Para cumplir este propósito han recuperado los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística y, tomando como muestra los distintos patrones de consumo de los hogares españoles, han analizado cuál es el tipo efectivo medio que abonan los contribuyentes de más y menos ingresos.
Así, entre quienes menos ganan vemos que el tipo efectivo medio del IVA se mueve en el entorno del 6,5%, mientras que las rentas más altas se dejan cerca de un 10,5% en este mismo concepto. La diferencia, pues, es de hasta un 62%. Según Desiderio Romero-Jordán, José Félix Sanz y Juan Manuel Castañer, autores del informe, esto es así porque los bienes y servicios consumidos de forma más intensa por las familias de menos renta están sujetos a tipos reducidos o hiperreducidos de IVA (10% y 4%), mientras que los hogares de mayores ingresos dedican más recursos a adquisiciones cuyo gravamen de referencia es el tipo general (21%).
Otra cuestión que parece ignorar Iglesias es que, en el plano teórico y en términos absolutos, los tipos impositivos planos arrojan un diferencial recaudatorio equivalente a la desigualdad de renta o consumo. Así, aplicar el 21% a 100.000 euros de gasto genera 21.000 euros de recaudación, mientras que hacerlo a 10.000 euros de consumo reporta 2.100 euros de ingresos fiscales, de modo que un desembolso diez veces mayor implica también un caudal de recursos públicos diez veces más elevado. Este es uno de los motivos por los cuales ha ganado adeptos la idea de aplicar un flat tax en España y otros países europeos.
Igualmente, llama la atención que Iglesias ignore el elevado peso que tiene el IVA en los sistemas fiscales de las economías europeas con más gasto público. Se estima que "armonizar" nuestros impuestos con el promedio observado en el Viejo Continente supondría 400 euros más de IVA para las familias españolas. Pero, si nos fijamos en los países nórdicos a los que normalmente pone como ejemplo Iglesias, el aumento tributario sería aún mayor, puesto que Dinamarca, Noruega y Suecia tienen un IVA general del 25%, mientras que Finlandia aplica un 24%.
De modo que el vicepresidente del gobierno incurre en tres errores de bulto. El primero es que ignora que, en la práctica, está demostrado que el IVA español es progresivo. El segundo es que, en teoría, un tipo plano no implica una ventaja fiscal para quien más gana. Y el tercero es que, en clave europea, las economías que Iglesias suele citar como modelos a seguir tienen niveles mucho más altos de IVA que España.
Y, si el objetivo de Iglesias era llamar la atención sobre la fiscalidad de los más pudientes, no está de más recordar que España es el quinto país europeo que más impuestos cobra a la riqueza, hasta el punto de que somos el único socio comunitario que mantiene el Impuesto de Patrimonio.