Benito Arruñada es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En un estudio publicado por Fedea, el prestigioso académico denuncia que "la situación de la seguridad jurídica en España es preocupante y critica numerosas fallas que menoscaban el imperio de la ley y la neutralidad institucional en nuestro país.
"Los derechos de propiedad sufren una desprotección creciente en España, derivada de cambios legales y regulatorios que, o bien exceden los criterios de razonabilidad imperantes tanto en la Unión Europea como en el ámbito de las inversiones transnacionales, o bien subvierten la propiedad privada para suplir sin coste para el erario las carencias de las políticas públicas, como es el caso, de los desahucios o de la ocupación de viviendas", denuncia.
Arruñada recupera el Índice de Derechos de Propiedad del Instituto de Estudios Económicos para poner de manifiesto la preocupante situación que enfrenta tal derecho en España. Como puede verse, las calificaciones obtenida por nuestro país se sitúan por debajo del promedio europeo y se alejan de Francia o Alemania, acercándonos más bien a las notas que obtienen Portugal e Italia:
Ante las carencias del sistema judicial y del proceso legislativo, se ha planteado de forma recurrente la importancia de favorecer la autorregulación y el arbitraje. Sin embargo, Arruñada denuncia que "la contratación privada padece dificultades para dotarse de tales mecanismos porque el sistema judicial tiene tendencia a excederse en el ejercicio de sus funciones, entrando a valorar todo tipo de asuntos. Al final, esto es contraproducente, porque dificulta la ordenación privada de las relaciones económicas y, por el camino, acaba asumiendo funciones para los que no goza de ventaja comparativa".
El académico denuncia que España sufre "un exceso de reglas imperativas, a menudo innecesarias porque no responden a fallos genuinos de la contratación libre, y un déficit de reglas dispositivas, que ayudarían a reducir los costes contractuales al proporcionar soluciones razonables para situaciones comunes". Esto va a peor en la medida en que "se observa una decreciente calidad técnica de las leyes que, además, tienden a multiplicarse sin necesidad y también cambian con suma rapidez y de manera inesperada".
Frente al populismo punitivo que hemos visto en algunas sentencias recientes ligadas a la crisis financiera y económica que estalló en 2007-2008, Arruñada critica "no solo la lentitud, sino también la imprevisibilidad y baja calidad de muchas sentencias, que cada vez se basan más en criterios de justicia material que encarnan cierta intención redistributiva. A menudo, la interpretación de los contratos parece estar dirigida a establecer nuevas reglas que, de hecho, tienen efectos económicos retroactivos. Asimismo, en la medida en que cada vez vemos más sentencias en que se desea proteger a la parte "débil" de los contratos redistribuyendo recursos a su favor, se pone en peligro la posibilidad de acordar contratos similares en el futuro, al endurecer las condiciones que enfrentarán individuos con características similares a aquellos a quienes se pretende proteger". Un buen ejemplo de ello lo tenemos en la cascada de sentencias referidas a contratos hipotecarios que, en última instancia, están encareciendo el acceso a la financiación para la compra de vivienda.
El resultado de todo esto es que la seguridad jurídica está muy por debajo de lo deseable en nuestro país. Arruñada lo demuestra tomando como referencia el Índice del Imperio de la Ley y mostrando la mala calificación que obtenemos en las mediciones referidas al entorno regulatorio (0,68 puntos sobre 1) y justicia civil (0,67 puntos sobre 1). Por comparación, Alemania obtiene 0,85 y 0,86 puntos en estas categorías de estudio, mientras que Francia se anota 0,77 y 0,71.
