¡Qué malos son los monopolios, incluyendo los legales! No se espere una disertación teórica sobre el asunto. Me concentraré en un caso particular, simplemente, porque es el que tengo más cerca. Puede que funcione como una ilustración útil para otras muchas personas.
Hace como unos tres años surgió en mi casa un incidente curioso. De forma inopinada, en un mes, la factura del agua (que procede del Canal de Isabel II) subió algo así como tres veces el importe de los meses anteriores. Solicité del Canal que miraran el contador, pues no había razón para un consumo tan desaforado. En efecto, vinieron los operarios del Canal, cambiaron el contador y el consumo volvió otra vez a la senda regular. Hasta aquí, bien. Pero lo chusco del caso es que el Canal no me devolvió el exceso de la factura desmedida, del que, evidentemente, yo no era responsable. Con melosos argumentos, los funcionarios del Canal me sugirieron que acudiera a los tribunales de justicia para defender mi derecho. No les hice caso. Estaba clara la desproporción entre mi posible defensa particular y el rimero de abogados con que debe de contar el Canal para estos menesteres. Consideré que todo había sido un riesgo azaroso.
Hace medio año se repitió el incidente. En esta ocasión, la factura de un mes subía algo así como a cinco veces el nivel normal. Nueva queja al Canal. Me prometieron enviar algún técnico para que revisara el contador. Pero, a pesar de mi insistencia, el dichoso técnico nunca apareció. Pasaron unos cuantos meses más. Esta vez recibí una notificación del Canal por la que me descontaban un 13% de la factura de marras. No aportaban ninguna razón para tamaño favor. Tampoco me dio por acudir a los tribunales para desfacer el entuerto. Es evidente que la Justicia no es igual para todos. El monopolio (legal) del agua en Madrid concentra un poder desproporcionado. No me extrañan nada las noticias, que circularon en su día, sobre los turbios negocios que hicieron algunos directivos del Canal. Por lo mismo, entiendo, perfectamente, que esta empresa pública genere unos pingües beneficios.
No sé si me puede servir de consuelo respecto a la tropelía que digo, pero resulta que, en la factura del agua, la parte más sustancial corresponde a los impuestos, especialmente, los que se derivan en favor del Ayuntamiento. Así pues, el volumen del agua consumida no es lo que más pesa en el monto de la factura. Supongo que algo de esto mismo debe de ocurrir con otros consumos, afectos a diversas empresas monopolísticas. El Estado las mantiene porque son una vía excelente para recaudar impuestos, sin que el contribuyente se percate de que está siendo el pagano.
Ya que estoy con este género de lo que podríamos llamar estafas legales, les contaré otro episodio. A lo largo de los últimos meses recibo, casi todas las semanas, una llamada telefónica proponiéndome un buen descuento en mi factura energética. La primera vez caí en la trampa, pero luego me he espabilado. Hay que dar una serie de datos personales y financieros para obtener la bicoca del descuento en la factura de la luz, del agua y de la internet. Caí en la cuenta del verdadero negocio que estaba en juego. Los oferentes del suculento trato pretenden, realmente, hacerse con mis datos personales y financieros. No me extraña que tal información, junto a la de otras muchas cándidas personas, tenga un alto valor de mercado. Lo digo por si a ustedes les llega, telefónicamente, esa tentadora oferta del descuento de la factura energética. Al parecer, proviene de distintas empresas. No es casualidad que el nuevo negocio se haya desarrollado durante los meses de confinamiento por lo de la epidemia dichosa. Esto de la comunicación telemática suscita muchas iniciativas. A través del teléfono, se puede engañar muy bien a los cándidos consumidores.