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Paro, impuestos y pensiones: el coronavirus (y la legislación) se ceba con los jóvenes españoles

La pandemia ha sacado a relucir las graves deficiencias regulatorias de las administraciones, que perjudican de manera especial a los jóvenes.

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La pandemia ha sacado a relucir las graves deficiencias regulatorias de las administraciones, que perjudican de manera especial a los jóvenes.
El desempleo juvenil asciende al 41,7% en España, el más alto de la OCDE. | Archivo

Durante las últimas semanas, los medios de comunicación, las instituciones públicas y el Gobierno de la Nación han puesto en el punto de mira a los jóvenes, mostrándoles como culpables del descontrol de la epidemia de coronavirus. Si bien es cierto que la media de edad de los positivos por covid-19 ha disminuido notablemente desde que comenzó la crisis sanitaria, pareciera que la carga de responsabilidad que se le presupone a los jóvenes no es más que una cortina de humo para desviar la atención del verdadero responsable de la situación actual: el Ejecutivo de Sánchez. Su terrible fracaso a la hora de controlar la pandemia nos coloca como uno de los países con peores resultados tanto en términos sanitarios como de destrucción económica y deterioro social.

En este sentido, el deterioro no está afectando de manera equiparable a toda la población: los jóvenes están siendo uno de los grupos demográficos más afectados a nivel económico y social por el impacto del coronavirus.

En primer lugar, hay que destacar la tasa de desempleo juvenil, que ascendió al 41,7% en España en el último reporte de la OCDE, del mes de julio. Esta cifra nos sitúa como el país desarrollado con mayor tasa de paro juvenil, medida hasta los 25 años. Viéndolo en términos de afiliados a la Seguridad Social, y acudiendo al Informe sobre empleo juvenil que elabora el Observatorio de las Ocupaciones del Sepe, advertimos que, desde enero a julio, trabajan 230.516 personas menos en la franja de 16 a 29 años. En otras palabras, en seis meses se ha perdido alrededor del 10% de la afiliación joven.

Dicho esto, hagamos un pequeño paréntesis para destacar que el dato de paro se calcula sobre la población activa, es decir, sobre los que tienen o buscan trabajo. En concreto, a fecha de 2019, solo el 53,97% de los jóvenes (hasta 29 años) estaba activo, por lo que el porcentaje restante son aquellos que no pueden o no quieren trabajar. Recordemos que en 2007 la tasa de actividad ascendía al 70%.

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España es líder de paro juvenil de toda la OCDE.

Pasando a analizar las causas de la deplorable situación por la que está atravesando el mercado laboral en su segmento joven, nos equivocaríamos al señalar al coronavirus como el responsable principal. Y es que la tasa de desempleo juvenil antes de la pandemia ya era superior al 31%: un nivel realmente preocupante y disputado solo por Grecia.

Obviando algunos factores que desincentivan el empleo juvenil en España, como el elevado abandono escolar, el desajuste entre la enseñanza oficial y el mercado laboral, o la ineficacia de las políticas activas de empleo, pasemos directamente a analizar la principal causa que explica este desastre: la dualidad del mercado laboral. Esto es, en España rige un sistema que divide a los trabajadores en dos grupos: por un lado, los que gozan de un contrato indefinido con elevadas indemnizaciones de despido, y por otro, los que tienen un contrato temporal con apenas protección.

El efecto de esta legislación empuja a los empresarios a abusar de la contratación temporal para ganar flexibilidad y así protegerse en caso de que la situación de mercado empeore. De esta forma, se dificulta la entrada de los jóvenes en el mercado laboral, que, en todo caso, acaban optando a contratos temporales. Así, en el momento en que llega una crisis como la actual, las empresas optan por despedir a aquellos trabajadores con contrato temporal, en lugar de a los indefinidos, a los que habría que abonarles elevadas indemnizaciones en caso de ser despedidos.

En este sentido, tal y como afirmó Fedea en un informe de 2019, el problema de la dualidad sigue sin ser abordado en España, ya que es un aspecto que se dejó fuera de la reforma laboral de 2012. Según la institución, para corregir la situación sería necesaria la implementación de un sistema de contrato único con indemnizaciones crecientes. Este modelo, que ha llegado a ser propuesto en el Congreso (por parte de Ciudadanos), fue tumbado por amplia mayoría.

