El Gobierno aprueba in extremis la prórroga de los ERTE asociados al coronavirus hasta el próximo 31 de enero. Y lo ha hecho por decreto ley, la misma semana que expiraba el instrumento laboral más popular de la crisis sanitaria. Finalmente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha conseguido el visto bueno de la CEOE, que en la noche de ayer lunes no estaba nada convencida con su propuesta.
Fuentes patronales explicaban a Libre Mercado que "la sectorización" de los ERTE estaba siendo el principal "escollo" en esta negociación. El Ejecutivo socialista quería empezar a sacar a la hostelería del paraguas de los ERTE covid, como confirmaba el propio presidente de la patronal de Hostelería a este periódico, en favor de hoteleras o aerolíneas.
Finalmente, el Gobierno ha hecho una propuesta de última hora que la CEOE sí ha aceptado. Tal y como han aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, se trata de tres tipos de ERTE a los que podrán acogerse empresas de todos los sectores y que dependerán, en buena parte, de las restricciones sanitarias a las que se enfrente cada negocio. "Hasta hace muy poquitas horas" el Gobierno dejaba fuera a hostelería, comercio u ocio nocturno, señalaba esta misma mañana el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Parece que sí habrá "café para todos", no como decía Escrivá hace unos días. Los tres nuevos ERTE son los siguientes:
- ERTE de fuerza mayor covid
- ERTE de impedimento
- ERTE de limitaciones
1. ERTE de fuerza mayor covid: para el turismo
Podrán acogerse a estos ERTE las empresas "particularmente impactadas durante toda la ola de la pandemia" y que hayan tenido "un nivel de recuperación mínimo durante el verano". Sin señalar a ningún sector concreto, el Gobierno se remite a determinados códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) que se publicarán en el BOE mañana, aunque se da por sentado que se tratará de empresas turísticas.
También, podrán incluirse en este apartado las empresas cuya actividad económica dependa mayoritariamente de las empresas cuyos CNAE se recogen en la norma o formen parte de su cadena de valor, es decir, "que puedan acreditar que en el año 2019 la mitad de su facturación haya dependido de manera directa de aquellas empresas o bien si dependen de manera indirecta de las empresas incluidas en el listado de códigos CNAE-09", explica el Ministerio de Yolanda Díaz.
Respecto a los impuestos que pagarán estos ERTE, el Ejecutivo socialista establece exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores (tanto reactivados como suspendidos) devengadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021. Las exoneraciones serán del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen 50 trabajadores o más. Estas mismas condiciones se extenderían también a las empresas que formen parte de la cadena de valor de las especialmente afectadas. Estas entidades deberán presentar ante la autoridad laboral correspondiente entre el 5 y el 19 de octubre la solicitud de declaración como empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor de otra empresa. Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor las empresas cuya facturación durante 2019 se haya generado, al menos, en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las empresas especialmente afectadas por la pandemia.
2. ERTE por impedimento
Las empresas de "cualquier sector o actividad" que vean impedido el desarrollo de su negocio como consecuencia de "las nuevas restricciones o medidas adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020, tanto por autoridades nacionales como extranjeras", podrán acogerse a un ERTE por impedimento.
Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.
3. ERTE por limitaciones
Las empresas que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones por autoridades españolas, podrán solicitar a la autoridad laboral un ERTE por limitaciones.
En este caso, las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos serán decrecientes entre los meses de octubre de 2020 y enero de 2021 en base a los siguientes porcentajes:
Más novedades
Entre las novedades aprobadas, el Gobierno ha decidido que la base de cálculo para las prestaciones de los ERTE se mantendrá en el 70% de la base reguladora del trabajador en ERTE, tal y como ocurría hasta ahora, en lugar de bajar al 50% una vez transcurridos los seis primeros meses, como marca la ley. Además, las personas trabajadoras afectadas por un ERTE mantendrán el contador a cero (el ERTE no les comerá paro) para aquellas personas que sean "afectadas por un despido objetivo, individual o colectivo, u otro basado en cualquier causa, que sea declarado improcedente, durante el año 2021, o si se extingue su contrato temporal dentro de este año".
Sobre la prohibición de despedir, se establece un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo para las empresas que se acojan a un nuevo ERTE exonerado. "En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del ERTE anterior", explican.
Como en el acuerdo anterior, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de formación, capa u otras razones objetivas y justificadas.
El Gobierno se 'funde' los fondos europeos
Cuánto le está costando a los contribuyentes mantener los ERTE durante estos 6 meses ha sido una de las grandes incógnitas de los últimos días. Las cifras del Gobierno con las de la CEOE no cuadran y la patronal ha llegado a acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de manipular los datos.
Según ha asegurado este martes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, España lleva gastados unos 22.000 millones de euros en las medidas de "protección al trabajador". La mitad de esa cifra se debe a la prestación por cese de actividad de los autónomos y la otra mitad a los ERTE, unos 11.000 millones. Esto viene a confirmar que nuestro país ya se ha fundido los 21.325 millones de euros del fondo europeo contra el desempleo (el llamado SURE) que ha aprobado la UE para España. Todavía quedan 750.000 trabajadores en un ERTE en España.