Por otro lado, no podemos olvidar el efecto nocivo del Salario Mínimo (SMI) en la contratación de los jóvenes: a grandes rasgos, aquellas personas cuya productividad sea inferior al salario mínimo (en gran medida, gente joven) dejarán de ser contratada. Es por esto que sería interesante reformar el SMI para que no sea uniforme para toda la población, esto es, que distinga según franjas de edad, así como por territorios o incluso sectores.

Mucho más que paro

Analicemos ahora uno de los efectos sociales que se derivan de la alta tasa de paro juvenil y, por consiguiente, de unos menores ingresos: la dificultad para acceder a una vivienda. En concreto, la edad media de emancipación en España se sitúa en los 29 años y medio, tres años más que el conjunto de los europeos, según datos publicados en agosto por Eurostat. En concreto, el 29,5% de los españoles entre 25 y 34 años aún vive con sus padres, siendo España el sexto país de la Unión Europea con más jóvenes que no han abandonado el hogar paterno. El aumento de los precios de la vivienda, desencadenado por la escasez de oferta inmobiliaria en las grandes ciudades, no han contribuido a que los jóvenes se independicen. Entre las causas que contribuyen a este desacople entre oferta y demanda de vivienda se encuentran, por un lado, las ineficientes regulaciones urbanísticas, y por otro, la escasa seguridad jurídica ante okupaciones e impagos, problema del que ha advertido Fedea en un reciente informe elaborado por el profesor Benito Arruñada.

Para terminar, no podemos olvidar algunas de las cargas que, con motivo del colapso económico detonado por la pandemia, deberán asumir los jóvenes en las próximas décadas. Al fin y al cabo, las nuevas generaciones de hoy serán los trabajadores y pensionistas del futuro, y la coyuntura macroeconómica actual les repercutirá de algún modo dentro de un tiempo. Esto se materializará esencialmente mediante dos vías:

  • Mayor carga de impuestos futuros. Según las últimas previsiones del Banco de España, el descuadre de cuentas que tendrá que gestionar la administración será colosal: el déficit se disparará al 12,1% este año, incrementando así la de deuda pública, que alcanzará el 128,7% del PIB en 2022. Además, tal y como estimó la AIREF en julio, esta cifra podría llegar a dispararse hasta el 150% en 2030 en caso de nuevos rebrotes, lo cual ya está sucediendo. Por tanto, en los próximos años e incluso décadas, los sucesivos gobiernos deberán efectuar duros ajustes presupuestarios, previsiblemente vía recorte de servicios y aumento de impuestos, que lastrarán aún más las expectativas futuras de los jóvenes.
  • Recorte de pensiones. El Ministerio de Seguridad Social ha previsto que el déficit del sistema de pensiones, que viene perpetuándose desde 2010, alcance el 2% este año. Lejos de ser un problema puntual, la situación de las pensiones se verá muy comprometida a largo plazo, ya que, según la OCDE (informe Pensions at a Glance), para 2050 habrá poco más de un trabajador por cada pensionista. Para ese mismo año, y según el escenario principal que manejaba la AIREF antes de la pandemia, la población mayor de 65 años equivaldrá al 58% de la población en edad de trabajar y el gasto en pensiones pasará del 10,8%/PIB actual hasta el 20,9%/PIB. Para sostener esta situación solo quedarán tres opciones si queremos mantener el sistema actual: recortes de pensiones, aumento de impuestos y cotizaciones, aumento de la edad de jubilación o un mix de todas ellas. En este sentido, la Comisión Europea estima que la tasa de sustitución (el importe de pensión que se percibe respecto al último salario) caerá hasta el 49% en 2050, cuando en la actualidad se sitúa sobre el 80%. Es por esto que se hace cada vez más indispensable iniciar una transición hacia un sistema de pensiones mixto con parte de capitalización, como el que existe en la mayoría de los países desarrollados.
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Evolución del déficit del sistema de pensiones.

En definitiva, los efectos de la pandemia de coronavirus, así como su nefasta gestión por parte de la clase política, no van más que empeorar las ya de por sí malas expectativas de los jóvenes. Si no se toman medidas estructurales de carácter urgente y con vistas en el largo plazo, el futuro de la juventud española consistirá en: peor empleo, mayores dificultades de acceso a la vivienda, impuestos crecientes y fuertes recortes de pensiones. Un futuro desolador que el Gobierno parece no querer afrontar.

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